Josefa Viu fue desahuciada el pasado 2 de junio en Sants. Muchos la recordarán por la amplia repercusión mediática que tuvo su caso: una mujer de 80 años con más de 45 cotizados, que no encuentra nada en el mercado de alquiler por 800 euros, el precio que le permite pagar su pensión, y que termina forzada a abandonar la que había sido su casa durante la última década. Pepi -como se la conoce en el barrio de la capital catalana- es una de las personas que no tuvo más remedio que hacer uso del servicio de alojamientos de emergencia del Ayuntamiento de Barcelona. Fue reubicada temporalmente en un hostal del número 55 de la calle de Balmes, a casi cuatro kilómetros del domicilio anterior. La alternativa era quedarse en la calle. «No está mal, pero no es un lugar para estar el tiempo que me queda de vida. He tenido que dejar la mayoría de cosas en un trastero porque no cabían en la habitación, que tiene una mesita, un armario y poco más. Tampoco puedo planchar ni cocinar…», señalaba resignada la octogenaria el mismo día de su desalojo.
Dos semanas después del desahucio, Pepi continúa instalada en este hostal. Podrá estar al menos dos semanas más, pero este plazo podría alargarse aún más si no encuentra una alternativa, sea en el mercado libre o a través de la bolsa de alquiler social, que se adecue a sus necesidades, dado que tiene problemas de movilidad. Según ha podido saber el TOT Barcelona, la mujer ha sido inscrita en el sorteo público de los pisos asequibles de la Illa Acer, en el barrio de la Marina del Prat Vermell. La previsión es que la adjudicación de los domicilios de esta promoción -la segunda de vivienda protegida más grande de la ciudad- tenga lugar durante el cuarto trimestre de este año, de manera que la entrega de llaves debería hacerse efectiva a principios de 2026. Esto implica que la octogenaria, en caso de ser una de las beneficiarias, no podría acceder a su nuevo piso al menos hasta dentro de seis meses, teniendo que hacer uso con toda probabilidad de este alojamiento de emergencia hasta entonces.
El caso de Pepi es un ejemplo bastante paradigmático de la realidad que viven muchos usuarios de este servicio de vivienda de emergencia. Según los últimos datos del Grupo de Trabajo de Servicios Sociales del Consejo Municipal de Bienestar Social, un 74% de las personas que utilizan este recurso tienen estancias en los alojamientos superiores a seis meses, un tope que el Ayuntamiento planteaba marcar para limitar la temporalidad y evitar la eternización de algunas situaciones. De hecho, el tiempo de estancia más frecuente es de entre uno y dos años (27,3%) y de entre dos y tres años (15,2%) y en un análisis de abril de 2024 se constató que de media había mensualmente hasta 48 personas que esperaban para poder acceder al servicio. Este es el escenario que ha llevado a la Sindicatura de Greuges de Barcelona a pedir este martes una reforma “profunda e inaplazable” del modelo que proporciona alternativas temporales de vivienda a personas vulnerables. La demanda, sin embargo, no es del todo nueva. El organismo ya incluyó esta petición entre las recomendaciones finales del informe anual de 2023. «Entonces ya alertábamos de que había muchas carencias y déficits que se debían cubrir. Por eso, en julio de 2024 decidimos abrir un grupo de trabajo para buscar un uso eficiente de los recursos públicos que estamos destinando a este servicio, que son muchos», apuntaba esta mañana en rueda de prensa el síndico David Bondia.
Un nuevo sistema metropolitano de calidad basado en la prevención
La eficiencia es uno de los pilares del nuevo modelo que plantean desde la Sindicatura, que nace a partir de las conclusiones del informe Alojamientos Temporales de Emergencia: Mejoras inaplazables y retos transformadores. «El drama de muchas personas es no poder pagar un alquiler, pero muchas veces estamos cuadruplicando con estos alojamientos temporales el precio por el cual no pudieron continuar en su piso y terminaron desahuciadas«, reflexionaba Bondia, que subrayaba el problema añadido que supone que los recursos disponibles estén lejos de las que hasta ahora han sido sus hogares, como precisamente en el caso de Pepi. «Buscar estas alternativas fuera de sus barrios es alejar a los afectados de cualquier red de apoyo que tengan en una situación complicada en la cual son extremadamente vulnerables», insistía. El enfoque que propone el organismo tiene dos vertientes diferenciadas, una a corto plazo y otra a largo. El Síndic defiende que, teniendo en cuenta la crisis de la vivienda que asola la ciudad y su área metropolitana, este servicio es necesario hoy día y que es difícil cambiar de un día para otro cómo se gestionan estos alojamientos, que actualmente están en manos de compañías privadas elegidas por concurso público.
«Dedicamos muchos recursos, pero vemos que el resultado no es óptimo. Creemos que la solución a corto plazo no debe ser reactiva, sino preventiva. Se debe hacer lo que sea pertinente para evitar que haya personas que queden en situación de exclusión residencial«, señalaba este martes Pep Villarreal, uno de los coordinadores del informe, que considera que repensar este sistema permitiría que en muchos casos se pudiera conservar el domicilio en lugar de tener que actuar de emergencia por la pérdida de este. A largo plazo, la Sindicatura plantea directamente romper con la gestión privada de este servicio a través de la creación de un fondo público metropolitano liderado por la capital catalana y con una capacidad de intervención mucho más determinante. «Es evidente que el problema de la vivienda no es de la ciudad, sino que es de dimensión general y metropolitana. En Barcelona tenemos la suerte de contar con muchos actores que están interviniendo en este ámbito, por eso, proponemos integrar los recursos de entidades en forma de equipamientos, trabajadores sociales y voluntarios bajo un mismo ámbito organizativo», apuntaba Villarreal, que cree que esto permitiría una gestión más eficiente tanto de los recursos personales y materiales como de los económicos.
Este cambio de modelo organizativo también permitiría establecer un sello de calidad mínima en los alojamientos de emergencia que en muchos casos no se está cumpliendo ahora mismo. «No cualquier pensión y albergue es adecuado para cubrir una temporalidad. Hemos recibido numerosas quejas de usuarios y de técnicos de los servicios sociales y algunos de los casos ya están judicializados», puntualizaba al respecto Bondia. Entendiendo que el traspaso de la gestión privada a la pública requiere un debate amplio que podría alargarse en el tiempo, sobre todo si se quiere hacer de ámbito metropolitano, proponen que se aplique una moratoria del contrato otorgado a la compañía BCD Travel, que justo vence este 2025, con el compromiso de encaminarse a este nuevo modelo más eficiente y participativo, con colaboración público-social efectiva y una mejor calidad en el servicio.
De pisos turísticos a alojamientos de emergencia
El Síndic considera que no se debe perder de vista que muchas de las familias que llevan años utilizando este recurso no lo hacen por voluntad propia, sino porque no tienen una alternativa a su alcance. El mejor ejemplo de ello es la mesa de emergencia, que -según alertaban el año pasado entidades como la PAH- tiene una lista de espera que supera las 500 familias y está completamente colapsada. Por este motivo, es especialmente relevante que un servicio como este vaya acompañado de un asesoramiento profesional que permita salir de él lo más pronto posible, mejorando la situación de los afectados y liberando una plaza para personas que puedan necesitar este alojamiento. En esta línea, el organismo ha puesto sobre la mesa del consistorio este martes una propuesta que no ha dejado a nadie indiferente: la reconversión de una parte de los cerca de 10.000 pisos turísticos que tiene la capital catalana en alojamientos de emergencia.
La iniciativa tiene la mirada puesta en el noviembre de 2028, cuando el ejecutivo de Jaume Collboni prevé haber erradicado esta tipología de viviendas. «Planteamos que estos pisos destinados a usos no residenciales se pongan en el mercado para que puedan satisfacer las necesidades básicas de personas vulnerables que no tienen cubierto este derecho residencial», afirmaba Bondia. La propuesta viene acompañada de otra hermana que apuesta por destinar una parte de la cuota de la tasa turística al financiamiento de este servicio de emergencia, dejando en manos del mismo sector la gestión del recurso a través de la oferta de habitaciones disponibles.
