Ivan Giesen está acostumbrado a estar al otro lado de la cámara, pero este jueves era él quien centraba todas las miradas. Este fotógrafo vive desde 1999 en uno de los pisos del número 153 de la calle de Ramon Turró, en el barrio del Poblenou y en pleno epicentro del 22@. Cuando la compañía Maramca SL -vinculada a la familia barcelonesa Cirach y Boet- heredó la finca en 2012, había un total de diez viviendas, nueve de las cuales con inquilinos. Poco después del cambio de titular, los nuevos responsables comenzaron a expulsar a los inquilinos a medida que se iban acabando sus contratos y hasta que en el año 2015 impulsaron un proceso de rehabilitación integral del edificio. El objetivo de esta actuación era poder incrementar la edificabilidad dividiendo los domicilios, pasando de diez a dieciséis. La reforma, sin embargo, estaba sujeta a la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) que afecta la zona del 22@. Esta hoja de ruta urbanística obliga a destinar las nuevas viviendas generadas a partir de este incremento residencial a vivienda protegida. Es decir, que seis de los pisos deberían ser de protección oficial. De hecho, así lo recogía el mismo plan redactado por la propiedad, que fijaba un plazo máximo de cuatro años para hacer efectivos estos pisos de protección oficial.
Lejos de cumplir con lo que marca la normativa, la familia propietaria -que tiene unas sesenta viviendas en la ciudad- ha ido expulsando a todos los vecinos hasta que solo han quedado dos de renta antigua y Giesen. Durante este tiempo, el edificio se ha ido reformando para subdividir pisos y ampliar su número, mientras los inquilinos sufrían acoso inmobiliario y unas obras que han deteriorado gravemente las condiciones de las viviendas. Hoy día, los titulares mantienen vacíos muchos del total de quince viviendas que hay en el bloque, dado que el dieciséis aún está en proceso. Once años después del inicio de la remodelación, no hay rastro sobre el terreno de los edificios de protección oficial. Así lo han denunciado esta mañana en una rueda de prensa conjunta el Sindicato de Inquilinas, el Sindicato de Vivienda de Poblenou y el Observatorio de los Barrios de Poblenou. No solo no hay indicios de que los nuevos domicilios se hayan destinado a vivienda protegida, sino que las entidades han localizado anuncios de pisos de la finca en plataformas digitales que indican que hay pisos de unos 50 metros cuadrados alquilándose a 1.700 euros mensuales, cuando el índice de referencia fija importes de entre 689 y 961 euros mensuales.
El contrato de Giesen vencía en 2019, pero gracias a la moratoria por el coronavirus se pudo prorrogar un par de años. Los propietarios ya impulsaron un primer proceso de desalojo que se pudo detener provisionalmente desde los juzgados el 16 de enero del 2025 gracias a la moratoria estatal. La nueva fecha fijada para el lanzamiento es el próximo 5 de junio. Giesen no tiene alternativa de vivienda y tiene el certificado de vulnerabilidad. Los sindicatos han hecho un llamado a la movilización para evitar que el fotógrafo pueda ser expulsado del piso donde ha vivido más de 25 años.
Seguirá ampliación.
