Raquel Martínez parecía ver la luz en julio de 2024 después de dos décadas de martirio. Esta vecina del barrio de Verdum, en el distrito de Nou Barris, tuvo que huir de su domicilio en 2006 con sus dos hijos menores de edad por un episodio continuado de violencia machista. Desde entonces ha intentado encontrar una alternativa de vivienda sin éxito. Ocupó un primer piso que llevaba años vacío en su barrio, pero fue desahuciada. Después de unos años pagando un alquiler asequible en la zona, tuvo que marcharse de lo que había sido su casa y terminó ocupando otra vivienda propiedad de un fondo de inversión. La primera fecha de lanzamiento se pudo detener el verano del año pasado, justo al mismo tiempo que el Consorcio de Vivienda de Barcelona le comunicaba que tenía asignada una vivienda de emergencia social.
Nada más lejos de la realidad. Meses después de recibir esta buena noticia y a pesar de que ella había llamado más de una decena de veces al servicio municipal para cerciorarse de que la adjudicación era real, le comunicaron que todo había sido fruto de un error informático y que no tenía ninguna vivienda asignada. El pasado mes de diciembre, la administración volvió a contactar con la mujer para confirmarle que, esta vez sí, se le había adjudicado otro domicilio de la Agencia de Vivienda de Cataluña. Cuando visitó el piso de la mano del arquitecto del servicio catalán, este se quedó de pasta de boniato: la vivienda estaba en ruinas y era «inhabitable», en palabras del técnico. Todo este cúmulo de errores ha dejado a la vecina abocada a un nuevo intento de desahucio. La fecha estaba fijada para el viernes, pero la intermediación de los abogados ha permitido finalmente suspender el lanzamiento. Eso sí, de manera temporal y a solo tres días de este.
Soluciones «definitivas» para un problema crónico
Martínez ha explicado su caso en una rueda de prensa celebrada esta mañana a las puertas de la sede del distrito de Nou Barris. «Estoy cansada de explicar en despachos mi historia, no sirve para nada. Me han dejado hasta el último momento en manos de un fondo buitre. Que se haya suspendido no es ninguna garantía, el proceso está abierto y lo pueden intentar de nuevo. Pido soluciones reales, no más promesas vacías», señalaba la vecina, visiblemente emocionada por el apoyo de la treintena de personas que se han acercado este martes a la plaza mayor de Nou Barris. «Son muchos años luchando por mi integridad física y mental. Ya basta», ha dicho animada por los militantes que se han colocado a su espalda durante su discurso y con quienes se ha fundido en un abrazo al terminar.
En esta comparecencia, el Sindicato de Vivienda de Nou Barris ha tomado la palabra para denunciar lo que consideran una situación flagrante de «maltrato institucional» y para exigir al Ayuntamiento que tome cartas en el asunto para garantizar a la familia una «solución definitiva» mediante un alquiler social en una vivienda de protección oficial. «Hemos llegado hasta aquí porque no se han activado las medidas de reparación necesarias. Ha faltado voluntad política para poner soluciones efectivas y se ha continuado exponiendo a Raquel a un maltrato sistemático. Esto es resultado de un sistema político incapaz de hacer frente a los poderes económicos en materia de vivienda», ha asegurado Lola, una de las portavoces de la entidad, que también ha pedido que se repare a Martínez por toda esta situación límite e incertidumbre a la que la han abocado las administraciones.
