Junts per Barcelona, Esquerra Republicana y Alhora han cargado duramente contra el gobierno municipal de Jaume Collboni después de que el Ayuntamiento haya admitido abiertamente que evita inspeccionar y sancionar los establecimientos comerciales de la ciudad en cuanto al cumplimiento de la normativa lingüística. El presidente del grupo municipal y candidato a la alcaldía, Jordi Martí Galbis, acompañado de la portavoz Neus Munté, ha calificado la situación de «inacción irresponsable» y ha asegurado que el problema no es de falta de recursos, sino del mismo ejecutivo socialista. «Esto no es un problema de recursos ni de capacidad. Cuando un gobierno decide no inspeccionar, no sancionar y no hacer cumplir la ley en materia de lengua, el problema tiene nombre y apellidos: se llama Gobierno Collboni», ha sentenciado Martí Galbis desde la Fiesta Mayor de Sants.
El líder de la formación ha enmarcado esta denuncia en el contexto de regresión del uso social del catalán y ha recordado que la Carta Municipal de Barcelona establece el catalán como lengua propia de la ciudad y de uso del Ayuntamiento. Desde Junts reclaman que se aplique la ley, se realicen las inspecciones correspondientes y se ejecuten las sanciones previstas para los comercios que no respeten los derechos lingüísticos de los ciudadanos. «Tenemos unas normas. Unas normas que protegen los derechos lingüísticos de los catalanoparlantes en Barcelona. Y el gobierno de Collboni ha decidido, conscientemente y deliberadamente, no hacerlas cumplir. Esto es una irresponsabilidad inaceptable», ha subrayado el presidente de Junts. Martí ha subrayado que la posición de Junts con la lengua es meridianamente clara: «El catalán se defiende. Siempre, con todo y en todas partes. No hay excusas que valgan, no hay argumentos presupuestarios que justifiquen abandonar la lengua propia de Barcelona y de Cataluña». Con todo, el alcaldable de Junts ha reclamado a Collboni ejercer «el liderazgo que la capital de Cataluña le exige en la defensa de su lengua”.
Por su parte, la candidata de ERC a la alcaldía de Barcelona, Elisenda Alamany, ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento está evitando inspeccionar y sancionar los comercios que incumplen la normativa lingüística, anunciando que el grupo municipal registrará hoy mismo un ruego por escrito para pedir una rectificación inmediata al gobierno socialista. Concretamente, los republicanos reclaman que el concejal de Cultura e Industrias Creativas, Francesc Xavier Marcé, comparezca ante la comisión competente del Ayuntamiento para dar explicaciones sobre la decisión de «no realizar inspecciones ni iniciar procedimientos sancionadores ante las denuncias relativas al incumplimiento de la normativa lingüística en establecimientos comerciales de la ciudad». Asimismo, piden conocer los criterios y protocolos actualmente vigentes para tramitar las denuncias por incumplimientos de la normativa lingüística, del número de denuncias recibidas, de las actuaciones informativas, inspectoras y sancionadoras realizadas». «Sabemos que no se lo creen porque somos los que más hemos empujado», ha remarcado la secretaria general de Esquerra. En este sentido, la candidata se ha comprometido a hacer del catalán una prioridad absoluta cuando gobiernen, garantizando el cumplimiento de la ley y la creación de una concejalía específica.
Críticas a la comisionada de uso social del catalán
Además de críticas a Collboni, la inacción del ejecutivo socialista ha generado críticas hacia la comisionada de uso social del catalán del Ayuntamiento, Marta Salicrú. Por ejemplo, la vicepresidenta de Alhora, Júlia Ojeda, ha reclamado la dimisión de Salicrú porque «reconocer esto y no dimitir es cinismo oportunista». «Debemos echar al PSC y a sus colaboradores “expertos” colocados en cargos escaparate de todas partes», ha añadido en un comentario en la red social X a la noticia publicada ayer por este diario. «¿Se puede saber qué hace esta señora?», se ha preguntado el concejal de Junts en Cabassers Carles Prats, quien ha subrayado que la comisionada tiene un sueldo de 78.941 euros brutos anuales. «Ya se nota el año y pico de intensa labor de la flamante comisionada» o «admite que tiene un comisionado de uso social del catalán cobrando paga por nada», son otras de las respuestas que se pueden leer en la red social.
