La presentación del informe anual de la Sindicatura de Greuges de Barcelona actúa realmente como un barómetro ciudadano. Los resultados del trabajo realizado por el organismo -desde las quejas y peticiones hasta los pronunciamientos y dictámenes- son un reflejo bastante fiel del sentir de la ciudad. Ponen bajo el foco problemas reales que deben afrontar sus vecinos, haciendo visibles aquellas zonas oscuras donde la administración municipal no alcanza o no lo hace lo suficiente. A modo de resumen y con la voluntad de señalar aquellas deficiencias que requieren abordaje prioritario, el Síndic elabora un listado con 10 recomendaciones que traslada al Ayuntamiento. Entre ellas, este año destacan la garantía del derecho al empadronamiento, la mejora del sistema de alojamiento de emergencia, el derecho al juego de los niños y adolescentes o la atención y reparación en casos de violencia sexual no recientes.
Ahora bien, si entramos en detalle en los datos de este recopilatorio del año 2024, vemos que hay un mínimo común múltiple que se repite en prácticamente cada uno de los ámbitos analizados. Si todos los caminos llevan a Roma, en el caso de la capital catalana, todos parecen entroncar con una misma problemática como es la crisis de la vivienda. Ya lo advertía el último barómetro hecho público a finales de diciembre de 2024, que situaba el acceso a la vivienda (28,8%) como la segunda gran preocupación para los barceloneses, solo una décima detrás de la inseguridad. Estos resultados confirmaban una tendencia que no ha hecho más que ir al alza desde la entrada de Jaume Collboni en la alcaldía. El último informe de la Sindicatura no solo pone sobre la mesa dos propuestas de mejora directamente relacionadas con este ámbito, sino que también identifica el derecho a la vivienda como uno de los más vulnerados y de los que concentran más quejas ciudadanas.
Del total de 523 pronunciamientos emitidos por el organismo a lo largo de 2024, hasta 134 resoluciones trataban ámbitos comprendidos dentro de la primera tenencia de alcaldía -Urbanismo, Transición Ecológica, Servicios Urbanos y Vivienda- y la mayoría hacían referencia al Comisionado de Vivienda. En este sentido, se detecta que problemáticas como los desahucios, el acceso a los recursos de alojamiento de urgencia, la gestión del parque de vivienda pública o el colapso de la mesa de emergencia no solo afectan este derecho a la vivienda. Estas también tienen efectos colaterales en otros derechos ciudadanos como el de contar con una buena administración o poder acceder a los servicios de protección social. Para poder elaborar una respuesta adecuada a estas deficiencias, el Síndic separa sus pronunciamientos en tres grandes bloques: el derecho a la vivienda en términos generales, el empadronamiento y los alojamientos de urgencia.
Cuando el alquiler supera el 30% de los ingresos
En el análisis del derecho a la vivienda en el sentido más estricto de la palabra, el informe identifica tres tipos de problemáticas. Por un lado, las dificultades que tienen los residentes con ingresos más bajos para continuar pagando el alquiler de los domicilios que tienen asignados dentro del parque municipal de vivienda. En la mayoría de los casos, el precio sumado a los gastos ordinarios supera el 30% de los ingresos de la unidad familiar. La otra gran queja hace referencia al excesivo tiempo de espera para la formalización de los contratos en pisos sociales, que a menudo es superior al año desde que se produce el sorteo o la asignación. En último lugar, encontramos denuncias por el estado de la red de suministros de algunos de estos edificios de protección oficial.
Ante estas reclamaciones, la Sindicatura recomienda tanto al área de Derechos Sociales del Ayuntamiento como al Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHAB) que se «revisen los criterios de subvención de los alquileres de viviendas de los fondos de alquiler social y de viviendas públicas para las personas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión residencial«. También se pide agilizar sin demora los trámites para formalizar los contratos de las personas que tienen un piso adjudicado y la adopción de medidas para corregir definitivamente las deficiencias detectadas en las instalaciones de suministros de promociones municipales.
Unos cambios en el padrón que no dejen a nadie atrás
El empadronamiento es uno de los grandes caballos de batalla del ejecutivo para este mandato. El consistorio trabaja para arrojar luz sobre el incremento exponencial de las personas registradas sin domicilio fijo detectado en la última década. Un estudio encargado a la compañía KSNET situó tres causas principales que han contribuido en diferente medida a este aumento: la crisis de la vivienda, un efecto llamada hacia ciudadanos de otros municipios del área metropolitana donde se están poniendo trabas para empadronarse y un desajuste entre la situación residencial real de los barceloneses y los registros del padrón. La razón de fondo que engloba las tres es la precariedad y, concretamente, el miedo a perder de una manera u otra el acceso a prestaciones sociales, sea en la capital catalana o en la localidad donde estas personas tienen su domicilio en realidad.
Con el objetivo de poder conseguir esta foto fidedigna de barceloneses, las áreas de Acción Social y Derechos Sociales del Ayuntamiento decidieron incorporar hace un año y medio una serie de modificaciones en los criterios para la obtención del informe de conocimiento de residencia (ICR), un documento que acredita que la persona vive en la ciudad. Se optó por ampliar el número de revisiones e inspecciones, que hasta entonces eran aleatorias y comenzaron a ser obligatorias. Sin embargo, según alerta la Sindicatura, estos cambios están provocando que algunos colectivos vulnerables concretos se queden «desprotegidos» y sin poder acceder al padrón. «Barcelona ha liderado este tema durante mucho tiempo permitiendo empadronamientos colectivos sin pernoctación. Estamos de acuerdo con cambiar el criterio, pero no podemos permitir que personas que hasta ahora estaban empadronadas en una entidad pierdan este derecho», señala el síndic David Bondia.
Desde el organismo consideran que el ICR y el padrón deberían formar parte de un mismo procedimiento que se resuelva con un silencio positivo, es decir, que solo se deniegue el padrón en caso de detectar irregularidades. «Si separamos los dos trámites, estamos ralentizando el proceso y se está dificultando el empadronamiento«, insiste Bondia, que remarca que esta problemática debe tener un abordaje en clave metropolitana para no dejar a nadie sin cobertura. Por todo ello, recomienda que se elabore un protocolo para la gestión de las comprobaciones de residencia, que se garantice la continuidad del empadronamiento de las personas en sedes de entidades y dotar al sistema de los recursos necesarios para poder llevar a cabo la tramitación de manera electrónica. En este sentido, en relación también con el padrón sin domicilio fijo, es importante subrayar el recorrido iniciado en febrero del año pasado por el organismo con la presentación en el Parlamento de un dictamen sobre la proposición de ley para erradicar el sinhogarismo. Este es un problema que afecta especialmente a la ciudad, que concentra la mitad de las personas sin hogar registradas en Cataluña.
Cronificación de la urgencia
El sistema de alojamientos de urgencia es el otro gran pilar que el consistorio se ha propuesto modificar durante este curso político. El Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) ya está elaborando unos nuevos criterios de gestión para limitar la temporalidad del uso que hacen las personas que acceden a este recurso. Se pretende situar un tope máximo de seis meses para poner fin a algunas situaciones en las cuales las estancias en estos espacios se alargaban hasta los dos años. «Creemos que es necesario un cambio de modelo porque cada familia tiene una realidad diferente y se deben tener en cuenta sus particularidades. Sin embargo, seis meses no servirán en muchos casos para encontrar una solución de vivienda para los afectados», afirma Bondia, que ya ha pedido a los comisionados de Acción Social y Vivienda que se aplique una moratoria en la aplicación de los nuevos baremos. Asimismo, es importante recordar que uno de los recursos que podrían dar salida a estas personas sería la mesa de emergencia, que -según alertaban el año pasado entidades como la PAH- tiene una lista de espera que supera las 500 familias.
La Sindicatura asegura que han recibido numerosas quejas tanto por parte de los usuarios como de los mismos trabajadores por el estado en el cual se encuentran muchos de estos alojamientos y por la calidad del servicio, que implica numerosas veces la separación de núcleos familiares y que tiene una capacidad limitada. Por eso, propone un abordaje que vaya más allá de la urgencia y que tenga en cuenta también factores económicos. «No tiene ningún sentido que sea un operador turístico quien gestione las viviendas. Si una parte importante del presupuesto municipal debe destinarse a los alojamientos de urgencia para hacer este acompañamiento, ¿por qué no nos planteamos medidas de carácter preventivo que eviten, por ejemplo, que familias sean desahuciadas?», reflexiona el síndic. En esta línea, el organismo está ultimando un informe que presentarán el próximo mes y donde se pondrán sobre la mesa diversas propuestas para mejorar este servicio. Una de estas tiene que ver con los concursos públicos en los cuales se otorga la gestión de este servicio a compañías privadas. Bondia plantea utilizar la diferencia entre el precio de salida de la licitación y la cantidad final con la que se cierra el concurso para mejorar este sistema de alojamientos de urgencia.
