Sanción ejemplar a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona por haberse negado a atender a una ciudadana en catalán y haber calificado su petición de «fascista» y «totalitaria». El Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto una sanción de 24 días de suspensión de sueldo y empleo al policía a raíz de una denuncia formal y el vídeo aportado por Plataforma per la Llengua, que ha conseguido una resolución poco habitual en el ámbito de las discriminaciones lingüísticas policiales.
Los hechos se remontan al 13 de julio de 2025 en la Rambla Prim de Barcelona, cuando el agente solicitó la documentación a la ciudadana porque presuntamente intentaba acceder a una zona acordonada por la policía municipal. Cuando la ciudadana solicitó explicaciones sobre la identificación y pidió de forma reiterada ser atendida en catalán, el servidor público se negó en todo momento a utilizar la lengua propia de Cataluña y respondió con ataques verbales y comentarios despectivos contra la ciudadana.
Según el vídeo difundido por la ONG del catalán, el agente alegó sus propios «derechos lingüísticos» para no hablar en catalán en el ejercicio de sus funciones públicas y lanzó respuestas a la ciudadana como «es muy de fascistas obligar a la gente a hablar en lo que no quiere» o «Yo no quiero hablar con usted», además de insistir que la petición de la mujer era una actitud «totalitaria». «Haga usted lo que quiera», le espeta cuando le comunican que la grabación se está grabando, y el policía añade que «encima de totalitaria quiere tener un privilegio».
La denuncia y la normativa municipal
Ante esta actuación –que inicialmente terminó con una multa a la ciudadana por «increpar y menospreciar a los agentes–, Plataforma per la Llengua presentó en diciembre de 2025 una denuncia formal ante la Alcaldía de Barcelona. La entidad argumentaba que la actitud del policía podía constituir una discriminación lingüística y, además, vulneraba el artículo 33 del Estatuto y el Reglamento de uso de la lengua catalana (RULC) del mismo Ayuntamiento, que obliga al personal municipal a dirigirse inicialmente en catalán a los ciudadanos y a adaptarse al idioma elegido por el interlocutor.
Tras examinar la grabación y la transcripción de los hechos, el consistorio barcelonés abrió un expediente disciplinario y, finalmente, ha resuelto suspender al agente de funciones y de retribuciones durante 24 días, al reconocer la comisión de una falta por discriminación lingüística e incumplimiento de los deberes policiales. El presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha valorado muy positivamente la resolución institucional al considerar que «demuestra que las discriminaciones lingüísticas por parte de los cuerpos policiales no son una percepción subjetiva ni una cuestión menor».
Escuder ha subrayado que el caso pone de relieve que «denunciar sirve y que documentar estas vulneraciones es clave para combatirlas», especialmente en un contexto en que la mayoría de las quejas por motivaciones lingüísticas contra cuerpos policiales suelen terminar archivadas. Asimismo, recuerda que «cuando una ciudadana ejerce su derecho a ser atendida en catalán por un servidor público, la administración tiene la obligación de garantizarlo».
Batalla judicial para anular la multa a la ciudadana
Aparte de la denuncia por vulnerar sus derechos lingüísticos, Plataforma per la Llengua ha logrado la defensa jurídica de la ciudadana por la sanción administrativa que se le impuso durante el incidente. La versión policial le atribuye haber increpado a los agentes, una acusación que la entidad tilda de falsa, defendiendo que la mujer solo pretendía ejercer sus derechos lingüísticos. Después de que el consistorio de la capital catalana desestimara las alegaciones administrativas en primera instancia, la entidad ha llevado el caso a los tribunales por la vía contenciosa administrativa. Con el reconocimiento de la falta y la sanción impuesta al agente por parte de la misma administración municipal, la entidad en defensa de la lengua confía en que la resolución refuerce la posición judicial de la ciudadana y conduzca a la anulación definitiva de la multa.
