Lídia Jiménez está cansada de esperar. Cuando su madre, Montserrat Capdevila, falleció en 2018 a los 88 años, esta mujer se prometió que acabaría la cruzada que su progenitora había iniciado cinco décadas atrás para recuperar el dinero que el franquismo había expoliado a la familia. Como tantas otras familias barcelonesas y catalanas, ellos se vieron obligados a entregar sus ahorros a las autoridades fascistas entre el 1938 y el 1941 porque habían sido emitidos durante la República. A cambio se les entregó una especie de cheque, donde figuraba la cifra aportada, encabezado por la frase Fondo de Papel Moneda Puesto en Circulación por el Enemigo. El documento tenía que ser una garantía para poder reclamar las fortunas familiares en el futuro. Esta compensación no llegó durante la dictadura, tampoco con la Transición o el cambio de siglo. Ni siquiera lo ha hecho para la conmemoración este año del cincuenta aniversario de la muerte de Franco. De nada ha servido por ahora la aprobación de la Ley Española de Memoria Democrática en 2022, que finalmente los reconocía como víctimas de estos embargos y les daba derecho a ser compensados por el dinero entregado que nunca fue devuelto.
«A mí ya no me sirve que me den la razón. Queremos que se termine la historia, que se devuelva lo que se prometió y que nuestras familias entregaron obligadas«, señala Jiménez en una conversación con TOT Barcelona. La mujer de 72 años es la secretaria de la Asociación de Perjudicados por las Confiscaciones del Gobierno Franquista (APIGF, por sus siglas en español), la entidad que fundó su madre durante la primera década de los 2000 y de la cual fue la primera presidenta. De la mano de Vosseler Abogados, los descendientes de casi 400 familias expoliadas presentaron en mayo de 2023 una demanda conjunta para reclamar las cantidades que les corresponden, que van desde las cuatro hasta las seis cifras en algunos casos. Fue la culminación de casi veinte años de lucha y un paso que parecía encaminar de una vez por todas la reparación de este agravio. A principios de noviembre de 2024 llegaba la primera remesa de declaraciones firmadas por el gobierno español donde se reconocían una a una las pequeñas fortunas confiscadas. En paralelo, un grupo de expertos contratados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática trabajaba en las auditorías científicas, que tenían que determinar qué valor tenían entonces las pesetas y cuánto corresponde a cada familia con el cambio a euros, teniendo en cuenta el precio de consumo y la renta per cápita de la época.
Fuentes conocedoras del caso apuntaban entonces que las primeras devoluciones se podrían ver a principios de 2025. Un año y medio después de la fecha fijada, el proceso continúa atascado en estas auditorías y en un inventario global de bienes expoliados que -según marcaba el reglamento- debería haber estado listo en 2023. «Hemos ido al notario, pedido el certificado del gobierno español… ¿Qué más tenemos que hacer? No llevamos 25 años luchando para que ahora digan que hay trece kilómetros de documentación en el Banco de España pendiente de revisar. Es muy triste, estamos muy decepcionados«, afirma Jiménez. Aún más contundente se pronuncia Leire López, una de las letradas que está llevando las reclamaciones de los afectados. «La exigencia de una auditoría general es una maniobra dilatoria innecesaria en este caso. Los perjudicados poseen los recibos oficiales e históricos de intervención expedidos por las mismas autoridades de la época. Los documentos son plenamente auténticos y la trazabilidad familiar está acreditada ante notario. No hay nada que auditar, lo único que falta es la voluntad política para aplicar un contravalor actualizado y devolver lo que legítimamente pertenecía a estas familias«, denuncia la abogada, que lamenta la «flagrante lentitud de actuación y los constantes obstáculos administrativos» que se han encontrado últimamente con el ejecutivo de Pedro Sánchez.
Con un ojo en la política y otro en las necrológicas
Casi la totalidad de las 400 familias que han interpuesto demanda ya han recibido las declaraciones de reconocimiento y reparación personal. Este documento firmado por el mismo ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, acredita que las reclamaciones son correctas y da derecho a los afectados a ser resarcidos por el dinero expoliado. Solo quedan una veintena de declaraciones pendientes, aunque hay varias ya tramitadas que no han llegado a los descendientes o bien se han enviado de manera errónea. Es el caso de Joaquim Gràcia, secretario de la APIGF. Su familia guarda cinco títulos obtenidos tras entregar al Banco de España decenas de miles de pesetas en 1939. Este dinero eran los ahorros de cuatro hermanas -entre las que se encontraba su madre- y de la abuela, Paquita Marcet, que regentaba desde 1927 la mercería Las Novedades, ubicada en el número 321 de la travesera de Gràcia y que cerró por falta de relevo en 2018 tras la jubilación del último miembro de la saga y nieto de los fundadores. De los cinco cheques, solo han llegado correctamente cuatro. El quinto lleva un nombre equivocado.
«Es impensable que estemos así cuatro años después de la Ley. Solo falta que determinen el valor que tenían aquellas pesetas», remarca. Tanto Gràcia como Jiménez se muestran preocupados por la actual situación política en el Estado, ya que una convocatoria de elecciones con victoria de la derecha y la extrema derecha podría bloquear definitivamente el proceso de reparación del expolio. «Ya nos han dicho que no querrán saber nada de la Ley de Memoria Histórica. Imagínate cómo estamos después de tantos años reclamando», indica la mujer. «Nos preocupa que todo esto pueda saltar por los aires. Ahora vamos completamente contra reloj«, admite el hombre. «Sin un calendario de compensación económica real y efectivo, la entrega de estas declaraciones constituye una maniobra de distracción administrativa que revictimiza a los perjudicados. Es inaceptable someter a personas de edad avanzada como los portavoces de la APIGF, que rondan los 70 y 75 años, a una agónica contrarreloj vital donde ven morir a sus compañeros sin alcanzar la reparación real», incide la letrada de Vosseler Abogados.
Jiménez tiene muy presente en cada paso que da aquellas primeras incursiones con su madre en la sede barcelonesa del Banco de España, en los años 60, para reclamar el dinero y todo el recorrido desde entonces. «Ella se quedó en el camino, como muchos de nuestros asociados. No hay semana que no desaparezca alguien, soy las necrológicas... Parece que quieran esperar a que estemos todos muertos para no tener que pagar a nadie. Si lo conseguimos, siempre pensaré en cuántos éramos cuando empezamos y en los que hemos quedado», lamenta. Y añade: «No pedimos limosna. Ese dinero sirvió para que el Estado siguiera adelante porque no había ni un duro. Se tomaron los ahorros de los ciudadanos, arrasando con todo, porque había que pagar una guerra y con la promesa de que se pagaría más adelante… Y aún seguimos aquí». Cabe recordar que la ley solo permite reclamar a los descendientes directos de los expoliados hasta un cuarto grado de consanguinidad, lo que excluye los comprobantes utilizados como moneda de cambio o heredados por personas ajenas a la familia. Jiménez es tercera generación, de modo que sus descendientes serían los últimos que podrían reclamar el retorno del dinero expoliado.
