El Juzgado de Primera Instancia número 39 de Barcelona ha decidido mantener de momento el desalojo del edificio ocupado de la Ruïna. En una vista especialmente rápida celebrada este miércoles en la Ciutat de la Justícia, la magistrada ha descartado suspender el procedimiento después de no aceptar ninguna de las alegaciones presentadas por la defensa de los inquilinos de estas instalaciones ubicadas en el barrio de la Bonanova y ha dejado el juicio visto por sentencia.
Según recoge la ACN, el abogado de los ocupantes ha pedido este miércoles suspender el procedimiento por el hecho que la Sareb, como gran tenedor, habría incumplido la ley 24/2015 porque no ha ofrecido alquiler social a los ocupantes ni en aquel edificio ni en ningún otro de su propiedad. También ha alegado que la Sareb solo tiene el 60% de la propiedad del inmueble, mientras que las otras dos sociedades propietarias no han reclamado el desahucio. La magistrada ha desestimado las peticiones y ha dicho que esto puede suponer una sanción administrativa por parte del Ayuntamiento, pero no permite suspender la tramitación del proceso de desahucio.
Como testigo en la vista ha declarado un inspector de los Mossos d’Esquadra del distrito de Sarrià-Sant Gervasi que conoce el edificio porque hace muchos años que es mando policial de la zona y dirigió los dos desalojos del 2018, además de participar en la detención de algunos de los causantes de incidentes en la zona en las últimas semanas. El agente ha explicado que el propietario del edificio actualmente no puede disponer del mismo ni para vender, reformar o alquilar porque hay gente viviendo dentro y ha precisado que los ocupantes no son familias vulnerables, sino que tienen una motivación ideológica, «reivindicativa y antisistema».
Dos procedimientos diferentes
Hay que recordar que el procedimiento judicial de la Ruïna se está tramitando en un proceso diferente del instruido para el Kubo porque los ocupantes de este primer edificio sí que respondieron a la demanda de desahucio, cosa que los segundos todavía no han hecho. El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Barcelona ya acordó la petición de desalojo de este segundo edificio hace unos meses y el pasado 23 de marzo tuvo lugar el primer intento de desahucio, un lanzamiento que quedó suspendido por la falta de garantías de “seguridad y eficacia” en el proceso.
