Ángels Coll lleva más de cuatro décadas viviendo en el número 20 de la calle de Ros de Olano. Llegó en los años ochenta, cuando esta enfermera de formación ya tenía una consulta de podología en un local de la calle Gran de Gràcia, justo encima de la histórica Ferretería Camps. Ella buscaba un piso más cerca del trabajo y una clienta le comentó que uno de los apartamentos del edificio quedaba libre. No lo pensó dos veces. Entró pagando un alquiler de 25.000 pesetas, unos 531 euros con el cambio actual. A lo largo de los años, la mujer -que tiene 67 años y se jubiló el pasado mes de junio- ha ido encadenando contratos y actualmente tiene prórrogas anuales. La última se le acaba el próximo febrero y el contrato podría no tener continuidad. Tanto ella como el resto de vecinos se enteraron a finales de agosto que la familia propietaria había decidido poner a la venta esta finca y la contigua, ubicada en el número 11 de la calle del Planeta y con quien comparte parcela. Solo unos días después, se les informaba que se había encontrado comprador: una empresa de gestión inmobiliaria –con al menos seis fincas en cartera solo en Barcelona– se había interesado y estaban a punto de cerrar la operación.
«Siempre he sufrido por tener trabajo y poder pagar el alquiler. No he ido de vacaciones y, por más que lo he intentado, no he podido salir de aquí ni pedir una hipoteca porque no tenía un contrato fijo […] ¿Toda la vida así para que ahora me digan que se acabó el brócoli y que tengo que irme?«, se pregunta. Su pensión no llega a los 1.400 euros y, con ese dinero, le sería prácticamente imposible encontrar una alternativa en el mercado. Actualmente, paga un poco más de 600 euros, pero tiene que convivir con goteras crónicas y con unas ventanas que no cierran bien. «Soy la única del edificio que tiene las originales. He pedido muchas veces que las cambien, pero nada. Tendré que pasar otro invierno con el abrigo puesto dentro de casa», lamenta. A pesar del estado de su domicilio, Coll ha decidido aferrarse a su hogar como el resto de vecinos de estos dos bloques de la Vila de Gràcia. Una vez enterados de la oferta del comprador, los inquilinos se organizaron entre ellos y con el Sindicato de Inquilinas para intentar detener el proceso y evitar así su más que probable expulsión de los edificios. Lo hicieron acogiéndose al derecho de tanteo y retracto, un mecanismo legal que permite que las administraciones públicas y entidades sociales como cooperativas tengan preferencia en la compra de un inmueble si igualan las condiciones de la operación prevista.
Este frente común para poder quedarse en sus hogares ha unido a Coll con sus vecinos de abajo. Álex Molera y Martí Castellarnau, de 30 y 31 años, respectivamente, comparten uno de los pisos del bloque desde hace cerca de cinco años. Cuando entraron pagaban unos 825 euros de alquiler. Ahora pagan 990 euros. Su primer año de prórroga se acaba el próximo mes de marzo y no saben si se los renovarán. «Nos hemos organizado y hemos puesto esto en el centro de nuestras vidas porque nos afecta de primera mano», asegura Molera. Antes de encontrarse en esta situación límite, los dos compañeros de piso ya eran socios de la cooperativa Sostre Cívic, que apoya a los afectados y está en conversaciones con el Ayuntamiento de Barcelona para que facilite algún tipo de apoyo económico que permita la adquisición de las dos fincas. «Soy de Gràcia de toda la vida y aquí siempre ha habido un problema con la falta de suelo donde construir. La cooperativa nos parecía un modelo interesante desde el punto de vista ideológico», apunta Molera. «Nos ha tocado a nosotros como le podría haber tocado a cualquier otro bloque. Tenemos la responsabilidad colectiva de hacer esta lucha para demostrar que existe una alternativa viable y reproducible. Solo hace falta voluntad política«, remata Castellarnau, que recuerda que la administración tiene hasta finales de diciembre para hacer efectivo este derecho a tanteo con alguna ayuda. La contribución municipal permitiría salvar el principal obstáculo que tienen estas operaciones: reunir los recursos necesarios sin trasladar al vecindario unas cuotas inasumibles. Sobre la mesa hay diversas fórmulas para hacerlo viable, desde que el Ayuntamiento se quede con un porcentaje del inmueble a la concesión de subvenciones o la complementación de préstamos firmados con entidades como el Institut Català de Finances (ICF).
Una sesentena de vecinos del Guinardó también plantan cara
Los vecinos de estos dos edificios de Gràcia -que agrupan un total de 17 viviendas y tres locales– protagonizaban este jueves al mediodía una rueda de prensa para pedir precisamente la intervención del consistorio en el proceso de compraventa. «Los tiempos apremian y necesitamos que el Ayuntamiento participe para hacer viable el proyecto […] El gobierno de Collboni tiene que decidir si se pone del lado de los vecinos o con los fondos», señalaba Castellarnau, actuando como portavoz de los inquilinos. Desde Sostre Cívic, Yabel Pérez Moreno remarcaba que el cooperativismo es una «alternativa real al mercado especulativo», pero que necesita un apoyo institucional para salir adelante. «Tenemos la capacidad técnica y de gestión, pero no lo podemos hacer solos. Estas operaciones requieren mucho dinero. Nosotros podemos movilizar una parte, pero es necesario que la administración se implique para hacerlo asequible. No estamos pidiendo que alguien venga aquí y compre el 100% del inmueble«, indicaba. Durante la comparecencia, se explicaba que hay al menos tres inmuebles más en Barcelona que se han acogido al derecho de tanteo y retracto después de que las propiedades intentaran venderlos a varios fondos de inversión. En total, cinco fincas con cerca de 120 vecinos que esperan una respuesta municipal.
Uno de los bloques de pisos afectados es el del número 123 de la avenida de la Mare de Déu de Montserrat, en el barrio del Guinardó. Los inquilinos también se enteraron el pasado verano de que la finca estaba en venta y que había un fondo de inversión interesado en comprarla. En este caso, hay 25 pisos habitados, que agrupan un total de unas sesenta personas. Entre los inquilinos hay familias con menores, personas mayores y personas con discapacidad y enfermedades graves. Joan Marc Alonso vive allí desde 1969. «Llegué con tres años. Mi padre vendió una de aquellas casitas unifamiliares de dos pisos en el Congrés y els Indians y vinimos para acá poniendo unas 250.000 pesetas -una pequeña fortuna entonces- a fondo perdido para entrar», relata este hombre de 61 años. El primer recibo del alquiler que pagaron debía ser de unas 20.000 pesetas, cerca de 425 euros con el cambio actual. El contrato de renta antigua que firmó su padre en su momento venció cuando él falleció en octubre de 2023. Entonces, Alonso ya llevaba cerca de una década que había vuelto al domicilio familiar para cuidar a su padre y también tratarse de los tumores de páncreas que padece en el Hospital de Sant Pau. Consiguió una prórroga de dos años. «Quiero morir aquí, donde pasé la infancia y tengo mis recuerdos. Esto vale mucho más que el dinero. Ni por 30.000 euros me iría», afirma el hombre, que ahora paga unos 652 euros de alquiler.
De la misma manera que sus homólogos de Gràcia, los inquilinos de este edificio del Guinardó se organizaron para activar la opción del tanteo y retracto cuando fueron informados del interés del comprador. La noticia no les tomó del todo por sorpresa. Los vecinos hacía tiempo que sospechaban que había alguna operación en marcha, sobre todo porque el bloque tiene tres viviendas vacías que, una vez se fueron las familias que habían vivido allí, no se volvieron a alquilar. La llegada de los primeros burofaxes informando de la no renovación de contratos acabó de confirmar los presagios. «Estoy relativamente tranquilo porque estamos todos los vecinos a una. Tenemos claro que no queremos irnos, pero siempre tienes el runrún ese de no saber», confiesa Pablo Iranzo. Este padre de familia de 42 años lleva diez viviendo en el inmueble y tiene cinco hijos menores. Comenzó pagando unos 900 euros y ahora ya está rozando los 1.100. «Mi esposa y yo somos profesores. Trabajamos aquí al lado y tenemos la vida hecha en el barrio […] Ahora mismo no lo tendríamos nada fácil si tuviéramos que irnos. ¿Cómo metes a siete personas en un piso de 50 metros cuadrados?«, se cuestiona el hombre. La cooperativa Sostre Cívic también trabaja en su caso para conseguir que el consistorio les ayude económicamente para poder adquirir la finca, que sufre los efectos de años con un mantenimiento muy mínimo por parte de la propiedad. «Aún estamos a tiempo de que el Ayuntamiento aporte algo. Haremos todo lo que sea necesario para quedarnos», aseguran los inquilinos.
Dos casos más, un rayo de esperanza
Más allá de estos tres edificios, el Sindicato de Inquilinas tiene dos más localizados en la travesera de Gràcia que también se han acogido al derecho de tanteo y retracto. Entre los dos inmuebles hay una decena de pisos con al menos una quincena de vecinos. En uno de los casos, Sostre Cívic ya ha llegado a un acuerdo con la propiedad y ha firmado las arras para comprar el inmueble y evitar así la expulsión de los inquilinos. «No hay ningún impedimento legal para que los bloques de pisos pasen a ser cooperativas, solo nos falta que las administraciones dejen atrás la pasividad […] Mientras no hagamos nada, los plazos corren y cuando se acaben no habrá marcha atrás. O dejamos que caigan en la especulación o acompañamos a los vecinos», subrayaba la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Mónica Garcia, en la comparecencia de este jueves. Según los últimos datos, el sector de la vivienda cooperativa en cesión de uso está impulsando más de 1.300 pisos, de los cuales más de 500 corresponden a 39 proyectos en suelo privado. Esta fórmula sin ánimo de lucro permite retirar los edificios del mercado especulativo para garantizar su función social.
