«En cualquier caso, cualquier avance parece insuficiente ante el examen de los procedimientos en curso en que el fiscal delegado de Barcelona denuncia el escandaloso protagonismo y la impunidad de los elementos corruptos de la estiba, que aprovechan errores de control como que la actual instalación informática de las terminales no registra debidamente las consultas que se efectúan sobre posición y movimientos de los contenedores». Esta es una de las reflexiones más rotundas sobre la entrada de droga al puerto de Barcelona recogidas por la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2025, que se ha presentado este miércoles con motivo de la apertura del año judicial.
El documento, de 1.604 páginas y al cual ha tenido acceso El Món, analiza y aporta datos de las actuaciones del ministerio público durante el año 2025. Un informe completísimo que se entrega al presidente del Consejo General del Poder Judicial y al monarca español, además de presentarse a las Cortes españolas. La memoria contiene un apartado sobre una de las preocupaciones que año tras año muestra la fiscalía en Barcelona, y es el narcotráfico en el puerto y la lentitud de los procesos e investigaciones judiciales sobre la entrada de drogas a través de la infraestructura portuaria.
La memoria alerta que el puerto sigue siendo un «punto clave para la entrada de la cocaína» en Cataluña, el Estado español y Europa. Una situación, sin embargo, que no es exclusiva de Barcelona y que está en línea con los principales puertos de Europa. Ahora bien, admite que respecto a los años anteriores -cuando la fiscalía lanzaba el grito al cielo por el flujo de droga que entraba- el decomiso de cocaína ha descendido de manera «muy notable». En suma, y según las cifras aportadas en la memoria, se han decomisado 6,847 toneladas, un 72,88% menos que en 2024 (25,24 toneladas) y poco más de un tercio de las 19,24 toneladas confiscadas en 2023.
No es suficiente
La fiscalía valora el trabajo del «grupo de trabajo contra tránsitos ilícitos en las terminales de contenedores de Barcelona» e informa que continúa reuniéndose desde 2023, siguiendo el modelo comenzado en Valencia y que se está extendiendo a otros grandes puertos del Estado. Si bien destaca avances como el «refuerzo de los sistemas de videovigilancia, la implantación de cámaras térmicas y proyectos de inteligencia artificial, la mejora de los controles de acceso e identidad con doble control biométrico –pendiente de informe de protección de datos–, la mejora de la trazabilidad operativa y desarrollos informáticos», considera que no son suficientes para decomisar más cantidad de droga.
Es en este punto donde la fiscalía lamenta que los «elementos corruptos de la estiba» encuentren brechas de seguridad para poder introducir contenedores con droga. Incluso, califica de «escandaloso» el «protagonismo y la impunidad» con que actúan. El ministerio público subraya que la perfección en el engaño de los contenedores no permite a los responsables de las terminales poder identificar al autor de cualquier consulta debido a los intercambios de tarjetas y contraseñas permitidos. Es decir, que hacen y deshacen, aprovechando errores informáticos o de logística derivados del enorme tráfico de mercancías. «Es un problema que exige inmediata solución bajo la responsabilidad final de las terminales por falta de mínimo control de una actividad que es crítica», insiste la memoria. Por eso proponen establecer medidas dirigidas a «crear un certificado de idoneidad como filtro para el trabajo en el puerto de forma similar a los existentes en los aeropuertos». Es decir, un certificado de antecedentes para poder tener contrato laboral en el puerto.
