Los Mossos d’Esquadra han identificado a 27 maestros y han denunciado a 12 en las protestas del sector educativo para reclamar mejoras laborales que han tenido lugar en Barcelona durante febrero y marzo. Las cifras constan en un informe del departamento de Interior, que ha elaborado en respuesta al grupo parlamentario de la CUP y al cual ha tenido acceso el TOT Barcelona. La USTEC, el sindicato mayoritario del sector educativo, habla de «persecución política».
Según el informe de Interior, dos de las 12 personas denunciadas administrativamente fue por vulnerar la Ley Mordaza. En concreto, el Área Básica Policial de Gràcia denunció el 11 de febrero a una persona por hacer pintadas, y el 20 de marzo, a otra por lanzamiento de petardos contra efectivos policiales. También se enviaron cuatro diligencias informativas al juzgado y se realizaron 16 actas de recogida de datos de reuniones y manifestaciones. En el conjunto de Cataluña, se identificaron o denunciaron a más de 70 docentes.
Cortes de vías sin comunicar
Interior menciona que varias protestas o cortes no fueron comunicados. Este, por ejemplo, es el caso de una concentración el 11 de febrero con corte de la ronda del Litoral, en la cual se denunció a una persona por parte del Área Básica Policial de Sant Martí. El 16 de marzo, ocurrió algo similar en la ronda de Dalt, donde se identificó y denunció a una persona por parte de mossos de Horta-Guinardó.
En el informe, la consejera de Interior Núria Parlon reconoce que, según la Dirección de la Policía, «no existe ningún documento específico que recoja los criterios por los cuales la Policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (PG-ME) permite o deniega el corte de vías». Interior recuerda que la normativa estatal «habilita a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad a restringir la circulación o permanencia en vías públicas cuando existan supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o indicios racionales de que se pueda producir».
El sindicato USTEC considera «especialmente grave» que no haya criterios claros en el hecho de permitir o no cortar una vía y sostiene que está ante «un patrón de persecución política y policial contra el profesorado movilizado».
