El nuevo contrato municipal del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) ha sido la gota que ha colmado el vaso. El pastel, con un valor estimado de más de 900 millones de euros, se lo repartirán, si no hay ningún cambio de última hora, las empresas Serveo, del fondo de inversión Portobello, y Atende, la filial de servicios sociales de Clece, una compañía de ACS, el grupo empresarial de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. El problema de fondo es que se “mercantilizan” los servicios sociales, en palabras de la concejala de ERC Eva Baró, ya que algunos grandes contratos de atención a las personas los están ganando “empresas con ánimo de lucro” y se están dejando de lado entidades sociales históricas en la gestión de estos servicios. En el mismo sentido se ha posicionado, Neus Munté, de Junts, para quien las adjudicaciones del gobierno de Jaume Collboni están «desmantelando programas sociales de éxito y debilitando el Tercer Sector Social catalán». Junts alerta que se pierde la cogobernanza con las entidades sociales y se pone en riesgo la calidad de los servicios y la atención a las personas más vulnerables.
Según el Ayuntamiento, el contrato del SAD está en proceso de adjudicarse. El sitio web de contratación pública sitúa el expediente en evaluación, pero la mesa de adjudicación ya se ha reunido y ha decidido a quién otorga cada uno de los cuatro lotes. Atende ha ganado los lotes de los distritos de Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia y Horta (más de 110 millones), y de Nou Barris y Sant Andreu (más de 123 millones). Y Serveo se ha impuesto en los lotes de los distritos de Ciutat Vella y Sant Martí (más de 113 millones), y de Sants-Montjuïc, el Eixample y les Corts (más de 105 millones). El precio base de licitación era de más de 452 millones de euros, con el IVA incluido, pero el valor final será de más de 900 millones por las prórrogas y otros costes.
Aumento retributivo
En un comunicado, el consistorio destaca las virtudes del nuevo contrato: promete la incorporación de nuevos perfiles profesionales, mejoras organizativas y de comunicación a los usuarios, más proximidad y más dignidad en los cuidados. Por otro lado, la adjudicación incluirá los acuerdos del nuevo convenio colectivo de empresas de atención domiciliaria de Cataluña, firmado a finales del año pasado. «El punto más relevante es el aumento retributivo del 41,55%, que se aplicará de manera progresiva hasta el 2031», según fuentes municipales. En 2025, el SAD atendió a 19.598 personas, con la prestación de más de 3,5 millones de horas de servicio.
Las entidades sociales no pueden competir con las grandes empresas
Si se acaba adjudicando el contrato del SAD a Serveo y Atende, tal como adelantó eldiario.es, supondrá que quede fuera la cooperativa catalana Suara, que había estado presente en la gestión del servicio desde el comienzo. «Se está perdiendo la presencia del Tercer Sector Social en la gestión de programas y servicios importantes en nuestra ciudad, lo cual puede tener un impacto sobre colectivos vulnerables. Se está consolidando una manera de gobernar en la que toda la capacidad de decisión recae exclusivamente en la administración y donde cada vez es más difícil que una entidad social o una cooperativa pueda competir con grandes empresas mercantiles», advierte Munté.
El caso del SAD no es único. El programa Làbora (vinculado a la inserción laboral), el SAIER (Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados) o varios centros de primera acogida, hasta ahora gestionados por entidades sociales, han perdido el concurso frente a grandes empresas. Por ejemplo, Cruz Roja, ECAS, FEICAT y Cáritas han dejado de gestionar el programa Làbora en la ciudad, y ABD, AMIC y CITE, el SAIER. «El problema es que en las licitaciones del Ayuntamiento puntúan más las ofertas económicas que los proyectos técnicos y sociales, y esto provoca que entidades con experiencia, conocimiento y arraigo no puedan competir con grandes empresas que solo pueden hacer ofertas más bajas», alerta Baró. «Cuando proyectos sociales pasan a ser gestionados por empresas que no están especializadas en la atención social, el riesgo es evidente: peor calidad en la atención, peores condiciones laborales y pérdida del modelo comunitario que ha caracterizado Barcelona durante décadas», añade la concejala republicana.
Ho venim advertint tot el mandat: el govern Collboni mercantilitza els serveis a les persones. Ara, amb el Servei Atenció Domiciliària SAD #900MEUR passant a mans de Ferrovial i Florentino, es confirma q el model barceloní d’atenció social s’ha acabat…https://t.co/FDnGsfVsou
— Eva Baró Ramos 🎗🍉 (@evabaror) July 17, 2026
ERC es partidaria de que el gobierno municipal busque alternativas legales para prorrogar los servicios y evitar nuevas licitaciones hasta que el Parlamento de Cataluña apruebe la futura ley catalana de concertación social. «Barcelona ha sido pionera en un modelo de colaboración público-social reconocido por todos. Lo que no podemos hacer ahora es sustituirlo por una lógica mercantil donde el criterio principal sea quien presenta la oferta más barata», reivindica Baró.
Un reglamento regulará la prestación del servicio
Por otro lado, y como novedad, el nuevo contrato del SAD incluirá un reglamento para establecer un marco normativo que regule, garantice y refuerce la seguridad jurídica de los usuarios, los profesionales y las empresas prestadoras del servicio, según fuentes municipales. En la regulación, destaca la incorporación de la perspectiva de género al servicio «para reconocer la feminización del sector laboral de los cuidados y constatar la responsabilidad de las administraciones de promover la democratización de los trabajos de cuidados». La normativa prevé que se pueda multar tanto a los usuarios y su entorno como a las empresas. Las infracciones van de leves a muy graves y las sanciones pueden conllevar la finalización del servicio o multas económicas de hasta 100.000 euros en el caso de las entidades prestadoras, subraya el Ayuntamiento.
ACS ya no está en la lista negra de empresas de la ONU
A finales de septiembre del año pasado, la ONU incluyó a ACS en la lista negra de empresas con negocios en los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania. De inmediato, ACS dijo que se trataba de un error y afirmó que la empresa mencionada, SEMI, ya no formaba parte del grupo ACS desde 2021. El grupo que preside Florentino solicitó que se eliminara ACS del listado de la ONU y de cualquier publicación vinculada. El Ayuntamiento aprobó en 2025 no contratar empresas que aparecieran en el listado de la ONU. Ahora, fuentes municipales subrayan que “actualmente” ACS no forma parte del listado de empresas que publica la ONU.
