El pleno de Barcelona ha aprobado instar al gobierno español y al Congreso de los Diputados a hacer los cambios necesarios para “regular o moderar los incrementos de los alquileres comerciales”. La iniciativa, en formato de declaración institucional, ha sido presentada por el grupo municipal del PSC y ha llegado a menos de un año de las elecciones y dos años después de que la comisión de Economía debatiera y llevara adelante una propuesta de ERC similar, tal como ya explicó el TOT Barcelona. Aunque Junts per Barcelona, Barcelona en Comú y ERC han avalado la propuesta, al ejecutivo socialista le han llovido las críticas por parte de todos los grupos municipales, cada uno con sus argumentos.
ERC, un grupo que lleva todo el mandato presentando medidas para preservar los comercios emblemáticos, ha asegurado que la propuesta socialista es “de cara a la galería”, según el concejal Jordi Coronas. “No han hecho nada para resolver el problema”, ha añadido. A lo largo del mandato, han sido numerosos los establecimientos que han cerrado porque les subían los alquileres, como la ferretería Camps y el horno Santa Clara, ambos en Gràcia. Los republicanos han recordado que también se pueden regular los arrendamientos urbanos desde el Código Civil de Cataluña, como empezó a tramitar el Gobierno de Pere Aragonès.
Amplio apoyo a regular los alquileres comerciales, según el Barómetro
Barcelona en Comú, a través del concejal Pau Gonzàlez, ha dicho que se trata de una iniciativa que se ha presentado porque en el Barómetro municipal, que se dio a conocer hace dos semanas, el 76% de los encuestados apoyó una regulación del alquiler de los locales comerciales.
Desde Junts per Barcelona, la concejala Joana Ortega ha remarcado que la solución planteada por los socialistas «es equivocada». «Traslada el problema a los propietarios». Para Ortega, el problema debe afrontarse desde las competencias de Barcelona y Cataluña. «No hace falta pedir una intervención del Estado». Ortega también ha preguntado al gobierno municipal qué ha hecho en estos dos años en este ámbito, desde que se debatió y votó la propuesta de ERC en la comisión de Economía.
El PP no es partidario de intervenir el mercado
Daniel Sirera, presidente del grupo municipal del PP, ha recordado que ellos no son partidarios «de intervenir el mercado» y ha reprochado al alcalde que el modelo comercial de la ciudad, después de gobiernos de Ada Colau y el PSC, es de súpers 24 horas y tiendas de cannabis y souvenirs. Sirera también ha criticado que en la Sagrada Familia se está multando a los comerciantes «sin previo aviso» por los letreros de los locales, entre otros temas, y cuando estos piden explicaciones al distrito, «no se les responde».
La propuesta socialista, que ha defendido la teniente de alcaldía Raquel Gil, manifiesta el compromiso del Ayuntamiento en el apoyo de los comercios de proximidad y establecimientos singulares y tradicionales como elementos fundamentales de la identidad de los barrios y de la ciudad, y plantea impulsar una reforma de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) para establecer medidas que permitan limitar o contener los precios de los locales comerciales. El PSC de Collboni quiere que se haga “en aquellas zonas especialmente afectadas” por el incremento de precios, con el objetivo de garantizar la permanencia de los pequeños comerciantes, preservar la diversidad comercial de los barrios y evitar la sustitución del comercio de proximidad.
