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Denuncian el «mal trato» que recibe una familia desahuciada la semana pasada

El Sindicato del Poble-sec ha denunciado el maltrato que se le está dando a la madre de una familia con tres hijos desahuciada la semana pasada en el Paral·lel. Según apuntan desde el sindicato, las cuatro personas están «compartiendo cama en un hostal», la habitación contiene chiches y critican que las trabajadoras tratan la madre «como una delincuente». El comunicado también pone en entredicho que el Ayuntamiento de Barcelona esté «revisando la normativa de los hostales». «No es una cuestión de espacio, hay que denunciar los establecimientos que están llevando a cabo prácticas que degradan la humanidad de las personas», apuntan desde el colectivo.

El sindicato también recuerda que la mujer hace tres años que tiene la mesa de vivienda aprobada. Fuentes del Ayuntamiento apuntan, en cambio, que la mujer entró a la mesa el pasado mes de mayo y afirman, en declaraciones a la ACN, que los servicios de Vivienda han pedido en reiteradas ocasiones a la propiedad – el fondo de inversión Divarian – que cumpliera con la obligación de hacerle un alquiler social. Según apunta la agencia de noticias, el caso de esta familia se encuentra en estudio por los servicios jurídicos del IMHAB, que investigan si se podría sancionar al fondo propietario del inmueble.

Sin opción de alquiler social

Según ha explicado el sindicato en anteriores ocasiones, la madre se ha ofrecido en diferentes ocasiones – desde el 2019 – a pagar un alquiler a la propiedad y había hecho la petición para acceder a un alquiler social. En una comparecencia la semana pasada, la familia afectada denunció que la propiedad le había ofrecido dinero para que marchara de su piso. El ACN también explica que la mujer tiene cita este miércoles con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.

No es el único caso que han denunciado recientemente desde el Poble-sec. A inicios de mayo, también se lamentó públicamente la situación de cinco pisos de la plaza de Santa Madrona, 2 que tienen licencia turística. Según el Sindicato de Vivienda, la propiedad, una familia con más de 300 pisos en diferentes municipios del área metropolitana, ya ha advertido a las familias que tendrán que marchar de sus inmuebles.

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