Las pistolas eléctricas Taser están una vez más en el foco de la actualidad. El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente el reglamento que regulará su uso por parte de la Guàrdia Urbana a partir de 2027, cuando se espera que el cuerpo policial tenga las primeras armas. El debate no está exento de polémica. Sindicatos policiales afirman que es una herramienta necesaria para los agentes, sobre todo en enfrentamientos con delincuentes armados con cuchillos y para evitar usar el arma de fuego. Pero otras voces, como las entidades pro derechos humanos y partidos como Barcelona en Comú y ERC, advierten de la peligrosidad de este tipo de pistola, un arma potencialmente letal.
El miércoles de la semana pasada, PSC, Junts per Barcelona y PP dieron inicialmente luz verde a la normativa sobre las Taser. Hace años que los sindicatos de la Guàrdia Urbana -CSIF, UGT, CCOO, SIP Fepol- reclaman esta arma. En marzo de 2025, la comisión de Presidencia ya había aprobado el reglamento de uso, pero tres meses después, Junts rechazó la propuesta del gobierno de Jaume Collboni porque el ejecutivo socialista no había hablado con los representantes sindicales. A finales de agosto, el alcalde había abandonado la idea de retomar la compra durante este mandato, pero el aumento de agresiones con arma blanca en las calles de Barcelona hizo cambiar de opinión a los socialistas. El 18 de junio, un hombre con un trastorno mental se paseó por la calle de Mandri con un cuchillo y tuvo que ser desarmado con una descarga eléctrica de una Taser de un mosso d’esquadra, un cuerpo policial que ya utiliza esta arma.
En opinión del teniente de Seguridad y Prevención del Ayuntamiento, Albert Batlle, las Taser tienen una “utilidad contrastada”, a medio camino entre la defensa [porra] extensible y el arma de fuego, y son unas pistolas que ya utilizan unas ochenta policías locales y los Mossos d’Esquadra. Para el concejal, el reglamento aprobado por el Ayuntamiento es el más garantista de todo el estado. Para hacer uso de ellas, los agentes tendrán que pasar previamente una formación. Batlle también ha asegurado que las normas y los límites de uso serán muy estrictos, y el control, exhaustivo, ya que cualquier intervención quedará registrada. El reglamento aprobado es el mismo que se propuso hace un año.
Ocho muertos en España
La opinión de Batlle contrasta con lo que piensan Barcelona en Comú y ERC. El concejal de Barcelona en Comú Marc Serra ha denunciado que el uso de las pistolas Taser ha causado ocho muertos en España, dos de los cuales a manos de los Mossos, que utilizan las Taser desde 2018. Uno de los casos tuvo lugar a finales de noviembre de 2021 en Badalona, cuando un hombre que amenazaba a su madre con cuchillos murió tras recibir al menos una descarga eléctrica con una Taser. El gobierno de Collboni rechazó todas las alegaciones presentadas por Barcelona en Comú el año pasado. Según Serra, hacer uso de las Taser es desproporcionado. Y, desde ERC, una de las líneas rojas es que se puedan utilizar contra adolescentes a partir de los 14 años. “El alcalde acepta el marco conceptual de la derecha”, dijo el edil Jordi Coronas en el plenario de junio, cuando el PP volvió a plantear que se aprobara el reglamento de uso este julio y se acelerara la compra de las pistolas.
El excomisionado de Seguridad durante el primer mandato de Ada Colau, Amadeu Recasens, recuerda, en conversación con el Tot Barcelona, que él participó en la comisión parlamentaria que trató el uso de las pistolas Taser y de las pelotas de foam, y subraya que el arma está en el mercado y es legal utilizarla. Otra cosa es si es recomendable. Recuerda que el gobierno de Colau no compró Taser. Y pone sobre la mesa dos cuestiones, quién la utilizará y para qué se quiere usar. «Se debe controlar quién la utiliza. No se puede dar a todos los policías». Por otro lado, Recasens admite que las Taser son una alternativa mejor que el arma de fuego, pero le «preocupa» que se use como una alternativa de la defensa extensible. «Es un paso más hacia la violencia. Me preocupa cómo, cuándo y quién utiliza las Taser».
🔴‼️ Pistoles Taser a BCN: La proposta de reglament del Govern de la ciutat encara arrossega les principals preocupacions en #dretshumans que Amnistia Internacional ja va denunciar durant la tramitació anterior. https://t.co/AYnYRcMS2M
— Amnistia Internacional Catalunya (@AmnistiaCAT) July 14, 2026
Aunque Amnistía Internacional (AI) reconoce que el reglamento es «más garantista en la protección de los derechos» que otros, la normativa «arrastra» preocupaciones como el hecho de que podrá hacer uso del arma cualquier agente que haya superado la formación y cumpla con el resto de requisitos. «Cuantos más dispositivos, más riesgos de uso abusivo» habrá, valora AI. También hay inquietud porque temen que el uso no se limitará «a situaciones de último recurso que representen una amenaza contra la vida o la integridad física de los agentes o de terceras personas», y porque el reglamento permite que se pueda utilizar contra adolescentes a partir de 14 años, personas en crisis de salud mental o bajo los efectos del alcohol o las drogas, unas «circunstancias que aumentan su potencial letal». Amnistía Internacional critica también que se podrán hacer descargas en entornos de manifestaciones y concentraciones y considera que, antes de comprar las pistolas, habría que hacer «una evaluación exhaustiva sobre las necesidades operativas que justifiquen su adquisición».
«No es letal», afirma UGT
En contraposición con lo que dice Amnistía Internacional, el secretario de Seguridad de la UGT y agente de la Guàrdia Urbana, José Casas, asegura que en determinadas intervenciones policiales las pistolas Taser son “la herramienta más segura que se puede utilizar”, sobre todo en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, ya que da “una distancia de seguridad”. Casas defiende que las Taser “no son letales”. “Esto debe quedar clarísimo para todos”, alerta. El agente detalla cómo funciona: “Evita riesgos asociados a las mismas descargas. No es una descarga continua. Es una descarga por pulsaciones”. Lo que hace es detener el sistema motor de la persona y, cuando cae al suelo, se la puede reducir y esposar. Casas añade que los policías que tendrán que hacer uso de las Taser recibirán una formación concreta y tendrán que hacer una formación continuada en el uso de desfibriladores y en técnicas de reanimación.
En un año, los Mossos hacen entre 20 y 25 usos de las Taser. “Las intervenciones no son tantas y los resultados de muerte no se dan en un alto porcentaje”. Según Casas, habrá protocolos de intervención. «Todas las actuaciones quedarán grabadas. Es imprescindible. Se debe grabar toda la actuación por la seguridad de la persona y de los agentes». Subraya que el protocolo que hay es muy garantista. No se debe utilizar en manifestaciones, con personas que ya estén reducidas, ni en el caso de menores, mujeres embarazadas y enfermos mentales. “A veces, en estos últimos, no son tan evidentes, pero siempre que haya una evidencia no se debe usar”, remarca.
Desde el sindicato CSIF, el secretario general en el Ayuntamiento y agente de la Guàrdia Urbana, Eugenio Zambrano, subraya que las Taser son «imprescindibles» para el cuerpo y para garantizar la seguridad de la ciudadanía. «El Ayuntamiento ha abierto, en este caso, un diálogo social, que valoramos muy positivamente». Entre otros, los representantes sindicales han podido hacer aportaciones a las condiciones sociolaborales y económicas para aquellas personas que deben llevar esta arma, conocida oficialmente como Dispositivo Electrónico de Control (DEC). «Deben tener su formación, acreditación y un complemento por la responsabilidad de llevar las Taser». CSIF, muy crítico durante años con la gestión municipal de la Guàrdia Urbana, destaca que con Jaume Collboni se ha recuperado «el apoyo institucional» que se había perdido en tiempos de la alcaldesa Ada Colau.
Restringir el uso a las amenazas reales
El síndico de agravios de Barcelona, David Bondia, –que, paradójicamente, el mismo Collboni acaba de impulsar hacia la reelección– emitió en 2025 un dictamen sobre el reglamento de uso de las Taser. Bondia alertaba de los peligros para la salud y la posibilidad de un uso abusivo de lo que, en la terminología técnica, se llama «dispositivo conductor de energía», DCE. También hablaba de la afectación que puede tener en colectivos vulnerabilizados, ya que el texto de la norma no alerta lo suficiente sobre los peligros y permite un amplio uso de estas pistolas: “El reglamento debería seguir los estándares del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y restringir el uso de los DCE a situaciones en las que haya una amenaza real e inminente para la vida o un riesgo de lesiones graves”.
También planteaba que el uso se limite a los mandos policiales y que la Guàrdia Urbana reciba formación en derechos humanos, detección de colectivos vulnerabilizados y técnicas dirigidas a evitar el uso de la fuerza. “Asimismo, habría que prohibir expresamente disparar en zonas de riesgo del cuerpo, y establecer un límite máximo de descargas”, valoraba el defensor de la ciudadanía. Por otra parte, Bondia piensa que hay una “protección insuficiente” de colectivos vulnerabilizados, ya que el texto no prohíbe totalmente el uso en colectivos como mujeres embarazadas, menores de edad, personas de edad avanzada o débiles de salud. “Habría que hacer una prohibición expresa y ampliar los colectivos contra los que no se puede intervenir con los DCE”.
