El Ayuntamiento de Barcelona realizará un nuevo plan de usos de Ciutat Vella que será más restrictivo con las actividades que se quieran instalar en bajos y las que generen un impacto negativo en el territorio. De hecho, los trámites ya se han iniciado, ya que el 7 de noviembre, el consistorio sacó a concurso la Redacción de los trabajos de modificación del planeamiento para la regulación de las actividades de pública concurrencia y otras actividades en el Distrito de Ciutat Vella. La oferta pública, a la cual pueden presentarse las empresas interesadas hasta el 21 de noviembre, sale a concurso por 91.300 euros, sin IVA. La licitación se puede consultar aquí.
El distrito cuenta con un plan de usos del año 2018, además de otro específico para la Rambla (2014), y varias voces han solicitado hacer uno nuevo. Así, por ejemplo, lo explicitó a finales del año pasado ERC, que lo llevó a la comisión de Urbanismo de diciembre, donde se aprobó la propuesta. Según explicó entonces la concejala Elisenda Alamany, el nuevo planeamiento debería regular de manera eficaz qué comercios abren en el distrito (evitando los monocultivos), fomentar la ocupación y aparición de nuevos comercios de proximidad dirigidos al vecindario y reforzar las inspecciones para garantizar que la norma se cumpla. En opinión de los republicanos, el planeamiento actual no ha funcionado.
Ahora, Alamany dice al TOT Barcelona que «recuperar el control del distrito es clave para garantizar que Ciutat Vella no sea solo un destino turístico, sino un lugar donde vivir con dignidad». Y añade que es necesario enmendar políticas que nos han llevado hasta aquí. «Continuaremos marcando el camino para que los barrios de Barcelona sean para su gente. Barrios donde acabemos con el monocultivo comercial y protejamos el comercio de proximidad, que es lo que da personalidad a nuestros barrios. Continuaremos trabajando y exigiendo al gobierno municipal que es necesario proteger el estilo de vida de Barcelona con herramientas eficaces, como este plan de usos, y el aumento de las inspecciones para garantizar su cumplimiento».
Suspensión de licencias
A la espera de que se disponga de la nueva regulación, el gobierno de Jaume Collboni aprobó a principios de julio una suspensión de licencias en todo Ciutat Vella que prohíbe la apertura de establecimientos para el cultivo de cannabis y productos relacionados, locales de carcasas, fundas y complementos para móviles, y salones de manicura o pedicura. Según el Ayuntamiento, la limitación de las citadas actividades en todo Ciutat Vella responde a intentar “evitar el monocultivo de actividad económica enfocada al visitante, que pone en riesgo la singularidad del comercio local de proximidad y, por tanto, la actividad económica propia de Barcelona”.
Además, el Ayuntamiento ha suspendido la concesión de licencias de actividad y de obras en la Rambla, un hecho que ha despertado la preocupación y las críticas de la entidad Amics de la Rambla, ya que la interrupción «frena cualquier nueva actividad en la Rambla» y afecta comercios y proyectos culturales singulares, a su parecer. Sobre esta cuestión, el alcalde opina que la suspensión es la herramienta para «controlar el comercio que queremos en una zona que está sometida a mucha presión y en transformación», dijo hace unos días en la entrega de los galardones de los Ramblistas de Honor. Collboni cree que la Rambla debe preservar su esencia y los usos culturales -con el Teatre Principal y l’Antiga Foneria dels Canons, entre otros equipamientos a recuperar- y ser atractiva para los barceloneses.
Por otro lado, en el plenario de abril pasado, se aprobó definitivamente una modificación del plan de usos vigente en Ciutat Vella, que limita la apertura de nuevos supermercados en “lugares saturados” del distrito y permite que abran todo tipo de equipamientos culturales. La nueva regulación recibió los votos favorables del PSC, Barcelona en Comú y Junts; ERC y Vox se abstuvieron, y PP votó en contra.
Según el presidente de Amics de la Rambla, Pau Bosch, los planes de usos se hacen para que duren un cierto tiempo y deben ir revisándose, pero asegura que una medida que está fuera de lo previsto en la ley es suspender licencias sin tener claro hacia dónde quiere ir la revisión, subraya sobre la suspensión de licencias hecha en la Rambla. «Se debe hacer el diagnóstico con el plan vigente. Y cuando se haya hecho el diagnóstico y se esté en el trámite entre la aprobación inicial y final, es cuando se debe hacer la suspensión de licencias». En opinión de Bosch, si se hace antes, «se desvirtúa el objeto de la suspensión. Solo se utiliza para frenar». Y añade que desde la entidad son más partidarios «de suspender puntualmente aquellas actividades que después se quieran prohibir, si no tiene lugar un efecto llamada, como se hizo en julio con los productos cannábicos, carcasas de móviles y establecimientos de uñas. Con esto estamos de acuerdo, pero se debe ser muy selectivo porque si no se perjudica gravemente a los locales vacíos».
Normativa restrictiva de las plantas bajas
En el pliego técnico de la licitación para elaborar un nuevo plan de usos de Ciutat Vella, el consistorio indica que es necesario «regular las actividades» que se llevan a cabo en este territorio «para lograr un equilibrio entre las que atienden las necesidades de los vecinos y las que están relacionadas con la economía del turismo». Y pone el foco en «la importancia de establecer una normativa restrictiva sobre el uso de las plantas bajas, especialmente en lo que respecta a las actividades que pueden resultar invasivas o que provocan concentraciones de actividades similares, así como aquellas que generan impactos negativos en el territorio». Además, el nuevo plan de usos incluirá «una reordenación general de las actividades que tienen lugar en el distrito».
El encargo que se hace ahora son los trabajos previos «para poder elaborar un diagnóstico basado en datos reales» y que incluirá el análisis del impacto de los dos planes de usos vigentes y el resto de la normativa que afecte la actividad económica. El trabajo que se realice deberá incorporar la elaboración de nuevos censos de actividades con las nuevas tipologías de actividades a regular y las afectadas por la suspensión de licencias, con el objetivo de valorar qué actividades necesitan regulación, «ya sea para limitar su impacto o para potenciar sus beneficios».
Una comisión de seguimiento
Según la documentación consultada por TOT Barcelona, durante el proceso se creará una comisión de seguimiento formada por representantes del Ayuntamiento, el tejido social y vecinal y los sectores de las diferentes actividades económicas. «En el marco de esta comisión se presentarán y se analizarán propuestas y se valorarán, sin carácter vinculante, las sugerencias que surjan», subraya el pliego técnico.
La licitación establece diferentes fases de trabajos hasta la elaboración del documento del nuevo plan de usos que se llevará a aprobación definitiva al plenario del Ayuntamiento. Por un lado, la fase 0 consistirá en los trabajos previos y la actualización de los censos. Más adelante, se realizará el documento de diagnóstico y criterios y que incluirá, entre otros aspectos, «la delimitación, si procede, de los diferentes ámbitos a regular, las actividades a regular con los parámetros urbanísticos correspondientes y los criterios de gestión del plan de usos». Finalmente, se elaborarán los documentos de planeamiento que se presentarán a los grupos municipales y se votarán en el plenario para la aprobación inicial y, posteriormente, la documentación para la aprobación definitiva y que prevé también las conclusiones del proceso de participación ciudadana. Toda la elaboración y tramitación puede tardar alrededor de unos dos años, según el pliego técnico.
