Barcelona estuvo a punto de cambiar a un gobierno independentista el 17 de junio de 2023. De hecho, hasta las 16h de ese día, se daba por hecho. El acuerdo entre Xavier Trias y Ernest Maragall para gobernar la ciudad no solo existía, sino que estaba validado por las bases y encaminado a hacer realidad un ejecutivo independentista en la capital catalana. Pero una hora antes de la investidura, el candidato del PSC, Jaume Collboni, sumaba una alianza inesperada y con el apoyo de Barcelona en Comú -que había jurado y perjurado que no investiría a Collboni con la derecha- y el PP, cambió completamente el guion. El pacto quedó en nada antes de empezar, y el independentismo se quedó con un palmo de narices. Ese giro inesperado no solo frustró una expectativa de llevar las aspiraciones nacionales a la ciudad, sino que empujó a ERC y Junts a redefinir su estrategia desde el primer día de mandato. Y, sin embargo, casi tres años después, ese acuerdo fallido sigue siendo una de las claves para entender la política municipal. Porque su legado es lo que ha acabado provocando en términos de alianzas, liderazgos y correlación de fuerzas.
De un gobierno frustrado a una oposición sin bloque
El pacto Trias-Maragall nacía con voluntad de gobierno y con una idea bastante compartida de ciudad -con un centenar de puntos-, pero su frustración abrió una etapa marcada por la desorientación estratégica del independentismo en Barcelona. Sin acceso a los despachos de Sant Jaume y con el PSC instalado en la alcaldía, ERC y Junts se vieron abocados a ejercer una oposición que, inicialmente, parecía que podía ser coordinada.
Los primeros momentos del mandato apuntaron en esta dirección. En votaciones clave, como el rechazo a las ordenanzas fiscales, los dos grupos coincidieron para poner en dificultades al gobierno Collboni, evidenciando que la suma de la oposición podía bloquear iniciativas centrales. Ese episodio fue leído como una posible continuidad del bloque que había estado a punto de gobernar. Pero esa sintonía fue más coyuntural que estructural. Las diferencias estratégicas y la falta de un liderazgo compartido impidieron consolidar un frente estable, y ese frente independentista inicial se fue diluyendo en una oposición fragmentada, con momentos de coincidencia pero sin una agenda común sostenida en el tiempo.

Acuerdos puntuales, pero sin proyecto común
Con el paso de los meses, ERC y Junts han continuado coincidiendo en votaciones concretas, especialmente en ámbitos como el urbanismo, la fiscalidad o determinadas iniciativas de control al gobierno. Pero estas coincidencias han sido a menudo fruto de negociaciones específicas y no de una estrategia compartida. En muchos casos, se trata de acuerdos técnicos o de posiciones que responden a intereses puntuales más que a una visión global de ciudad. Esto se ve claramente en modificaciones urbanísticas o en iniciativas de barrio, donde se han configurado mayorías amplias y transversales.
El caso más paradigmático es la nueva ordenanza de civismo, una de las grandes apuestas del gobierno de Jaume Collboni. Tanto ERC como Junts han acabado avalando un texto que incorpora elementos de las dos sensibilidades: por un lado, un cierto endurecimiento en la regulación de conductas incívicas, más alineado con el discurso de Junts; por el otro, matices y garantías para evitar la criminalización de las personas sin hogar, más próximos a las posiciones republicanas. Este tipo de acuerdos ponen de manifiesto una realidad compleja: ERC y Junts pueden coincidir en contenidos, pero no actúan como bloque político. Y, sobre todo, estas coincidencias se han producido a menudo en el marco de negociaciones con el gobierno del PSC, y no como resultado de una coordinación previa entre los dos partidos.
ERC: el árbitro silencioso del mandato
En este escenario, quien ha sabido mover mejor las piezas es ERC. Lejos de reconstruir la alianza con Junts, los republicanos han optado por una estrategia pragmática que los ha situado en el centro del tablero político municipal. Y Junts, a su vez, sin Xavier Trias al frente, tampoco ha hecho grandes esfuerzos por mantener el hilo con los republicanos sin Ernest Maragall.
Sin entrar formalmente al gobierno porque la guerra interna dentro del partido impidió consultar a la militancia y validar un pacto ya detallado con el PSC, los republicanos han ejercido de socio preferente de Collboni en momentos clave, facilitando la aprobación de medidas y garantizando una cierta estabilidad institucional. Esta posición les ha permitido condicionar algunas políticas públicas sin asumir el desgaste asociado a la gestión directa. Y es que después de que Ernest Maragall dejara el acta de concejal, ERC ha apostado por un perfil negociador y diferenciado de BComú, capaz de pactar según la cuestión e intentando escapar de la lógica de bloques. Esto le ha dado una capacidad de influencia superior a su peso numérico en el consistorio, con solo 5 concejales. En la práctica, los republicanos se han convertido en el árbitro del mandato: su apoyo no es automático, pero a menudo es imprescindible. Y esto los ha consolidado como un actor clave en la gobernabilidad de la Barcelona actual, y también puede tener la clave en 2027 si Collboni gana las elecciones y necesita sumar.

Junts y la era post Trias
Por otro lado, Junts ha vivido un mandato más irregular y marcado por la pérdida de referentes. El liderazgo de Xavier Trias había conseguido situar al partido en una posición central, con capacidad de pacto y con una imagen de moderación que le permitía aspirar a gobernar, e incluso, a pactar con el PSC. Pero su retirada ha dejado un vacío difícil de llenar. Sin una figura con el mismo peso político y capital electoral, el grupo municipal ha tenido más dificultades para marcar agenda y para construir un relato propio sólido. A pesar de mantener presencia y capacidad de incidencia en votaciones puntuales con sus 11 concejales, su acción política ha sido más reactiva que propositiva. Además, la falta de un liderazgo claro ha complicado la definición de una estrategia coherente: oscilando entre la voluntad de diferenciarse del gobierno y la necesidad de participar en acuerdos concretos, Junts no ha acabado de encontrar su lugar en el nuevo escenario.
Una relación fría en un contexto cambiante
Por todo esto, la relación entre ERC y Junts en Barcelona se ha ido enfriando con el tiempo, pero sin llegar a romperse. No ha habido grandes choques públicos ni una confrontación abierta, pero tampoco ningún intento decidido de reconstruir la alianza de 2023. Justamente, esta distancia se explica en buena parte por el contexto político más amplio: las relaciones entre los dos partidos en Cataluña y en el Estado están marcadas por la competencia electoral y por divergencias estratégicas, que de rebote, también condicionan su interacción a nivel municipal. El resultado es una relación funcional, basada en la coincidencia puntual, pero sin proyecto compartido. Una especie de entendimiento tácito que permite acuerdos concretos, pero que queda lejos de cualquier idea de bloque político estable.

Un pacto
Con perspectiva, el pacto Trias-Maragall que debía materializarse el 17 de junio de 2023 ha tenido un efecto paradójico. No sirvió para construir un gobierno, pero sí para configurar el mapa político posterior y las dinámicas del mandato. Su frustración -provocada por un pacto españolista gestado en Madrid- abrió la puerta a un gobierno en minoría que depende constantemente de apoyos externos. En este escenario, ERC ha sabido ocupar el espacio central y convertirse en pieza clave que tiene la mirada puesta en un posible bipartito en 2027, mientras Junts ha ido perdiendo peso sin el liderazgo que había impulsado aquel acuerdo.
Tres años después, Barcelona no tiene un gobierno independentista, pero tampoco se puede entender su política sin aquel intento fallido. Porque, en el fondo, el pacto Trias-Maragall no gobernó la ciudad, pero sí que ha condicionado el equilibrio de fuerzas. Y es precisamente aquí donde radica su vigencia: en Barcelona las mayorías son frágiles y cambiantes, y lo más relevante no es tanto quién gobierna, sino quién tiene la capacidad de decidir con quién se gobierna en cada momento.

