La pesadilla particular de Jordi Callejo comenzó hace cuatro años y medio. Este técnico de profesión fue víctima de un presunto caso de discriminación y agresión racista en la empresa barcelonesa de relojes donde llevaba trece años trabajando. Inmediatamente después de los hechos, tomó una baja por ansiedad y depresión. El caso terminó en manos tanto de la Inspección de Trabajo como de la Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona, dado que Callejo entonces ejercía como concejal del distrito de Ciutat Vella por parte de ERC. La víctima presentó una denuncia por un delito de odio y por daños morales y psicológicos y protagonizó varias protestas a las puertas de las instalaciones que la firma tiene en Mataró, por las cuales fue suspendido 60 días de sueldo y empleo.
🔴⚫️ Hoy la empresa #MareaWatches no se ha presentado a la mediación con el compañero Jordi. @CGT reclamamos la retirada de la sanción y el fin de la actitud racista del encargado de la empresa.
— CGT BarcelonⒶ (@CGTBarcelona) 23 de julio de 2024
¡Basta de represión!
Si tocan a uno, nos tocan a todos 💪🏴 pic.twitter.com/j4TjGnlKIf
«No existen prácticamente casos de despidos por discriminación racista porque la mayoría de veces lamentablemente no se llegan ni a denunciar. La gente calla y eso hace que no haya jurisprudencia«, señalaba el exconcejal barcelonés en un reportaje publicado ahora el verano de 2024 en TOT Barcelona, donde confiaba que su caso pudiera marcar el camino legal a seguir y animara a los trabajadores que sufran este tipo de actitudes y vejaciones a denunciar sus casos. Dos años después, su caso está pendiente del veredicto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que próximamente deberá determinar si su caso se puede considerar una enfermedad profesional causada por un delito de odio. Si el alto tribunal catalán se posiciona a favor del exconcejal de distrito, sería una sentencia pionera en Cataluña y en el Estado. Tanto la compañía como la víctima podrían elevar el caso al Tribunal Constitucional (TC) si están en desacuerdo con el veredicto del TSJC.
Aparte de este cambio de contingencia, como se denomina técnicamente al proceso para confirmar una incapacidad laboral, Callejo ha sido absuelto en el camino de un delito de amenazas, después de que uno de los directivos de su empresa lo denunciara sin pruebas y en un caso que él mismo califica de «represalia laboral» para echarlo de la compañía.
Un precedente esperanzador para marcar jurisprudencia
Lejos de acabar el conflicto con la empresa en aquel episodio de discriminación y agresión racista, cuando Callejo se reincorporó a la plantilla a principios de mayo de 2024 después del período de baja, se produjo otro episodio que les ha valido a tres responsables de la compañía de relojes barcelonesa una querella penal por parte de la Fiscalía por vejaciones y trato degradante, violación de la intimidad y difusión ilícita de imágenes. Los hechos concretos por los cuales el ministerio público ha presentado la denuncia tuvieron lugar hace justo un año, el 8 de mayo de 2024. El exconcejal republicano se encontraba ese día en las instalaciones que la empresa tiene en Mataró cuando sufrió una crisis agorafóbica ansiosa que lo derivó en una ingesta masiva de fármacos con riesgo para su vida. Según el relato de la Fiscalía, al que ha tenido acceso TOT Barcelona, ante una situación que requería atención médica inmediata, uno de los directivos investigados se habría negado a llamar a una ambulancia. Fue necesaria la intervención de un delegado sindical para contactar con el 112.
Antes de la llegada de los servicios médicos, dos de los querellados habrían ordenado al resto de empleados de la compañía presentes en el recinto que no interactuaran con el denunciante, lo que «incrementó su aislamiento y angustia». Uno de estos directivos habría comenzado entonces a hacer comentarios despectivos contra el exconcejal barcelonés como «basta de numeritos», grabándolo mientras sufría esta crisis y expulsándolo fuera de las instalaciones, «menospreciando su dignidad«. En ese momento, dos de los investigados habrían aprovechado para grabar un vídeo donde aparece la víctima en un evidente estado de vulnerabilidad y lo habrían hecho circular entre la plantilla «exponiendo su salud mental sin su consentimiento».
Con los indicios sobre la mesa, la Fiscalía considera que la situación descrita podría ser constitutiva de delitos de vejaciones y trato degradante, violación de la intimidad y difusión ilícita de imágenes, con condenas que podrían elevarse a varios años de prisión. En su querella, el ministerio público solicita a los Juzgados de Mataró la práctica de varias diligencias para comprobar los hechos descritos, entre las cuales pide tomar declaración a la víctima y a los tres investigados, así como la comprobación de los antecedentes penales de los querellados. Según ha podido saber este medio, la causa ya está en fase de instrucción y lo más probable es que en un futuro próximo se celebre el juicio por el incidente ocurrido el 8 de mayo de 2024. Más allá de la Fiscalía, la defensa de Callejo se presentaría como acusación particular.
Desde este último incidente de hace dos años, el exconcejal de distrito no volvió a pisar la empresa de relojes. Prevención de Riesgos Laborales acabó determinando que no se podía incorporar y el técnico se desvinculó definitivamente de la compañía el pasado mes de marzo. Callejo encara con optimismo el litigio judicial que previsiblemente tendrá que afrontar y mantiene que quiere que su caso sea un ejemplo para todos aquellos que puedan haber sufrido situaciones de discriminación por motivos racistas u otros delitos de odio: «La querella penal de la Fiscalía ya ha fijado un precedente importante, pero que el TSJC me diera la razón, sí que marcaría jurisprudencia para casos similares».
