El Consejo de Gobierno de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha aprobado por unanimidad una actualización de su documento de promoción y uso de la lengua catalana. La normativa original, datada del año 2000 y modificada parcialmente en 2001, que fue suspendida parcialmente por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), llevaba un cuarto de siglo sin tocarse de manera estructural. Este nuevo marco normativo, que se ha trabajado durante un año, nace con el objetivo de adaptarse a una realidad sociolingüística, tecnológica e internacional, pero también para adecuarse a los nuevos Estatutos de la UPF –que entraron en vigor el pasado 24 de abril de 2026– y al marco normativo de la Generalitat en materia de acreditación lingüística del profesorado. Así, la modificación se ha centrado en dos ejes muy claros: potenciar la promoción y uso del catalán en todos los ámbitos académicos y elevarlo como lengua de acogida para alumnos y profesores que llegan de otros lugares del mundo.
El comisionado de Política Lingüística de la UPF, Marcel Mauri, destaca en declaraciones al TOT BARCELONA que el motivo de esta profunda revisión es el paso del tiempo y las nuevas herramientas disponibles: «La situación de la lengua ahora no es la misma que hace 25 años en muchos aspectos, tanto por los usos sociolingüísticos como también por recursos que ahora podemos tener, por la tecnología». Según explica Mauri, las nuevas herramientas digitales permiten ofrecer “una incorporación a la lengua a las personas que no la hablan o a las que la deben mejorar mucho más precisa”, abriendo nuevas oportunidades para la integración sin rebajar las exigencias académicas. «Hemos normativizado cuestiones que ya se producían para dar unas herramientas que nos permitan a todos saber cuáles son aquellas cuestiones que nos pueden ayudar a fomentar aún más el uso del catalán», ha expuesto.
El reto de equilibrar la lengua propia en un contexto internacional
El reglamento mantiene el catalán, el castellano y el inglés como las tres lenguas de trabajo del campus, cada una con un estatus diferente. El catalán opera como lengua propia y oficial, el castellano como cooficial y el inglés como la lengua de internacionalización. Actualmente, la docencia global de la UPF se distribuye en un 55% en catalán, un 30% en inglés y un 28% en castellano. Si se extrae el inglés de la ecuación, el catalán representa el 70% de las clases frente al 30% del castellano. Para expandir estas cuotas, el reglamento introduce el mecanismo de la «subsidiariedad lingüística», según el cual, en condiciones de normalidad e igualdad, el catalán debe emplearse de manera predeterminada a menos que el contexto obligue claramente a lo contrario. «El catalán es la lengua que se debe utilizar, y si no se usa el catalán debe estar justificado por qué no se hace servir», sentencia Mauri, que ve «margen de mejora».
Para lograrlo, se exige que tanto el profesorado como el alumnado tengan, como mínimo, un conocimiento pasivo de estas tres lenguas. Esto resulta crucial para proteger los derechos de los estudiantes, que pueden expresarse, hacer presentaciones o entregar exámenes en catalán, independientemente de si la asignatura se imparte en castellano o inglés. Según Mauri, la intención final es “potenciar aún más la promoción y el uso de la lengua catalana en todos los ámbitos académicos –docencia, investigación y transferencia de conocimiento– y, al mismo tiempo, también como una lengua de acogida para todo aquel profesorado y estudiantes internacionales”. «Que el catalán en ningún caso sea un obstáculo, al contrario, sea un incentivo más para la gente que viene de todo el mundo», expone, destacando valorar el perfil internacional de la UPF, donde el 30% del profesorado es extranjero y casi la mitad de los alumnos se van de intercambio cada año, lo que conlleva una entrada masiva de alumnos y docentes de todo el mundo a grados, posgrados y doctorados.
Seguridad lingüística: ni cambios en el aula ni cesiones unilaterales
¿Y cómo se regula la lengua con la que se imparte una asignatura? Una de las grandes apuestas del documento es la normativización de la «seguridad lingüística», un concepto que, aunque se perfiló en 2007 en el plan de acción multilingüe de la universidad, ahora se ha querido «protocolizarlo aún más». El objetivo es evitar disfunciones y velar por la ausencia de conflictos en las aulas. «El sistema de seguridad lingüística lo que evita es que haya cualquier tipo de conflicto en el aula», detalla el comisionado. «La lengua de docencia viene determinada por lo que dice la guía docente. Y, por lo tanto, ni el profesor puede cambiarla ni el alumno puede pedir que se cambie», añade Marcel Mauri.
Aunque el altavoz de las redes sociales a veces sobredimensiona el volumen real de reclamaciones internas –las cuales Mauri califica de «no muy significativas»–, la universidad ha decidido actuar con firmeza para defender los derechos lingüísticos del alumnado. «No responde a una situación de quejas, responde a un compromiso de la universidad», y la normativa estipula que el estudiante tiene derecho inalienable a expresarse, hacer exámenes o realizar presentaciones en catalán, independientemente de si la asignatura se imparte formalmente en castellano o en inglés. Con todo, el texto deja claro que cualquier acción u omisión que conlleve una discriminación por razón de lengua se canalizará a través del Síndic de Greuges y podrá ser sancionada como una falta disciplinaria.
El impacto en la administración y la investigación universitaria
La normativa extiende la protección del catalán a toda la burocracia, el funcionamiento institucional y la actividad científica de la institución. En el ámbito de la gestión y la atención al público, el Personal de Administración y Servicios (PAS), así como las empresas privadas que gestionan concesiones dentro del campus, utilizarán el catalán como lengua inicial. Es decir, cualquier interacción debe comenzar en catalán, y se entenderá que el usuario opta por cambiar al castellano solo si responde en esta lengua o si hace una petición explícita. En cuanto a la investigación, el reglamento se propone proteger el catalán en los niveles académicos más altos y garantiza el derecho de todos los doctorandos a redactar y defender sus tesis doctorales en esta lengua ante los tribunales, que podrán incluir, si es necesario, el servicio de traducción simultánea.
Con la aprobación de este texto trabajado a lo largo de doce meses para cohesionar todas las sensibilidades de la comunidad universitaria, la Pompeu Fabra no pretende ejecutar un giro revolucionario, sino normativizar y consolidar prácticas habituales. Lo hace apelando, en última instancia, a su responsabilidad fundacional como institución pública financiada por los ciudadanos. Marcel Mauri subraya que la UPF tiene «un compromiso con la sociedad catalana y, además, una universidad que se llama Pompeu Fabra». «Por lo tanto, significa que nuestro compromiso aún con la lengua catalana debe ser mucho más exigente y mucho más importante”, concluye.
