Los gigantes del sector inmobiliario han atracado esta semana en Barcelona en un mar en calma. Fondos de inversión, inmobiliarias y entidades bancarias se dan cita hasta el jueves en el recinto de la Fira de Barcelona de l’Hospitalet de Llobregat, donde se celebra la cuarta edición del congreso The District. A diferencia de otros años, no ha habido movilizaciones importantes de la sociedad civil para impedir su celebración o señalar a los participantes. Sin embargo, esto no significa que la situación de la vivienda haya mejorado respecto a otras ediciones. Al contrario. Desde entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) apuntan que están «desbordados» por la crisis residencial que vive la capital catalana, que desde hace un tiempo está inmersa en una presión inmobiliaria sin precedentes. Sí ha habido pronunciamientos unitarios, como el que el lunes hacía la Confederación Sindical de Vivienda de Cataluña (COSHAC), que aglutina una treintena de colectivos de la vivienda como el Sindicat de Llogateres, denunciando que la ciudad vuelva a acoger la que bautizan como «feria de la especulación«.
Como ya ocurría con ediciones anteriores, entre los ponentes y participantes del congreso inmobiliario hay varios fondos de inversión e inmobiliarias con un largo historial de conflictos por el derecho a la vivienda a sus espaldas. Hay muchos ejemplos, pero quizás los casos más evidentes son los de Renta Corporación y Cerberus, dos compañías que directa o indirectamente tienen en estos momentos varias disputas legales con familias barcelonesas que podrían verse obligadas a abandonar su hogar en las próximas semanas o meses para dejar vía libre a operaciones especulativas.
Este año también se dan cita compañías especializadas en actividades que se aprovechan de los vacíos legales que ha dejado la regulación estatal de los precios del alquiler, sobre todo en lo que respecta a los contratos temporales -de un máximo de once meses- y de habitaciones. Es el caso de aquellas que explotan modalidades como los colivings, uno de los subterfugios que encuentran los propietarios y que permite la Ley para poder subir el precio de las viviendas por encima del tope establecido. Todo esto, a las puertas de un año 2026 que se prevé crucial para los inquilinos, ya que se calcula que caducan cerca de 119.000 contratos en todo el territorio catalán, 32.500 de los cuales en Barcelona.
Una cadena de desalojos rota
El vínculo de Renta Corporación con las prácticas especulativas en la capital catalana lo encontramos a través de una de sus accionistas principales, Elena Hernández de Cabanyes. Ella es la fundadora y administradora única de Second House, un entramado empresarial fundado en 1994 que es propietario de más de una decena de bloques de pisos repartidos por la capital catalana. Esta inmobiliaria lleva tiempo en el punto de mira de entidades como el Sindicat de Llogateres por su modus operandi, que consiste precisamente en la adquisición de edificios enteros con el objetivo de vaciar, renovar y venderlos revalorizados.
Lo intentaron con los bloques de la calle de Tapioles y de en Cortines, ubicados en Poble-sec y Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera, respectivamente, y ahora amenazan con hacer lo mismo con los vecinos del número 7 de la calle de Salou, en Sants. En los dos primeros casos, la movilización ciudadana consiguió después de dos años de lucha que la propiedad claudicara a finales de 2024 y aceptara renovar los contratos de todas las familias amenazadas, en una demostración del poder del hermanamiento contra la especulación con pocos precedentes en la capital catalana. Las seis familias de la calle de Salou se reflejan en esta cruzada para poder quedarse en sus domicilios y cuentan con el apoyo y asesoramiento del Grupo de Vivienda de Sants. Renta Corporación participa en el congreso de la mano de su jefe de Inversiones, Luis Guardia.
En cuanto a Cerberus, el fondo no tiene ningún ponente en la edición de este año de The District, pero sí figura como uno de los participantes. Uno de los conflictos más mediáticos que ha protagonizado este fondo en la ciudad en la historia reciente se vivió la pasada primavera en Nou Barris, uno de los distritos más afectados por la problemática de los desalojos y donde casi el 60% de los contratos firmados el año pasado ya fueron temporales. Fue en Ciutat Meridiana, donde más de un centenar de personas acudieron a finales de abril al llamado del Sindicat de Llogateres, el Sindicat d’Habitatge de Nou Barris y la asociación 500×20 para detener dos desalojos programados el mismo día en la avenida de Rasos de Peguera, solo separados por unos números de distancia. Uno de los afectados era Juanjo Hernández, un vecino de 56 años que lleva 25 viviendo en un piso de esta vía. Lo compró en el 2000, pero en un momento dado no pudo pagar la hipoteca y llegó a un acuerdo para quedarse con un alquiler social. Después de que el domicilio pasara por las manos de varios fondos de inversión, terminó en manos de Cerberus que se negó a renovarle el contrato en 2020, a pesar de tener acreditada su vulnerabilidad.
Solo unas semanas después, el fondo también protagonizaba otra demanda por desalojo en el barrio vecino de la Prosperitat. La afectada, Iblin Robles, tiene 60 años y vive desde 2013 en un piso de alquiler ubicado en el número 41 de la calle de Vinyar. La empresa que gestionaba su vivienda desapareció con la pandemia y el domicilio terminó en manos de Cerberus. Los nuevos responsables se negaron a renovarle el contrato, que venció en 2021. Antes de la fecha de lanzamiento, que finalmente se pudo posponer, le ofrecieron 6.000 euros para dejar el piso, una propuesta que no podía aceptar porque ella está de baja temporal y su hijo tiene diagnosticados varios problemas psiquiátricos con conductas suicidas.
Sospechosos habituales y vínculos con Israel
Algunos de los sospechosos habituales que también tienen su cuota de presencia en el congreso inmobiliario son gigantes como Apollo, JP Morgan, Brookfield, Hines, Goldman Sachs, BlackRock, Rockfield o Azora. En el caso de este último, se trata de uno de los mayores tenedores de viviendas en régimen de alquiler de todo el Estado y también uno de los más señalados por las cláusulas abusivas que incluía en sus contratos. De hecho, el fondo ha sido condenado judicialmente por estas prácticas en hasta dos ocasiones. La última hace solo cuatro meses, cuando el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Badalona declaró nulas las cláusulas que una de las filiales del grupo inversor hicieron pagar a un grupo de una docena de inquilinos, representados por el Colectivo Ronda y con el apoyo de varias entidades pro vivienda. Azora participa en The District a través de su director de Tecnología, Alberto Hernández.
En el apartado de entidades bancarias, encontramos una amplia representación de firmas en la edición de este año, con responsables de Servihabitat (CaixaBank) o Solvia (Banc Sabadell), que participa en el congreso de la mano de la firma sueca Intrum, que absorbió la cartera de la inmobiliaria a finales de 2022. También la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) aparece en la lista de ponentes de este 2025. Lo hace a través de Carlos Pérez de Yrigoyen, director de Desarrollo de Negocio de Hipoges, la firma que controla a medias la cartera de la institución creada para gestionar los activos inmobiliarios calificados como tóxicos derivados del rescate bancario que el Estado hizo en 2012. Una de las polémicas recientes protagonizadas por la Sareb -que está pendiente de su disolución definitiva- fue el desalojo de los edificios de la Bonanova conocidos como el Kubo y la Ruïna.
Hipoges ha sido precisamente una de las compañías participantes de las jornadas que han sido señaladas este año por las entidades pro vivienda por su vinculación directa o indirecta con el estado de Israel. En el caso de la gestora de activos de la Sareb, la relación es clara dado que forma parte del fondo israelí KKR, protagonista de la oleada de renuncias de artistas que sufrieron muchos festivales de la capital catalana este verano, como por ejemplo el Sónar. Otras empresas con supuestos vínculos con Israel son Autodesk, CBRE o Stoneweg, el fondo propietario del antiguo cine Comèdia que está en el ojo del huracán por el polémico proyecto del nuevo Museo Thyssen, que prevé aumentar desmesuradamente la volumetría de este edificio barcelonés catalogado como bien cultural de interés local (BCIL). «Acoger The District hace evidente la hipocresía descarada de las instituciones públicas, que dicen responder a las demandas de la sociedad, pero luego no solo son incapaces de proteger mínimamente el derecho a la vivienda sino que apoyan y subvencionan eventos […], promoviendo la participación de empresas sionistas en diferentes eventos para que puedan hacer negocio sin problema», señalan con contundencia desde el Sindicat de Llogateres, centrando sus acusaciones sobre todo en el Ayuntamiento de Barcelona.
El nuevo dolor de cabeza inquilino
Entre las intervenciones que previsiblemente traerán más cola de esta edición encontramos las de todas aquellas empresas que explotan los colivings. Esta actividad inmobiliaria es una de las que más ha crecido en los últimos años en la capital catalana, convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza para la lucha pro vivienda. Para combatir este fenómeno, seis fincas unieron fuerzas el pasado mes de junio para denunciar las prácticas especulativas de Vandor, un fondo que ha comprado una catorcena de inmuebles en la capital catalana para hacer colivings, expulsando a los inquilinos a medida que vencen sus contratos. Desde su fundación en 2019, la empresa ha adquirido solo en la ciudad 193 pisos que tenían contratos de alquiler vigentes y que de forma progresiva han sido renovados para ponerlos en el mercado a unos 2.000 o 2.500 euros mensuales, en el caso de los apartamentos completos, y a unos 900 euros al mes si miramos por habitación.
Esta compañía no estará presente en el congreso, pero sí lo estará Node Living de la mano del director ejecutivo, Esteve Almirall. La firma se presenta en su página web como el «mejor coliving de Barcelona», ofreciendo habitaciones y apartamentos amueblados que representan la «combinación ideal de privacidad, comodidad y comunidad». La empresa tiene sedes en Madrid, Dublín, Londres y Los Ángeles y una cartera con más de un centenar de activos. En la capital catalana, gestiona apartamentos de alquiler en ocho inmuebles repartidos por varios barrios de la ciudad. La habitación más barata disponible cuesta 850 euros mensuales con baño compartido en un piso de Sant Antoni, mientras que el piso completo disponible más barato son 2.000 euros mensuales, tiene dos habitaciones y dos baños y está ubicado en Poblenou.
