El caso de la incineradora del Besòs podría terminar en manos del Tribunal Supremo. La causa contra la central Tersa por la emisión de contaminación por encima de los límites legales reabierta hace solo unos días por parte de la Audiencia de Barcelona se encamina a seguir su curso legal hasta la alta cámara española, dado que salpica al entonces presidente de las instalaciones y exconcejal barcelonés, Eloi Badia, que actualmente ocupa uno de los escaños de Sumar en el Congreso de los Diputados. Si las partes personadas en el caso -entre las cuales la plataforma Airenet- acaban presentando unos escritos de acusación donde Badia figura como acusado, el Supremo debería asumir las riendas de la causa por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, en lo que supondría un importante salto de escala para lo que comenzó con varias denuncias por parte de esta entidad vecinal de Sant Adrià de Besòs.
Según han explicado en rueda de prensa este martes varios miembros de Airenet, tras admitir el recurso de apelación presentado por la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona el pasado abril, la Audiencia considera en su auto que el sobreseimiento del proceso decretado por el juzgado de instrucción número 5 de Badalona fue «prematuro» y cree que hay motivos para continuar con la causa y valorar los hechos en un juicio oral. Este posicionamiento da alas a denuncias con las cuales hace tiempo que persiste la plataforma, que considera que la empresa pública tenía un «doble sistema» de medición, uno «real» que contamina y otro que «no es coherente y presenta fallas», tal como ha insistido la portavoz de la entidad, Silvina Frucella, en unas declaraciones recogidas por la ACN. De hecho, el auto de la Audiencia tiene en cuenta el informe pericial y las aclaraciones hechas por los peritos de la Guardia Civil en relación con las «anomalías» detectadas respecto a los datos presuntamente falseados, que indicarían que realmente sí que se estarían quemando residuos por debajo de la temperatura legalmente establecida de 850 grados durante al menos dos segundos, lo que supone un «grave riesgo» para la salud de las personas.
Pendientes del auto
Este posicionamiento judicial considera que es necesario valorar los hechos en juicio oral, tanto por las «irregularidades» detectadas como por «la falta de coherencia del resultado de las temperaturas obtenidas a partir del algoritmo con los datos publicados por la Generalitat respecto a la emisión de dioxinas y furanos». En este sentido, el abogado que representa a la plataforma, Carlos Avellaneda, ha precisado que ahora serán las partes acusatorias las que deben decidir si acusan o no a Badia. «El hecho es que se juzgará la contaminación de Tersa independientemente de las personas que sean finalmente responsables», ha remarcado, señalando que, antes de nada, el juzgado de instrucción debe dictar el auto de acomodación procedimental. Cuando esto ocurra, las partes pueden formalizar las acusaciones y en función de quiénes sean los acusados, los delitos y las penas que se pidan, la causa seguirá por una vía u otra.
