Quizás porque este jueves era primero de octubre y hacía nueve años de la infamia; quizás porque las cuatro jornadas han sido maratonianas, pero significativas; o quizás porque, simplemente, la ocasión valía la pena, el caso es que la jornada final del juicio de Roger Español contra los cuatro policías acusados de vaciarle un ojo ha sido una especie de resumen perfecto de la lucha contra la represión a raíz del Proceso. De hecho, podría haber sido un juicio creado con la IA si le hubiéramos pedido una síntesis de cómo el Estado ha puesto sus instituciones contra el independentismo. El único caso de la brutalidad policial del 1-O que ha llegado a juicio. El único caso que ha sentado en el banquillo de los acusados a policías que no tuvieron reparo en disparar balas de goma contra gente que se sentaba, levantaba las manos y cantaba el Virolai.
Los abogados de la acusación particular han demostrado tener más experiencia que Arensibia, y años y años de horas de vuelo en juicios donde los acusados eran las víctimas de la represión del Estado. Los letrados de Roger Español, Benet Salellas; de Òmnium Cultural, Laia Serra, y de Irídia, Anaïs Franquesa, han decidido demostrar en la sala, con sus informes finales, que iban a hacer un juicio, no como las defensas de los policías y del ministerio fiscal, que han intentado confundir al tribunal. Un tribunal, por cierto, que a priori parece favorable a proteger a los agentes pero al que el trío de abogados ha puesto en aprietos. Lo han puesto muy difícil, al menos en el terreno técnico, a las defensas de los policías -en las que se incluye la fiscalía, que normalmente ejerce la acusación pública-, y al tribunal. Cabe decir que por la tarde el juicio se ha suspendido hasta este viernes por la mañana y de esta manera, los letrados defensores podrán preparar mejor sus informes finales, con una última sesión que al final serán dos.
Los abogados de la acusación han decidido hacer jogo bonito y explicar la prueba practicada y, sobre todo, la prueba que no se ha podido practicar por una sospechosa incomparecencia de los acusados. Sus conclusiones, rotundas: se dispararon balas de goma sabiendo que podían hacer daño y sin cumplir la normativa, los protocolos y la ley ni respetar los principios que deben regir la relación entre la comunidad y la policía. En sus informes, los abogados han demostrado que no se conforman con la victoria de hacer sentar a cuatro antidisturbios en el banquillo de los acusados a cambio de un aplauso del público. Quieren una condena y han esgrimido los motivos para justificarla. «Cualquier ciudadano que causara una lesión tan grave, sería condenado», ha resumido Salellas. «Actúen como lo harían en cualquier otro caso», ha desafiado. Una cuestión de igualdad.
¿Dónde está la prueba?
El primero en tomar la palabra ha sido Salellas, que ha basado su informe en un análisis eficaz y con su vehemencia tan calculada como eficaz. Ha recordado que de la prueba practicada se desprende que la policía no actuó respetando la normativa ni de acuerdo con ninguna de las condiciones con las que la ciudadanía le permite hacer uso del monopolio de la violencia. Ni había ningún «peligro» para los policías ni había necesidad de disparar balas de goma a personas que se sentaban en el suelo con las manos en alto. En síntesis, los acusados no cumplieron la interlocutoria del TSJC para ese día en concreto ni la normativa sobre las actuaciones policiales, que les obliga a actuar con proporcionalidad, oportunidad y congruencia.
De hecho, el letrado ha sido lo suficientemente hábil para centrar la pelota en el escenario donde se disparó el tiro, no antes ni después. Una petición que ha sido constante del presidente del tribunal, José Carlos Iglesias. Salellas ha aprovechado esta ventaja para desmontar la tesis de las defensas de los policías, que justificaban los disparos por un ambiente de guerrilla urbana que, según ellos, se vivía en los alrededores del instituto Ramon Llull. Un «relato» que se ha dedicado a desmontar con precisión quirúrgica con la prueba practicada y con la no practicada. «No hemos visto ninguna imagen y mira que hay, en siete años de instrucción y miles de folios, que avale lo que explican los policías», ha recordado.
«No hemos visto adoquines, ni paraguas con puntas, ni piedras, ni encendedores», ha recalcado haciendo memoria de los objetos que supuestamente se lanzaron para justificar la acción policial. Y un detalle que ha otorgado un punto glamuroso a la exposición: el grito que supuestamente entonaban los votantes del 1-O. Todos los policías, más de 50, como un solo hombre afirmaban que los concentrados les gritaban: «¡Os haremos igual que a la Guardia Civil, no saldréis de aquí!». Salellas se ha ajustado la americana por las solapas, se ha dirigido al tribunal y le ha espetado: «En ningún vídeo, en ninguno, y mira que hay, sale este grito, porque este canto nunca lo gritaron los independentistas».
La validez de los testimonios y el dolo
Precisamente, en los testimonios Salellas ha tenido otro punto de apoyo importante para su informe. Ninguno de los testimonios de la defensa de Español lo conocía. En cambio, la cincuentena de policías -los únicos testigos aportados por las defensas de los acusados- trabajaban en el CNP, como los acusados, eran compañeros o superiores o subordinados. Un contraste con los testimonios de la acusación evidente, ya que eran ciudadanos que ni siquiera iban a votar, periodistas o votantes que no se habían visto nunca y que ofrecían relatos coincidentes.
Pero el abogado ha sido especialmente incisivo en evaluar el comportamiento doloso de los acusados. Con la prueba practicada no se ha demostrado, al contrario, un ambiente de guerrilla urbana como el que el ministerio fiscal ha intentado dibujar incansablemente durante la vista oral. El dolo, es decir, la voluntad de los agentes para herir gravemente a alguno de los manifestantes, ha sido argumentado con la prueba practicada. En pocas palabras, los agentes dispararon a pesar de saber que podían hacer daño, y a pesar de haberlo hecho continuaron disparando, a pesar de que no corrían ningún peligro que lo justificara. «Cuesta imaginar que una unidad de élite armada de 50 hombres se viera amenazada por personas desarmadas sentadas en el suelo», ha dicho. «No había ni riesgo ni peligro», ha insistido.
En su turno, la letrada Anaïs Franquesa, de la entidad de defensa de derechos humanos Irídia, ha resaltado que los peritos de la Guardia Civil afirmaron que no había un ambiente violento en la zona donde se dispararon las balas de goma. «La prohibición de la tortura no decae nunca, es uno de los consensos después de los juicios de Núremberg», ha defendido para mantener su acusación. Por su parte, la abogada de Òmnium Cultural, Laia Serra, ha defendido que la ciudadanía podía pensar que a raíz de la prohibición de las balas de goma por parte de los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional no las usaría tampoco. De ahí que haya alzado la voz para subrayar que los agentes no avisaron que las usarían. Ahora quedan pendientes las defensas. No lo tienen fácil.
