El gobierno de Jaume Collboni gastará unos 200.000 euros anuales para detectar fake news sobre el Ayuntamiento y Barcelona. El consistorio ha licitado un contrato para localizar «narrativas de desinformación» que afecten a los órganos municipales y la ciudad. El presupuesto base neto es de un máximo de 402.284,24, IVA incluido, para dos años, 2027 y 2028, aunque las cláusulas administrativas de la oferta pública prevén una posible prórroga de dos años, con lo cual el gasto podría llegar hasta los 800.000 euros.

La intención del Ayuntamiento es rastrear contenidos en redes sociales -Instagram, Facebook, TikTok, X, Bluesky y Threads- y medios de comunicación digitales. Según recoge el pliego técnico de la licitación, la desinformación encuentra en los entornos digitales “un terreno especialmente fértil”. La exposición, prosigue el texto, “no se produce solo a través de contenidos abiertamente falsos, sino también mediante rumores, teorías conspirativas, contenidos descontextualizados, manipulaciones audiovisuales y mensajes que adoptan formas aparentemente fiables o cercanas”.

Tormenta política en el Ayuntamiento
La licitación de este contrato ha generado una tormenta política en el Ayuntamiento. El PP lo califica de “un atentado contra la libertad de expresión”. ERC sostiene que “la discrepancia con el gobierno no es desinformación”. Y Junts de Barcelona opina que “no es una medida de transparencia. Es un mecanismo de censura”. Y Barcelona en Comú pide coherencia al alcalde. «Si quiere luchar contra las fake news, que deje de subvencionar los medios que las publican«.
«Efectos directos» en la reputación de la ciudad
El Ayuntamiento opina que para los ciudadanos es importante que se dispongan de mecanismos que permitan identificar, analizar y comprender los fenómenos de la desinformación, dado que pueden tener «efectos directos» en la convivencia, «la confianza en la res pública» y la reputación de la ciudad. «La desinformación no es solo un problema comunicativo, sino también económico, social y democrático», se explica en el pliego técnico.
Fuentes del servicio de prensa del Ayuntamiento consultadas por el TOT Barcelona subrayan que la intención es crear un observatorio contra la desinformación, un espacio que debe servir para “verificar los contenidos falsos o engañosos relacionados con la ciudad y la institución (en referencia al Ayuntamiento) publicados en las redes sociales, y donde fomentar el pensamiento crítico de la ciudadanía”. El citado observatorio, que se está impulsando y se presentará próximamente, se concibe “como una herramienta especializada de monitoreo, análisis y verificación” para detectar y gestionar narrativas de desinformación.

Contrastar las ‘fake news’ con información pública
La licitación pretende apoyar la línea de actuación del observatorio, con servicios de detección, clasificación, verificación y asesoramiento sobre contenidos digitales que circulan en redes sociales y medios digitales. “El servicio incluye personal especializado, licencias de software, infraestructura tecnológica, mantenimiento, asesoramiento estratégico, monitoreo permanente y todas las garantías de seguridad exigidas a una administración pública”. Más allá de detectar contenidos falsos y engañosos, el objetivo es contrastar estas fake news «con información pública oficial y ofrecer asesoramiento para que el Ayuntamiento pueda responder con rigor, proporcionalidad y transparencia cuando se detecten campañas o contenidos que afecten el interés público».
Durante el primer semestre del 2025, el Ayuntamiento ya realizó un estudio inicial para detectar contenidos falsos y engañosos. En seis meses, se localizaron 44.000 menciones en redes sociales y medios digitales. El 20% de las menciones (8.800) tenían un «sentimiento negativo». De narrativas, se localizaron 111, y de estas 31 eran «susceptibles» de iniciar un plan de acción, incluye el pliego técnico de la licitación. El consistorio estima que cuando el contrato esté vigente se podrán superar las 100.000 menciones anuales.
Avui dic adeu a X. Quan vaig unir-me’n, el 2008, Twitter era un espai obert on compartir informació i opinions. Ara, però, ha esdevingut un lloc ple d’odi, intolerància i mentides. El nou propietari de la xarxa ha agreujat aquesta degradació. X s’ha convertit en un pou de ‘fake news’, falsedats i intransigència, una amenaça per a la democràcia. És l’hora de dir prou. És el que em reclama la meva convicció com a polític demòcrata i com a ciutadà compromès amb les llibertats i el progrés. Hem de garantir el dret a una informació independent, veraç, rigorosa i honesta. Per això, cal denunciar i combatre la manipulació de la realitat. Sé que perdo un espai per comunicar-me amb vosaltres. Però ens continuarem trobant a les altres xarxes socials, i sobretot als carrers i barris de la nostra Barcelona. Una abraçada!
— Jaume Collboni (@jaumecollboni) September 7, 2024
El Ayuntamiento y Collboni dejaron la red X
Con anterioridad, el gobierno de Collboni ya ha tomado alguna otra decisión en su cruzada contra las fake news. A finales de enero del 2025, el alcalde firmó un decreto en el que ordenaba la salida del consistorio de la red X, el antiguo Twitter. A juicio del ejecutivo socialista, la ciudadanía y las personas que visitan Barcelona tienen derecho a recibir una información “veraz” y “honesta” y la red X no lo garantiza, decía el consistorio hace casi dos años. La salida se ha concretado dejando inactivos todos los cuentas municipales menos uno, en el que se publican solo informaciones de servicio. Previamente, en septiembre de 2024 había sido Collboni quien había dejado la red social por ser “un lugar lleno de odio, intolerancia y mentiras”. Y en abril de 2021 era Ada Colau quien dejaba en reposo su cuenta, en la que ahora ha retomado la actividad para la campaña electoral del 29-N.
«Un atentado contra la libertad de expresión», según el PP
El primer partido de la oposición que ha puesto el grito en el cielo con este contrato ha sido el PP, que en el Ayuntamiento preside Daniel Sirera. En opinión del alcaldable popular, la iniciativa supone «un atentado contra la libertad de expresión» porque se quieren «fiscalizar» las opiniones de la gente. «Una información puede ser verdadera o falsa, pero una opinión no puede considerarse desinformación simplemente porque no le guste al alcalde”, ha valorado Sirera.

El PP solicitará el expediente completo de contratación y llevará el caso a la Sindicatura de Greuges de Barcelona, la Autoridad Catalana de Protección de Datos y, si procede, los órganos competentes en materia de contratación pública para que examinen la legalidad del servicio y que no se vulnere ningún derecho fundamental. “No permitiremos que se utilicen los dineros de todos para vigilar a quien critica al gobierno municipal”.

La licitación genera muchos interrogantes en ERC
Después de consultar la licitación, el grupo municipal de ERC considera que combatir la desinformación es necesario, pero opina que la oferta pública genera muchos interrogantes. Se trata de un contrato de hasta 800.000 euros que no solo prevé detectar informaciones falsas, sino también monitorear las redes sociales, analizar el sentimiento de las publicaciones, identificar a sus autores y plantear la retirada de contenidos. Los republicanos mencionan que el 60% de la puntuación a la hora de adjudicar el contrato depende de criterios sujetos a juicio de valor, y recuerdan que la ley exige un comité de al menos tres expertos independientes para valorar las ofertas. ERC quiere saber quiénes formarán parte del mismo, qué calificación tienen y cómo se garantizará la independencia.
Para Elisenda Alamany, presidenta del grupo municipal de ERC en el consistorio, «800.000 euros son equivalentes a los que el gobierno gasta en el plan de apoyo a las librerías, o más de lo que se destina al plan de relevo generacional del comercio o a extraescolares gratuitas. Desde ERC, queremos garantías en la protección de datos y que esta herramienta no sirva para vigilar la crítica política. La discrepancia con el gobierno no es desinformación. El PSC no puede gastar 800.000 euros de todos con esta ligereza. Se debe justificar y trabajar mucho más».

«Es un mecanismo de censura», valora Junts
El presidente de Junts en el Ayuntamiento, Jordi Martí Galbis, el contrato que licita el Ayuntamiento Esto no tiene precedentes en Barcelona. “El gobierno de Collboni quiere gastar hasta 800.000 euros de los impuestos de los barceloneses para monitorear, filtrar y perseguir la crítica política en las redes sociales. No es una medida de transparencia. Es un mecanismo de censura. Y exigimos su retirada inmediata”. A juicio de Martí Galbis, que un ayuntamiento se erija en policía de la verdad digital “es una injerencia inaceptable en el ecosistema informativo y una duplicación de funciones que no corresponde a ninguna administración local”.
Además, Junts considera que cualquier opinión crítica, protesta vecinal y discrepancia sobre la gestión municipal puede ser rápidamente etiquetada de falsa o engañosa para proteger la reputación del gobierno. “Estamos hablando de un mecanismo para purgar la crítica política legítima de la ciudadanía. Esto no es luchar contra las fake news. Esto es silenciar la disidencia. El concepto de “reputación de la ciudad” que utiliza el pliego es jurídicamente indefinido y, en la práctica, prioriza la imagen del gobierno por encima del derecho de los ciudadanos a ejercer un control democrático efectivo sobre sus representantes”, valora el alcaldable de Junts.

Barcelona en Comú pide coherencia a Collboni
Para Carol Recio, portavoz de Barcelona en Comú y número dos de la lista a la alcaldía para las municipales del 2027, sostiene que en un momento en que “unos pocos oligarcas controlan la mayoría de las redes sociales, es muy importante hacer valer el periodismo y los medios de comunicación en la defensa de la democracia y del derecho a la información”. A Recio le sorprende que el gobierno de Collboni “se ponga la medalla como un gobierno que lucha contra las informaciones falsas cuando, precisamente, fomentan, mediante subvenciones públicas, pseudomedios o medios que publican deliberadamente fake news. Algunos han sido condenados judicialmente por esta nefasta praxis periodística. Pedimos a Collboni coherencia; si quiere luchar contra las fake news, que deje de subvencionar los medios que las publican”.

