Junts per Barcelona, Esquerra Republicana y Alhora han cargado duramente contra el gobierno municipal de Jaume Collboni después de que el Ayuntamiento haya admitido abiertamente que evita inspeccionar y sancionar los establecimientos comerciales de la ciudad en cuanto al cumplimiento de la normativa lingüística. El presidente del grupo municipal y candidato a la alcaldía, Jordi Martí Galbis, acompañado de la portavoz Neus Munté, ha calificado la situación de «inacción irresponsable» y ha asegurado que el problema no es de falta de recursos, sino del propio ejecutivo socialista. «Esto no es un problema de recursos ni de capacidad. Cuando un gobierno decide no inspeccionar, no sancionar y no hacer cumplir la ley en materia de lengua, el problema tiene nombre y apellidos: se llama Gobierno Collboni», sentenció Martí Galbis desde la Fiesta Mayor de Sants.
El líder de la formación ha enmarcado esta denuncia en el contexto de regresión del uso social del catalán y ha recordado que la Carta Municipal de Barcelona establece el catalán como lengua propia de la ciudad y de uso del Ayuntamiento. Desde Junts reclaman que se aplique la ley, se realicen las inspecciones correspondientes y se ejecuten las sanciones previstas para los comercios que no respeten los derechos lingüísticos de los ciudadanos. «Tenemos unas normas. Unas normas que protegen los derechos lingüísticos de los catalanohablantes en Barcelona. Y el gobierno de Collboni ha decidido, conscientemente y deliberadamente, no hacerlas cumplir. Esto es una irresponsabilidad inaceptable», subrayó el presidente de Junts. Martí subrayó que la posición de Junts con la lengua es meridianamente clara: «El catalán se defiende. Siempre, con todo y en todas partes. No hay excusas que valgan, no hay argumentos presupuestarios que justifiquen abandonar la lengua propia de Barcelona y de Cataluña». Con todo, el alcaldable juntaire ha reclamado a Collboni ejercer «el liderazgo que la capital de Cataluña le exige en la defensa de su lengua”.
Por su parte, la candidata de ERC a la alcaldía de Barcelona, Elisenda Alamany, ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento está evitando inspeccionar y sancionar los comercios que incumplen la normativa lingüística, anunciando que el grupo municipal registrará hoy mismo un ruego por escrito para pedir una rectificación inmediata al gobierno socialista: «Sabemos que no se lo creen porque somos los que más hemos empujado». La secretaria general de Esquerra ha exigido explicaciones claras y ha recordado que el establecimiento comercial debe conocer la ley y que saltársela debe tener consecuencias. En este sentido, la candidata se ha comprometido a hacer del catalán una prioridad absoluta cuando gobiernen, garantizando el cumplimiento de la ley y la creación de una concejalía específica.
Críticas a la comisionada de uso social del catalán
Además de críticas a Collboni, la inacción del ejecutivo socialista ha generado críticas hacia la comisionada de uso social del catalán del Ayuntamiento, Marta Salicrú. Por ejemplo, la vicepresidenta de Alhora, Júlia Ojeda, ha reclamado la dimisión de Salicrú porque «reconocer esto y no dimitir es cinismo oportunista». «Debemos echar al PSC y sus colaboradores “expertos” colocados en cargos escaparate de todas partes», añadió en un comentario en la red social X a la noticia publicada ayer por este diario. «¿Se puede saber qué hace esta señora?», se preguntó el concejal de Junts en Cabassers Carles Prats, quien subrayó que la comisionada tiene un sueldo de 78.941 euros brutos anuales. «Ya se va notando el año y pico de intensa labor de la flamante comisionada» o «admite que tiene un comisionado de uso social del catalán cobrando un sueldo para nada», son otras de las respuestas que se pueden leer en la red social.
