L’Ateneu Memòria Popular ha renunciado a una subvención concedida provisionalmente por el Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) y ha aprovechado el gesto para denunciar lo que considera una falta de una apuesta política clara y coherente en materia de memoria democrática. La entidad alerta de las «dificultades» para concretar un Plan Estratégico de Memoria con objetivos y recursos definidos, de la ausencia de un compromiso firme para convertir la comisaría de Via Laietana, 43 en un espacio de memoria y denuncia de la represión franquista, y de decisiones institucionales que considera contradictorias, como los homenajes a figuras vinculadas al franquismo sin una contextualización crítica suficiente.
Según ha explicado la entidad en un comunicado, la renuncia a la ayuda no responde a un desacuerdo puntual con una convocatoria concreta, sino que es «la consecuencia de un modelo de subvenciones públicas» que, a su parecer, trata a las entidades sociales, culturales y memorialistas «como si fueran empresas en un mercado de libre competencia». La asociación considera que las exigencias administrativas actuales obligan a las entidades de base a competir en igualdad formal de condiciones con empresas privadas y organizaciones profesionalizadas, a pesar de que muchas desarrollan su actividad gracias al voluntariado y con recursos limitados.
L’Ateneu Memòria Popular defiende que las entidades memorialistas llevan décadas sosteniendo la investigación histórica, la divulgación, la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a las víctimas, a menudo mucho antes de que las administraciones asumieran estas políticas como propias. En este sentido, denuncia que «el sistema actual penaliza el voluntariado, favorece las estructuras con más capacidad administrativa y pone en riesgo la supervivencia del tejido asociativo»
La entidad reclama una revisión profunda del modelo de subvenciones para que reconozca la especificidad de las asociaciones de base, simplifique las exigencias burocráticas y valore el trabajo comunitario y voluntario. «La memoria democrática no es un producto de mercado. Los derechos humanos no pueden quedar sometidos a una competición administrativa entre quienes tienen más capacidad de facturación», señala el comunicado.
Finalmente, la asociación hace un llamado a las administraciones públicas, a los grupos políticos y al conjunto de la sociedad civil para que abran un debate sobre la financiación de las entidades sociales, culturales y memorialistas. «Sin un tejido asociativo vivo, crítico e independiente, la democracia se empobrece», concluye.
