El 31 de agosto comenzaba el último curso político del mandato en el Ayuntamiento de Barcelona. Con el alcalde Jaume Collboni de viaje en Europa del Este y con prácticamente todos los candidatos decididos para las municipales de mayo. Quedan poco más de nueve meses para los comicios y el gobierno en minoría del PSC -diez concejales de 41- todavía tiene asignaturas pendientes sobre la mesa. Entre el trabajo que le queda a Collboni por hacer está el de intentar aprobar los presupuestos y las ordenanzas fiscales para 2027 (con un choque inicial con Barcelona en Comú en la aplicación del incremento del recargo municipal de la tasa turística a los cruceristas de escala), terminar obras importantes que se han prolongado buena parte del mandato -como la de la Rambla-, licitar la conexión del tranvía y aprobar el reglamento para que la Guardia Urbana pueda disponer de pistolas Taser. Partidos de la oposición -Junts per Catalunya, Barcelona en Comú, ERC y PP- recuerdan también al alcalde los compromisos que adquirió con ellos y que no se han ejecutado.
Las dificultades para sacar adelante los presupuestos
Aprobar los presupuestos municipales para 2027 es el principal expediente que Collboni deberá afrontar este otoño. Todo apunta a que el PSC se verá obligado a prorrogar las cuentas de 2026, unos 4.180 millones de euros, porque ningún partido de la oposición le dará apoyo pocos meses antes de pasar por las urnas. Hasta ahora, el PSC no ha conseguido aprobar ninguno de los presupuestos por la vía ordinaria y solo ERC los ha votado a favor cada año. Si el ejecutivo local no consigue cerrar un acuerdo con la mayor parte de las fuerzas políticas, Collboni ya no podrá acogerse a la cuestión de confianza, la herramienta que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en el artículo,197, bis permite que los gobiernos en minoría, como el de Collboni, puedan usar para aprobar los presupuestos anuales dos veces por mandato, porque ha agotado esta posibilidad.
Incremento de la tasa turística a los cruceristas de escala
Este martes, 22 de septiembre, el gobierno celebrará una comisión extraordinaria para hacer el primer trámite para aprobar las ordenanzas fiscales. En 2024, la oposición rechazó la propuesta de Collboni, pero en los años 2025 y 2026, los socialistas aprobaron las ordenanzas fiscales con el apoyo de Barcelona en Comú y ERC, enfocándose en un incremento de la fiscalidad turística y congelando a la ciudadanía impuestos como el IBI y el de circulación. Ahora, uno de los temas clave será cómo se efectúa la subida del recargo municipal de la tasa turística a los cruceristas de escala (los que están menos de doce horas en la ciudad). Los cruceristas de escala llegarán a pagar 30 euros, 24 del recargo municipal y seis del tributo de la Generalitat, el triple que ahora. El gobierno de Collboni quiere que este incremento sea progresivo, pero las intenciones del ejecutivo chocan con Barcelona en Comú, que quiere que se aplique de golpe. El grupo ecosocialista amenaza con votar en contra el martes y pide que se retire el expediente que plantea un aumento progresivo. En caso de que los Comuns se opongan, el incremento no prosperará, ya que solo PSC y ERC lo apoyarían.
Proyectos urbanísticos clave
Las transformaciones urbanísticas en diferentes puntos de la ciudad se han acelerado para intentar que proyectos clave para el gobierno municipal estén listos antes de las municipales. Las obras de la Rambla han sido una prioridad para Collboni y, si no hay un retraso, estarán terminadas a mediados de febrero. Este verano ha culminado la reforma de la calle de Balmes, entre la plaza de Molina y la ronda de General Mitre. A lo largo del otoño se espera que puedan finalizar los trabajos de pacificación del tramo de la Meridiana, entre la calle de Felip II y el paseo de Fabra i Puig. Otra remodelación destacada del gobierno socialista es la cobertura de la ronda de Dalt, entre la avenida de Vallcarca y el IES Vall d’Hebron, aunque la previsión es que las obras se prolonguen hasta finales de 2027. Y la reurbanización del paseo de la Mar Bella, entre la calle de Bac de Roda y la plataforma marina del Fórum, será una realidad la próxima primavera.
Un proyecto urbanístico que se ha quedado prácticamente en nada ha sido la promesa electoral de Collboni de abrir treinta interiores de manzana en ocho años en el Eixample con un presupuesto de más de 170 millones de euros. El plan respondía a la intención del alcalde de ganar más verde en el distrito en lugar de las supermanzanas de Ada Colau. En cambio, el PSC sí ha recuperado el Teatro Arnau, con unas obras que han tardado años en iniciarse y que terminarán el primer trimestre de 2027, y se ha quedado con el Club Capitol de la Rambla a través de una operación urbanística especulativa, según Barcelona en Comú.
A la espera de la licitación de las obras del tranvía
La conexión del último tramo del tranvía por la Diagonal, entre Verdaguer y Francesc Macià, es otro de los proyectos que deben desbloquearse con la licitación de las obras del desdoblamiento y ampliación del colector -previas a las obras propiamente del tranvía- y de urbanización de la arteria. El pasado marzo, con los votos a favor del PSC, Barcelona en Comú y ERC, se aprobaron los proyectos que tendrán un coste de 62 millones (colector) y 53 (reurbanización). Paralelamente, la Generalitat deberá licitar las obras de la red tranviaria, con un presupuesto aproximado de unos ochenta millones de euros. Las obras de conexión del tranvía hasta Francesc Macià se elevarán hasta los 200 millones y desde el momento en que comiencen las obras se prevé que la duración sea de unos cuarenta meses.
Aprobación definitiva del reglamento de las pistolas Taser
Más allá de los acuerdos que Collboni ha cerrado con Barcelona en Comú y ERC, el alcalde ha conseguido sacar adelante el endurecimiento de la nueva Ordenanza de civismo, con el apoyo decisivo de Junts per Barcelona (los republicanos también votaron a favor), de la que Junts dice que aún espera el «cumplimiento efectivo». Juntaires y socialistas intentaron también llegar a un acuerdo para revisar la normativa del 30%, la regulación que obliga a los empresarios a destinar el porcentaje del 30% de las nuevas promociones de vivienda y grandes rehabilitaciones a pisos sociales, pero no lo consiguieron. Este otoño, el voto de Junts será decisivo para aprobar definitivamente el reglamento de uso de las pistolas Taser por parte de la Guardia Urbana, una iniciativa que también recibirá el apoyo del PP. Se trata de un paso previo obligatorio antes de iniciar el expediente para la compra de las armas.
Junts, Barcelona en Comú y ERC reprochan al PSC que quedan por cumplir compromisos que el gobierno adquirió con ellos. Desde Junts mencionan que lo más importante son las ayudas directas para compensar los comercios y actividades económicas afectados por las obras públicas de larga duración. “Debería resolverse este trimestre, antes de acabar el año”, dicen fuentes de Junts. La formación, que en el Ayuntamiento preside Jordi Martí Galbis, recuerda que el gobierno también se comprometió a dar ayudas a las familias que no han podido acceder a una plaza de guardería pública y a resolver este verano las deficiencias detectadas en centros educativos públicos de la ciudad que fueron climatizados en 2024 y 2025 y que hacen que haya aulas a más de 30°.
Barcelona en Comú dice que no se ha movido un dedo para limitar el alquiler de temporada. Tampoco se ha aplicado el acuerdo del pleno de destinar al menos 150 millones a la compra de vivienda mediante tanteo y retracto. El grupo municipal denuncia que Collboni no ha detenido los desalojos en Vallcarca y aún está pendiente de ratificarse el acuerdo con el Puerto para eliminar dos terminales de cruceros. Además, Barcelona en Comú está a la espera de que Collboni mueva ficha para implantar un IBI más progresivo, un instrumento que requiere una aprobación previa del Congreso de los Diputados, y que incremente el ritmo de construcción de kilómetros de carril bici.
Regular el acceso al Turó de la Rovira
Desde ERC, mencionan que no se han hecho los cambios normativos para prohibir la exposición y venta de souvenirs y productos turísticos ofensivos y que es necesario aplicar la reducción de aforo en el Park Güell, regular el acceso de los turistas al Turó de la Rovira y lanzar las campañas para la promoción del catalán (por ejemplo en la restauración). El grupo que encabeza Elisenda Alamany dice que también es necesario regular los alquileres comerciales y hacer un catálogo de establecimientos singulares y los cambios normativos necesarios para evitar cierres de bares históricos. Recuerdan a Collboni que debe activar el préstamo municipal, hasta 80.000 euros, para pagar la entrada de una vivienda; la bonificación del 50% del comedor escolar y reducir a la mitad el costo de los centros de verano (una parte que debería financiarse a través de la tasa turística). También defienden recuperar la Escuela del Mar como Museo de la Educación de Cataluña. Según ERC, se está buscando una nueva ubicación, lo que hará que no se cumpla lo que se acordó.
El PP cita entre los deberes pendientes de Collboni con Daniel Sirera la creación de una oficina antiocupación, la gratuidad de las guarderías municipales, la climatización de los mercados, compensaciones y bonificaciones a los afectados por obras de larga duración, la promoción del barrio judío del Call y un plan integral de seguridad en el metro y otro de lucha contra las armas blancas. El grupo municipal recuerda también el compromiso del alcalde en crear una comisión mixta con el sector para la promoción comercial, eliminar los souvenirs ofensivos de las tiendas y crear una ruta de Miguel de Cervantes en Barcelona.
