Juanjo Hernández vuelve a respirar tranquilo después de haber conseguido evitar el tercer intento de desahucio. Este vecino de 56 años lleva 25 viviendo en un piso de la avenida de Rasos de Peguera, en el barrio barcelonés de Ciutat Meridiana. Lo compró en 2000, pero en un momento dado no pudo pagar la hipoteca y llegó a un acuerdo para quedarse con un alquiler social. Después de que el domicilio pasara por las manos de varios fondos de inversión, terminó en manos de Cerberus, que se negó a renovarle el contrato en 2020.

Su primera fecha de lanzamiento se pudo suspender hace unos meses porque se acreditó la vulnerabilidad del hombre, pero un ligero aumento de sueldo lo dejó fuera de este reconocimiento social para el segundo intento de desahucio. Una gran movilización ciudadana convocada por el Sindicat de Llogateres logró evitarlo a principios de mayo y lo ha vuelto a hacer este miércoles. Cerca de un centenar de personas se parapetaron en las puertas de la vivienda de Hernández para bloquear el acceso de los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra, que a primera hora de la mañana ya estaban desplegados en esta zona del distrito de Nou Barris. No obstante, el lanzamiento programado hoy no debería haber pasado de los despachos, ya que la propiedad, el Sindicato y la cooperativa Sostre Cívic habían llegado a un acuerdo para la compra del domicilio.

Según denuncian desde la entidad pro vivienda, la suspensión del proceso de desahucio dependía de un trámite burocrático que no ha llegado a tiempo «por culpa de la dejadez» de Cerberus. «Gracias a la presión ejercida por un centenar de vecinas y sindicalistas decididas a no dejar pasar a los antidisturbios, la comitiva judicial se ha visto forzada a suspender el desahucio hasta octubre. Confiamos poder anunciar la solución definitiva durante las próximas semanas», señalan fuentes del Sindicato.

Dos semanas pendientes del contrato de arras

Se da la circunstancia de que fue la misma propiedad la que propuso esta posible compra de la vivienda como alternativa para evitar el desahucio. De la mano de Sostre Cívic, se presentó una oferta al mismo precio que había pedido Cerberus. Los implicados están desde hace dos semanas a la espera de la firma del contrato de arras, un trámite burocrático que no ha permitido aún formalizar el traspaso del piso. Este es el motivo por el cual ni la propiedad ni el juzgado han aceptado la solicitud de suspensión del lanzamiento, que se ha tenido que detener gracias a la movilización vecinal.

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