Barcelona, septiembre del 2000. El Ayuntamiento aprueba la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) para la renovación de las áreas industriales del Poblenou, la hoja de ruta urbanística que debía impulsar el nuevo distrito tecnológico 22@. Unas 200 hectáreas de la zona de Sant Martí hasta entonces destinadas a suelo industrial pasaban a convertirse en un polo de empresas. El texto refrendado por los grupos municipales preveía garantizar la continuidad de las viviendas ya existentes en el ámbito afectado y también indicaba que las nuevas promociones debían ser «promovidas según algún régimen de protección pública«.
Cinco años después, se incluye una modificación en el planeamiento que aparentemente blindaba aún más esta ampliación del parque de vivienda pública. La normativa permitía conservar los pisos ya existentes y reformarlos, manteniendo el uso residencial, pero fijaba que cualquier incremento residencial -aumentar techo, subdividir pisos, ampliar volumen o incrementar el número de viviendas- debía venir acompañado de contraprestaciones sociales. «Las viviendas resultantes de la ampliación o renovación se vincularán a algún régimen de protección pública«, decía textualmente el reglamento. De esta afirmación se extrae que todos los domicilios creados a través de un incremento de densidad -como sería la subdivisión de pisos- o de la edificabilidad -con remates, por ejemplo- debían destinarse a vivienda protegida.
Este supuesto afectaba principalmente a los llamados frentes consolidados, conjuntos de edificios residenciales en muchos casos anteriores a las naves industriales que los rodeaban. En su momento, se ejecutaron reformas en tres o cuatro de estas islas de casas. Otras como la que incluía el número 153 de la calle de Ramon Turró, en el barrio del Poblenou y en pleno epicentro del 22@, quedarían sin tocar durante años. No sería hasta que la compañía Maramca SL -vinculada a la familia barcelonesa Cirach y Boet- heredó la finca en el 2012 que se impulsó un proceso de rehabilitación integral del edificio. El objetivo de esta actuación era poder incrementar la edificabilidad dividiendo los domicilios, pasando de los diez originales a dieciséis. Ahora bien, la actuación estaba sujeta al planeamiento urbanístico vigente, de modo que las nuevas viviendas generadas -seis pisos- debían ser de protección oficial. Así lo recogía el mismo plan redactado por la propiedad y aprobado en 2025, que fijaba un plazo máximo de cuatro años para hacer efectiva esta intervención.
Una licencia de vivienda protegida que no se estaría cumpliendo
Más de una década después, un caso de desahucio ha revelado un posible fraude con esta vivienda protegida. Con las obras prácticamente terminadas, no hay constancia de que ninguno de los seis nuevos pisos del 153 de la calle de Ramon Turró se haya destinado a protección oficial. Aparte, durante estos años, la propiedad ha ido expulsando a todos los vecinos hasta que solo han quedado dos de renta antigua y el Iván Giesen, un fotógrafo que vive allí desde 1999 y el inquilino al que querían expulsar con un lanzamiento fijado para el próximo 5 de junio después de negarse a renovar su contrato y que ha podido ser finalmente suspendido temporalmente porque el titular ha incumplido la obligación de hacer una intermediación previa con el inquilino afectado. En cuanto a las nuevas viviendas creadas, los titulares debían recibir una calificación definitiva de Vivienda de Protección Oficial (VPO) por parte de la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC). Fuentes municipales consultadas por TOT Barcelona confirman que se ha aceptado la calificación provisional como pisos sociales de cuatro de los domicilios, de manera que ya estarían disponibles legalmente. Sin embargo, todos los indicios apuntan que estas viviendas no se están destinando ahora mismo al parque público, sino que se estarían ofreciendo en el mercado libre de alquiler.
Según denunciaron la semana pasada en una rueda de prensa conjunta el Sindicato de Inquilinos, el Sindicato de Vivienda de Poblenou y el Observatorio de los Barrios del Poblenou, varios testimonios confirman que los pisos se están alquilando muy por encima del índice de referencia para la zona, que fija importes de entre 689 y 961 euros mensuales y también lejos de los precios fijados para un piso de alquiler de VPO, que no debería superar los 550 euros sin gastos y tasas. También se han localizado anuncios en plataformas digitales que indican que hay viviendas de unos 50 metros cuadrados alquilándose a 1.700 euros mensuales en la misma finca. «Una operación urbanística aprobada bajo el discurso de la rehabilitación, la regeneración urbana y la vivienda protegida ha acabado derivando en la práctica en un proceso de expulsión residencial y sustitución social. Las viviendas que debían justificar urbanísticamente el incremento de edificabilidad no se han destinado a ampliar el parque asequible, sino a alimentar el mercado inmobiliario de lujo del barrio», denuncian las entidades. Tal como un caballo de Troya que tras su apariencia deslumbrante esconde el verdadero peligro dentro.
Uno de los temores que han aflorado con el conocimiento de este caso es que no se trate de una situación aislada y que se hayan producido más operaciones urbanísticas de este tipo con otras islas de casas del Poblenou también definidas como frentes consolidados. «Este es el primer caso con el que han saltado las alarmas, pero podría haber más si vemos la poca disciplina de control por parte del Ayuntamiento en cuanto a la calificación de vivienda protegida«, asegura en una conversación con TOT Barcelona el Albert València, miembro del Observatorio de los Barrios del Poblenou. València lamenta que en las últimas dos décadas solo se hayan hecho unos 2.000 pisos sociales en la zona del grueso de 15.000 que se prometieron en su momento. Ni siquiera se llega a los 4.000 que se marcó como objetivo en el año 2000, cuando se aprobó la modificación del plan urbanístico que debía permitir ampliar este parque de vivienda protegida. «Ya nos pueden prometer miles de pisos de protección oficial que en el Poblenou solo vemos las consecuencias negativas de la transformación urbanística del 22@. En diez años hemos visto cómo se duplicaba el precio del alquiler y la tónica ha sido la recalificación de suelo para la generación de plusvalías para los propietarios», afirma.
Desde el movimiento provivienda instan tanto al Ayuntamiento como a la Generalitat a tomar cartas en el asunto haciendo inspecciones para determinar si ha habido incumplimientos tanto con la licencia de obras como con el planeamiento urbanístico. También piden revisar la vulneración del tope de los alquileres y la negativa a ofrecerle un alquiler social a Giesen, que tiene el certificado de vulnerabilidad acreditado.
Polémica con un desahucio exprés de un piso municipal
La semana pasada se produjo precisamente en uno de los límites del ámbito del 22@ un desahucio exprés con polémica por parte de los antidisturbios de la Guardia Urbana. En concreto, se trataba de un domicilio ubicado en la calle de Venezuela y gestionado por el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHAB) que hacía más de un año que estaba vacío. Entidades provivienda accedieron el viernes 15 de mayo para que pudiera hacer uso una mujer en situación de exclusión residencial, víctima de violencia machista y con un 72% de discapacidad acreditada. Los agentes del cuerpo policial se presentaron el lunes 18 de mayo por la tarde y ejecutaron el lanzamiento. Desde las entidades denuncian que la actuación podría haber incurrido en una violación del domicilio, dado que ya hacía cuatro días que la inquilina se había instalado.
Fuentes municipales consultadas por este medio aseguran que el mismo 18 de mayo al mediodía saltó la alarma del piso. Al comprobar con el IMHAB que la vivienda debía estar vacía porque se estaba «adecuando para una nueva adjudicación«, los agentes acudieron al domicilio para efectuar el desahucio exprés. La mujer abandonó el piso por sus propios medios y se le habría ofrecido un alojamiento de urgencia. «Ahora mismo se está acabando de valorar cuál es su situación para decidir si es necesario activar otros recursos sociales», añaden. Esta versión contrasta con la de la afectada y las entidades que le daban apoyo, que mantienen que hacía ya tres noches que se había instalado en el domicilio.
