Barcelona pierde cada dos por tres edificios que forman parte de su patrimonio. Son, en general, fincas que no están protegidas y acaban en el suelo, a pesar de la importancia arquitectónica que, en muchos casos, tienen, y de formar parte de la memoria y la historia de un barrio. Por ejemplo, hace pocos días, la antigua Casa de la Mel, un inmueble de finales del siglo XIX del barrio del Farró, que durante 20 años había sido la discoteca Humedad Relativa, fue derribada. En 2021, le tocó a la isla de las lavanderas de Horta y a la torre Paula Canalejo, una joya modernista del barrio del Putxet. En enero del 2023 se destruyó una casa centenaria de la calle de Xifré, 111, en el Camp del Arpa del Clot. La propiedad había pedido el permiso antes de que entrara en vigor una suspensión de licencias para evitar el derribo de edificios con valor patrimonial. En septiembre del 2023, desapareció uno de los barrios obreros históricos de les Corts, el del Camp de la Creu, dentro de la reforma de la Colònia Castells. Y en enero del 2024, se derribó el pabellón de las Eléctricas de Montjuïcc. La lista es larga…
El investigador, experto en patrimonio y secretario general de la Sociedad Catalana de Arqueología, Joan Carles Alay dice que hace falta «una revisión a fondo del catálogo del patrimonio de la ciudad. Es muy antiguo. Es urgente ir introduciendo más edificios y elementos. Le faltan muchos que antes no se consideraban que tuvieran valor patrimonial». Alay también sostiene que se tiene que aplicar la legislación vigente y hacer «una interpretación de la ley del patrimonio que sea más favorable al patrimonio». Y opina que, ante casos como los citados, las administraciones tienen que actuar para frenar los derribos. «Tiene que haber alguna manera. Hace falta voluntad política. Y ajustar los recursos al patrimonio y no a la inversa», explica. Alay es consciente que no se puede proteger todo, pero pide actuar con «criterio» y que se pueda detectar que un edificio es importante antes de que se derribe.
Salvar las casitas de Encarnació, 8,8 millones
La falta de protección de algunos edificios históricos ha obligado el Ayuntamiento a hacer uso del talonario, en alguna ocasión, para salvar una parte del patrimonio de la ciudad. Este fue el caso de las casitas de la calle de la Encarnació de Gràcia. El 2020, el Ayuntamiento se tuvo que gastar 7,4 millones de euros (8,8 millones con IVA) para comprarlas y evitar que fueran al suelo. El consistorio había concedido la licencia de derribo y un permiso de obras para levantar pisos y aparcamientos. Las casitas no estaban protegidas, y después de una movilización vecinal, el consistorio cerró un acuerdo con la propiedad para expropiarlas, así como la encina de 200 años. Está previsto que se construya pisos dotacionales y un casal de gente mayor, a pesar de que en un primer momento se habló de una guardería. También la expropiación, pero sin acuerdo, fue el camino elegido en 2020 para evitar que el antiguo Hotel Buenos Aires de Vallvidrera, un edificio modernista, se convirtiera en un establecimiento hotelero de lujo. El Ayuntamiento presupuestó la operación en unos 3,5 millones de euros, pero el verano pasado el TSJC anuló la modificación del PGM aprobada por el consistorio, por un defecto de forma, para convertir el edificio en viviendas y equipamientos. Fuentes del Ayuntamiento recuerdan ahora que la intención era presentar un recurso, pero no confirman que se haya hecho.
La oposición cargó contra la operación municipal para salvar las casitas de la Encarnació por el elevado coste y la improvisación del gobierno de Ada Colau. Uno de los partidos que más ha criticado las actuaciones municipales los últimos años en el ámbito patrimonial ha sido ERC. En respuesta al TOT Barcelona, el regidor republicano, Jordi Coronas, hace dos valoraciones, una de técnica y otra de política. Técnicamente, Coronas defiende que «hay que poner al día el catálogo de patrimonio y reforzar los servicios de patrimonio del Ayuntamiento, para que siempre vamos persiguiendo la pelota y al final se acaba salvando aquello que tiene movimientos vecinales firmes detrás y sacando el talonario de dinero público. Hay que proteger y no solo salvar aquello que se decida de forma arbitraria y con un coste demasiado elevado».
A lo largo de décadas, el movimiento vecinal ha permitido salvar edificios y monumentos importantes de la ciudad. Uno de los más destacados fue la Casa Golferichs, de la Gran Via de las Corts Catalanes. Núñez y Navarro quería derribar este magnífico palacete modernista de Joan Rubió i Bellver, para hacer pisos. Pero la movilización vecinal, con ocupación incluida de la finca, lo paró. El Ayuntamiento acabó comprando el palacete, que funciona como centro cívico desde 1989. Más reciente es el caso de la Torre Garcini del Guinardó. De nuevo, Núñez y Navarro la quería derribar para hacer viviendas, pero la presión popular lo impidió. El Ayuntamiento la compró en 2018 por siete millones de euros. La intención es convertirla en un casal de gente mayor, pero la transformación suma años de atrasos.
ERC dice que hace falta voluntad para proteger y promover el patrimonio
Desde el punto de vista político, Coronas sostiene que salvar el patrimonio es un tema de voluntad. «Hace falta voluntad política para proteger, promover y difundir el patrimonio de la ciudad». Desde ERC se ve necesario conservar «lo esencial de la identidad de nuestros barrios», y esto tiene que ver «con el patrimonio material, pero también con el comercio y con aquello que hace singulares muchos rincones de la ciudad».
En la comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior del pasado abril, el debate sobre la necesidad proteger el patrimonio de Barcelona se volvió a poner sobre la mesa. La presidenta del grupo municipal de ERC, Elisenda Alamany, subrayó que hay que revisar el catálogo patrimonial y arquitectónico de la ciudad, pero opinó que hay que ir más allá de los grandes monumentos y enumeró restaurantes emblemáticos de la ciudad que no están protegidos, como el Flash Flash o Il Giardinetto, o equipamientos singulares, como la nueva Sala Beckett y el mercado de Santa Caterina. Tampoco están catalogados símbolos de la ciudad, como el búho de la plaza de Jacint Verdaguer, indultado una vez por la presión popular, pero que en cualquier momento puede ir a tierra si no se protege. Según Alamany, en los edificios y elementos sin catalogar, hay que añadir un servicio municipal de patrimonio «infradotado» en personal y recursos y «disperso por las áreas del ayuntamiento», y el hecho de que no se está haciendo una gestión clara y un mantenimiento adecuado del patrimonio propio y del paisaje urbano.
No se puede proteger todo por «nostalgia»
La teniente de alcaldía de Urbanismo, Laia Bonet, asegura que el gobierno del PSC revisará el catálogo del patrimonio. «Nuestro compromiso es mantener, recuperar y conservar el patrimonio». Pero en la citada comisión advirtió que no se puede proteger todo por «nostalgia». «Catalogar edificios no puede impedir adaptarlos a los usos y a las necesidades actuales. Tenemos que ser más ambiciosos e ir más allá del que es estrictamente preservar de manera estática unas cuantas joyas arquitectónicas y readaptarlas», dijo Bonet. Desde el ejecutivo de Jaume Collboni se defiende hacer valer «la identidad colectiva» sin quedarse «congelado en un tiempo y dejar de avanzar». Bonet añadió que el catálogo se tiene que actualizar y adaptar, a pesar de que reconoció que no es una tarea fácil. De entrada, hay que decidir qué se protege y que no, reflexionó la regidora socialista. Sin embargo, su intención es hacer una revisión «con criterio técnicos rigurosos y cirugía fina». Desde el Ayuntamiento ya se ha empezado esta reflexión, junto con expertos que trabajan con la oficina de la arquitecta jefe, Maria Buhigas, exregidora de ERC el mandato pasado.
El patrimonio del Clot y el Camp del Arpa, protegido
Desde principios de este año, los barrios del Clot y el Camp del Arpa ya cuenta un plan específico de patrimonio que ha blindado unas 800 parcelas, 204 patrimoniales y 600 urbanísticas de estos territorios del distrito de Sant Martí, entre las que destacan la protección de 13 conjuntos patrimoniales -como los de las calles de Rogent, Clot y Sant Joan de Malta- y una docena de fincas individuales con el nivel C. Algunas de las más significativas son la Casa Josep Sabadell, en la Meridiana 99-101; la masía de Can Miralletes, en Conca 25; la cooperativa la Antiga del Camp del Arpa, en Fontova 12; un edificio austero de Josep Maria Jujol, en Independència 273, y la Casa Josep Salas, en Rossend Nobas 12. El plan para preservar el tejido social y urbanístico se elaboró a petición de las entidades vecinales después de una pérdida significativa del patrimonio. La gota que hizo derramar el vaso fue el derribo de la casa Estrella Coca, una casa casi centenaria de Rogent con València. En el solar se levantará un inmueble de Núñez y Navarro, que se ha comprometido a hacer una fachada mimética.
