El Carmel es un barrio enfermo. Después de 18 años de espera, la herida abierta en medio de este lugar entre montes empieza a cerrarse con el inicio de la construcción de pisos en la zona cero del agujero provocado por los trabajos de ampliación de la línea L5 del metro. La zona, sin embargo, todavía sufre múltiples afectaciones que alimentan la sensación de desamparo de los vecinos como pueden ser la masificación turística o la cronificación de la presencia del amianto en el Turó de la Rovira. Estas dos enfermedades se entrelazan en las obras del cierre de las antiguas baterías antiaéreas, una actuación que tenía que servir para evitar las aglomeraciones de jóvenes a la zona y que de rebote ha hecho aflorar de nuevo la problemática latente con el fibrocemento.
Los vecinos del en torno a los mal llamados búnkeres denunciaron a finales del pasado mes de agosto la aparición de una “cantidad inadmisible” de restos de amianto en diferentes puntos de la montaña, coincidiendo con las zonas donde se removió tierra para colocar las vallas. El TOT Barcelona tuvo acceso a una compilación de casi unas ochenta fotografías donde se podía comprobar como en buena parte del recorrido de este cierre había trozos de fibrocemento en algunos casos de la medida de una teja. Aun así, la situación denunciada por el vecindario es todavía más flagrante si tenemos en cuenta que la empresa que se encargó de las obras tenía un protocolo establecido por contrato que indicaba como actuar en caso del más que probable hallazgo de uralita.
Alta probabilidad y cambio de adjudicatario
Según figura en el proyecto ejecutivo que Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) encargó al despacho de arquitectura local
A pesar de que Certis Obras y Servicios fue inicialmente la ganadora del concurso público abierto para acometer esta actuación, la constructora acabó renunciando al proyecto a causa del encarecimiento de costes provocado por el estallido de la guerra en Ucrania, sobre todo en cuanto al precio del acero. Esta situación obligó al consistorio barcelonés a volver a licitar las obras, un trámite que acabó encareciendo la obra y atrasando su ejecución respecto a la previsión inicial. La licitación se acabó concretando en una inversión de casi 1,6 millones de euros y cayó finalmente en manos de una colaboración empresarial entre Coynsa y Asetic, que pudieron culminar la instalación de las vallas con cerca de un año de retraso.
Un protocolo sin aplicar
Las compañías adjudicatarias de los trabajos, pues, eran conocedoras de la presencia de fibrocemento alrededor de las antiguas baterías antiaéreas y contaban con una serie de indicaciones para poder retirar con seguridad estos restos potencialmente cancerígenos. En concreto, tal como recoge el proyecto ejecutivo, los operarios -ya fueran de una empresa externa especializada o de los mismos responsables de la actuación- tenían que proceder idealmente a encapsular el material encontrado, sellándolo con un producto que evitara su posible dispersión.
Los vecinos denuncian que esta hoja de ruta aparentemente no se habría aplicado en los diferentes puntos donde ha aflorado amianto, de forma que podría haber habido mala praxis por parte de las empresas responsables. De hecho, fuentes próximas al caso explican que al menos en una ocasión durante las primeras semanas de obras se tuvieron que parar temporalmente los trabajos después del hallazgo de restos de uralita en un lugar próximo a la calle de Marià Labèrnia, uno de los principales accesos a los búnkeres del Carmel. Este contratiempo, sin embargo, no se habría traducido en la encapsulación y blindaje de la sustancia, tal como indicaba el proyecto ejecutivo mencionado antes.
Retirada preventiva y nuevas medidas
Fuentes municipales confirman a preguntas del TOT Barcelona que el Ayuntamiento no prevé exigir responsabilidades a los adjudicatarios de las obras por el afloramiento de fibrocemento después de la instalación de las vallas. Las mismas voces indican que las compañías habrían actuado aparentemente de manera diligente en la retirada del amianto y precisan que de forma previa al inicio de la colocación del cierre se hizo una recogida de uralita en un ancho de cinco metros a lo largo de la traza de la valla, así como del ámbito del nuevo camino configurado despúes de la clausura del espacio.
Esta retirada se hizo de manera superficial con la excepción de una serie de puntos concretos donde era necesaria la excavación para poder sacar el material, que quedaba soterrado. La actuación la realizó una empresa especializada autorizada después de recibir la aprobación del plan de trabajos específico por parte del Departament de Treball de la Generalitat. En este sentido, desde el ejecutivo barcelonés insisten en remarcar que es «imposible llegar al 100% de la retirada del fibrocemento en una sola actuación«, puesto que se trata de pequeños fragmentos enterrados a diferentes profundidades por el paso del tiempo y anclados a la roca, pero aseguran que se está actuando progresivamente cada vez que se llevan a cabo unos trabajos que comportan movimientos de tierra. También subrayan que este material acostumbra a aflorar a la superficie después de episodios de lluvia.
Según ha podido saber este medio, el Distrito de Horta-Guinardó ha contratado recientemente los servicios de un profesional experto en amianto para realizar inspecciones periódicas del entorno de las antiguas baterías antiaéreas que permitan mejorar la efectividad de estas intervenciones, que aspiran eventualmente a poner fin a la enfermedad crónica del Turó de la Rovira. Las compañías responsables de las obras del cierre de los búnkeres han rechazado colaborar en este reportaje.
