El Ayuntamiento de Barcelona, a través del departamento de riesgos laborales, elabora un informe técnico sobre el estado del Centro de Vida Comunitaria, un inmueble municipal nuevo, cerrado desde finales de enero de 2023, cuando se detectó la presencia de formaldehído, una sustancia tóxica. Según consta en una respuesta del distrito de Sant Andreu al grupo de Junts per Barcelona, a la cual ha tenido acceso el TOT Barcelona, en este documento se concretará «las previsiones de reapertura, el impacto económico derivado del cierre y la valoración del estado actual del edificio», entre otros puntos.
El cierre de este equipamiento fue adelantado en primicia por el TOT Barcelona el 2 de octubre de 2023, cuando ya llevaba ocho meses sin funcionar. Situado en el barrio de Trinitat Vella, la construcción costó 6,7 millones de euros. Abrió en marzo de 2022, pero 10 meses después tuvo que cerrar y tres personas sufrieron irritaciones, uno de los síntomas que puede producir el contacto con el formaldehído. El pasado mayo, este medio publicó que el Ayuntamiento estaba pendiente de recibir los resultados de las mediciones realizadas para reducir la presencia del formaldehído y que si todo salía correctamente se podría reabrir el Centro de Vida Comunitaria, dijo al TOT la concejala de Sant Andreu, Marta Villanueva. Han pasado cuatro meses y no se ha comunicado aún ninguna fecha.
La consejera portavoz de Junts en Sant Andreu, Ximena Gadea, presentó el 3 de julio un ruego al gobierno en el cual preguntaba, entre otras cuestiones, por la fecha de la reapertura. La respuesta del ejecutivo socialista, firmada por Villanueva, añade que el informe que se elabora, además de los aspectos mencionados anteriormente, incluirá también la relación cronológica de incidencias, los estudios realizados, la reubicación de los servicios afectados y las responsabilidades contractuales o técnicas asociadas. A lo largo de estos dos años y medio, el TOT ha preguntado sobre el impacto económico y sobre las responsabilidades de las deficiencias, sin haber obtenido respuesta sobre estas cuestiones por parte del servicio de prensa municipal.
Prevista con una reunión con el vecindario
Por otro lado, el consistorio tiene previsto convocar «una reunión pública en el barrio de Trinitat Vella, con el objetivo de compartir con la ciudadanía y los representantes municipales las explicaciones oportunas, así como el estado actual del proceso y las medidas adoptadas hasta el momento», añade la respuesta a Junts.
En el ruego de la formación independentista, Gadea recuerda que el despacho de arquitectura que diseñó el edificio fue Haz Arquitectura y que la construcción la ejecutó la UTE Copisa S.A. – Solvetia S.L. / Cobra S.L. Entre las medidas correctoras que se han aplicado han sido «la ventilación forzada, la alta temperatura y una pintura absorbente», subraya Junts. De hecho, que tenga constancia este medio la aplicación de la pintura ha sido el último intento municipal para eliminar el formaldehído. Las valoraciones internas del Ayuntamiento eran buenas y se estaba a la espera de un informe externo que diera el visto bueno.
En octubre de 2023, el Ayuntamiento vinculaba la aparición del formaldehído «con los materiales constructivos del edificio» en este caso la madera. Pero el ingeniero y responsable de la madera del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC), Jordi Gené matizaba que más que la madera las causas podían ser los derivados o tratamientos realizados a la madera, como pinturas o barnices.
«Gestión deficiente», dice Junts
Gadea dice al TOT que el caso del Centro de Vida Comunitaria de la Trinitat Vella «es un ejemplo triste», pero demasiado habitual de «la gestión deficiente» de este y el anterior gobierno municipal, ya que el problema se originó con Barcelona en Comú al frente de la ciudad y del distrito. «Hablamos de un equipamiento que costó más de 6,7 millones de euros de dinero público, inaugurado con grandes titulares en 2022 y cerrado al cabo de pocos meses por la presencia de formaldehído. Dos años y medio después, vecinos y vecinas continúan sin poder disponer del centro, y los servicios que debían estar concentrados están repartidos en equipamientos provisionales, generando más gasto, precariedad e inseguridad».
Las críticas de Junts van más allá. «No solo evidencia una falta de planificación y supervisión en la construcción, sino también una falta de transparencia. Las familias, las entidades y los profesionales del barrio tienen derecho a saber qué ha pasado exactamente, qué responsabilidades se derivan y, sobre todo, cuándo reabrirá el Centro de Vida Comunitaria. Desde Junts per Barcelona exigimos explicaciones claras, un calendario firme y que se depuren responsabilidades. Lo que está en juego no es solo un edificio, sino la confianza de la ciudadanía en las instituciones y el derecho de los barrios a recibir equipamientos seguros, dignos y útiles».
Una superficie construida de 2.000 m²
El Centro de Vida Comunitaria tiene cuatro plantas de unos 500 metros cuadrados cada una, con una superficie total construida de 2.000 m² más la urbanización de una plaza. Los servicios que se realizaban estaban vinculados con las políticas sociales de proximidad. Trabajaban unas treinta personas y dispone de sala de actos, recepción, espacio de actividad física, salas de reuniones, talleres, salas polivalentes de diferentes dimensiones y zonas de estancia y acogida.
