La palabra “minusválido” está en desuso, es discriminatoria e incumple las normativas catalanas, del Estado español y en el ámbito internacional. Sin embargo, aún se puede ver en al menos una calle de Barcelona. Tal como ha podido comprobar el TOT Barcelona, este término está presente al menos en una plaza de estacionamiento de la calle de Bofarull, 38, en el barrio de Navas. El 15 de febrero del 2024, la Constitución española modificó el artículo 49 y estableció que siempre se debe hablar de “persona con discapacidad”. De hecho, en la Generalitat ya estaba en desuso en el ámbito de la administración y en instancias oficiales desde 2013. También diferentes normativas catalanas, como la modificación del libro cuarto del Código civil de Cataluña, del 23 de octubre de 2019, y de la ley de igualdad de trato y no discriminación, del 30 de diciembre de 2020, se refieren a estos colectivos como “personas con discapacidad”. Las imágenes de este artículo han sido tomadas el 22 de mayo de 2026.

Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas en 2006 y en vigor en el Estado español desde 2008, habla en todo momento de «personas con discapacidad». Los países que han ratificado la Convención han introducido «cambios legislativos», «para adecuar su lenguaje al paradigma de derechos humanos de la Convención y el resto del marco normativo», apuntan fuentes municipales. A pesar de ello, la plaza de estacionamiento con la palabra «minusválido» está presente en el barrio de Navas desde hace años.

Modificación de la Constitución
Concretamente, la modificación del artículo 49 de la Constitución de febrero de 2024 dice en su preámbulo: «En los últimos años, la protección de las personas con discapacidad se ha visto impulsada por el derecho internacional y tiene como eje central el contenido de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y en vigor desde el 3 de mayo de 2008». Y añade que el texto de 1978 necesitaba «una actualización en cuanto a su lenguaje y contenido para reflejar los valores que inspiran la protección de este colectivo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional».
El Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) defiende los derechos de este colectivo e insta a todo el Ayuntamiento a trabajar desde la perspectiva de derechos humanos y a incorporar criterios de accesibilidad universal. Por otro lado, el consistorio dispone de manuales de comunicación inclusiva en los que se hace pedagogía y recomendaciones al respecto, subrayan las fuentes municipales consultadas.

Críticas de Junts y ERC
La concejala de Junts en el Ayuntamiento y exconsejera de Bienestar y Familia de la Generalitat, Neus Munté opina que esta palabra “es inadmisible” en Barcelona hoy en día. “No solo la reforma de la Constitución de 2024 lo cambió, sino que formalmente ya estaba en desuso en la administración y en instancias oficiales desde la ley general de discapacidad de 2013 y -el término- fue sustituido por un lenguaje mucho más inclusivo”. Munté subraya que la señal debe ser cambiada rápidamente. “La sociedad ha cambiado tanto que esta expresión tampoco es de uso social habitual”.
Desde el grupo municipal de ERC, la concejala Eva Baró considera que «parece mentira» que aún se sea «tan poco cuidadoso» en cuestiones que tienen que ver con la diversidad funcional en el espacio público. Baró defiende que se debe hablar de estas personas de manera inclusiva, «sin estigmatizar y sin generar ninguna discriminación». «Esperamos que el Ayuntamiento tome nota y lo cambie».
Hace tres años, el policía local de Molins de Rei y perito judicial, Toni Sanz, ya avisó en su perfil de LinkedIn de la existencia de esta señal, con la palabra “minusválido”, en el barrio de Navas. En conversación con este medio, Sanz considera que el hecho de cambiar el término o eliminarlo, en el ámbito general, «parte de la idea de no estigmatizar a las personas y conseguir una palabra o palabras que sean o parezcan más suaves o menos despectivas», dice el perito. Piensa que entre la población será complicado erradicar este término. “Requerirá tiempo pasar de un término (minusválido) a varios (persona con discapacidad). Quizás hubiera sido mejor sustituirlo por una sola palabra”. Y añade que, a pesar de las grandes soflamas sobre la igualdad y la plena inclusión de las personas con discapacidad, a lo que dicen y se dedican las administraciones públicas, la realidad es que “la desidia, la apatía y la indiferencia son hermanas que duermen en la misma alcoba de una casa llamada ayuntamiento”.
Vulneración del tiempo de vigencia de las tarjetas de estacionamiento
Hace dos meses, el TOT Barcelona explicó en primicia que el Ayuntamiento de Barcelona ha vulnerado los últimos dos años la normativa catalana de accesibilidad en cuanto al tiempo de vigencia de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad. El decreto de la Generalitat 209, del 28 de noviembre de 2023, aprobó el Código de accesibilidad de Cataluña y deja muy claro que la vigencia máxima de estas tarjetas es de cinco años. Pero el consistorio barcelonés ha continuado otorgando los permisos hasta los diez años de duración, como se hacía antes de la entrada en vigor del decreto del Gobierno, el 1 de marzo de 2024. En respuesta a este medio, el Ayuntamiento dijo que, durante 2026, las emisiones de las tarjetas de aparcamiento nuevas “se adecuarán plenamente al límite de cinco años establecido en la normativa vigente” de la Generalitat, con la correspondiente información a la ciudadanía.

