Los antiguos legionarios que ocupaban un local en los cuarteles de Sant Andreu, la llamada Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, han sido desalojados. De hecho, fue en julio pasado, pero el Ayuntamiento de Barcelona no lo ha explicado hasta ahora. El local está ubicado en el paseo de Torres i Bages y tiene un solar anexo de 5.000 metros cuadrados. Según el consistorio, la desocupación permitirá avanzar en la transformación de los antiguos cuarteles, que acumulan años de retraso. En concreto, en la parcela de los legionarios se construirá vivienda.
Un largo proceso hasta el desalojo
El desalojo de los legionarios ha tenido lugar después de un largo proceso. En 2022, el Consorcio de la Zona Franca, titular de los terrenos, hizo un requerimiento judicial a instancias de la Junta de Compensación, en la que está presente el Ayuntamiento de Barcelona. Esta solicitud se realizó después de que los legionarios rechazaran una indemnización de 12.600 euros para abandonar los terrenos y el edificio que ocupaban en los antiguos cuarteles. En septiembre de 2023, el Juzgado de Primera Instancia número 3 dictó una sentencia favorable al desalojo, contra la cual la entidad interpuso un recurso de apelación. La Junta de Compensación instó la ejecución provisional de la sentencia, que fue aceptada por el mismo juzgado y ejecutada el 3 de julio.
Los antiguos legionarios estaban en los cuarteles de Sant Andreu desde hacía más de una década. En 2013, el Consorcio de la Zona Franca firmó un convenio con ellos para cederles el uso de una parcela de 5.000 metros cuadrados, además del local de los antiguos cuarteles que ya ocupaban. Pero, según el Ayuntamiento, el Consorcio debería haberlo cedido al mismo consistorio barcelonés a título fiduciario con la condición de que los terrenos estuvieran libres de edificios y ocupantes, en cumplimiento de la reparcelación de los cuarteles de Sant Andreu aprobada en el año 2010.
Dos hermandades de legionarios fueron indemnizadas
Hace cinco años, el consistorio requirió formalmente a la Junta de Compensación, una entidad de naturaleza administrativa presidida por el consorcio, que entregara a la corporación municipal la finca ocupada libre de preexistencias. Después de la pandemia se retomaron las negociaciones, fruto de las cuales dos de las hermandades aceptaron la indemnización y abandonaron el espacio. Más adelante, el Ayuntamiento instó a la Junta de Compensación a iniciar el procedimiento judicial que ha permitido la desocupación del local por parte de la última entidad.
