La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha instado a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a exigir específicamente el conocimiento de la lengua catalana en sus convocatorias laborales. Con esta decisión, la Sindicatura da la razón a Plataforma per la Llengua, que había presentado una queja formal al detectar que diversos procesos de selección de la empresa de transportes omitían cualquier requisito lingüístico. «Esta Sindicatura recomienda a TMB que, en las convocatorias de sus procesos de selección, establezca la exigencia de un nivel de conocimiento de la lengua catalana proporcional a las funciones del puesto de trabajo, con la finalidad de garantizar el uso del catalán en las actuaciones internas de la entidad y en las relaciones con otras empresas o administraciones públicas», dice la resolución a la que ha tenido acceso el TOT.
Plataforma per la Llengua ha celebrado la resolución, destacando que se reconoce que, aunque TMB opera como una empresa y no como una administración pública en sentido estricto, su naturaleza no la exime de sus obligaciones constitutivas, ya que gestiona un servicio público esencial para la ciudadanía. Así, la entidad en defensa de la lengua considera en un comunicado que TMB, a pesar de no ser una administración pública en sentido estricto, «presta un servicio público esencial y, por tanto, está obligada a garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía».
El origen del conflicto se remonta a una denuncia interpuesta por la ONG del catalán en relación con tres procesos de selección concretos convocados entre octubre de 2025 y marzo de 2026. Estas convocatorias sumaban un total de 24 puestos de trabajo estructurales: tres plazas de dirección, dos de mandos de material móvil y 19 de técnicos de líneas automáticas. Plataforma per la Llengua denunció que ninguna de las bases de estos concursos imponía ningún tipo de requisito ni baremo sobre el conocimiento de la lengua catalana, «a pesar de que la legislación lingüística vigente establece que las empresas y servicios públicos deben garantizar el uso y la atención en esta lengua para garantizar los derechos lingüísticos de los usuarios».
El transporte como servicio esencial
En el redactado de la resolución, la Sindicatura de Greuges deja claro que las empresas que forman el conglomerado de TMB «ejercen funciones de gestión de un servicio público esencial», como es el transporte público colectivo, y, en consecuencia, «deben garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía en la prestación del servicio». Así, el órgano de control concluye que TMB «puede mejorar en la garantía de los derechos lingüísticos, especialmente en lo que respecta a la incorporación de requisitos adecuados de conocimiento de la lengua catalana en sus procesos de selección».
Además, Plataforma per la Llengua considera que esta resolución de la Sindicatura de Greuges de Barcelona fija un precedente clave para el conjunto del sector público catalán, ya que consolida el principio de que ninguna corporación o empresa pública que gestione un servicio esencial puede eludir sus obligaciones de carácter lingüístico. En este sentido, la entidad presidida por Òscar Escuder ve «relevante» que la Sindicatura reconozca que la garantía de los derechos lingüísticos también debe tenerse en cuenta en los procesos de selección de personal y ha anunciado que hará un «seguimiento exhaustivo» del cumplimiento de esta nueva resolución de la Sindicatura.
Además, la entidad considera que la resolución representa un paso adelante para conseguir que TMB rectifique, ya que, aunque no es obligación cumplirlas, las resoluciones de la Sindicatura tienen un efecto directo en las políticas de las instituciones, que las acaban cumpliendo en más del 70% de los casos. Al mismo tiempo, ha anunciado que extenderá esta vigilancia al resto de administraciones públicas, organismos dependientes y empresas privadas concesionarias con el objetivo de garantizar el pleno respeto a los derechos lingüísticos en todo el territorio.
Antecedentes de conflicto en la contratación
Esta es la segunda vez en los últimos años que Plataforma per la Llengua consigue forzar a TMB a mejorar en materia lingüística. En el año 2022, una acción jurídica similar por parte de la ONG del catalán ya obligó a TMB a modificar de urgencia las bases reguladoras de una convocatoria masiva para la contratación de 250 conductores de autobús, en la que se había omitido inicialmente el requisito lingüístico y que finalmente tuvo que incluir la obligación de acreditar las competencias en catalán.
