La movilización ha cumplido las expectativas. Cerca de medio milenio de personas se concentran todavía en estos momentos y desde primera hora de la mañana de este miércoles en las puertas del bloque Sant Agustí de Gràcia para evitar el desalojo de Txema Escorsa, el primero de los vecinos del número 14 de la calle de Sant Agustí que enfrenta una demanda de desalojo. El desalojo estaba previsto para las nueve y media de la mañana, aunque la comitiva judicial encargada del proceso se ha presentado en el lugar unos minutos después para negociar con el Sindicato de Inquilinas y el Servicio de Mediación de Vivienda del Instituto Municipal de Vivienda. Finalmente, el desalojo ha podido suspenderse por esta presión vecinal y se ha fijado una nueva fecha para el próximo 15 de abril, en una resolución que recuerda al caso de la Casa Orsola. En aquella ocasión, la situación se resolvió entonces con la compra del inmueble por parte del Ayuntamiento de Barcelona de la mano de la fundación Hàbitat3. Una operación que costó 9,2 millones de euros, un 30% por debajo del precio de mercado, pero lejos de los seis millones que podría haber pagado el consistorio en el año 2021 para hacerse con el bloque de pisos.
El propietario del bloque de Gràcia afectado es el fondo inversor New Amsterdam Developers (NAD), que compró el edificio en el año 2023 y desde entonces ha ido dejando vencer uno a uno los contratos de los inquilinos para convertir las viviendas en colivings. Actualmente, solo quedan en el bloque cinco familias. El resto de los pisos se alquilan por habitaciones a precios de entre 820 y 980 euros y dirigidos a un público internacional. Para más inri, la propiedad continúa operando en este inmueble a pesar de estar investigada por realizar obras sin licencia ni proyecto técnico, actividad por la cual ha sido multada al menos en seis ocasiones por el Ayuntamiento. En paralelo, el entramado empresarial también ha sido sorprendido por un juzgado tratando de evadir las restricciones que se aplican a los grandes tenedores registrando el edificio de la calle de Sant Agustí con un solo número en el Registro de la Propiedad, como si fuera una única vivienda y no todo el bloque.
En cuanto al caso concreto que ha destapado la caja de los truenos, Escorsa se ha convertido un poco sin quererlo -como lo hizo en su momento con la Casa Orsola Josep Torrent– en la cara visible de la lucha contra las prácticas especulativas de su propietario. De hecho, ambos comparten curiosamente profesión, ya que son profesores de instituto. En el caso de Escorsa, tiene 31 años y lleva once viviendo en la finca pagando un alquiler de 800 euros mensuales. En declaraciones a los medios, el inquilino ha agradecido en las últimas horas las muestras de apoyo recibidas y ha asegurado que tener a toda esta gente a su lado lo reconforta: «Me hace ver que todo lo que estoy haciendo tiene sentido y que somos muchas personas que estamos de acuerdo en que esta situación no se puede aguantar más […] Hoy soy yo, pero podría haber sido cualquier otro vecino. Es un problema que muchísima gente que no nos conocía ha hecho suyo porque entiende que la vivienda debe ser un derecho y no un negocio, y, por tanto, hoy es lo que venimos a gritar y lo que venimos a demostrar».
Una reforma clave para frenar los colivings
Es importante recordar que se prevé que la modificación de la ley que puede poner límites a los colivings, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), impulsada por el Sindicato de Inquilinas y otros movimientos pro-vivienda, se vote en el Congreso de los Diputados durante el próximo mes. En este contexto, el voto de los partidos catalanes será decisivo para determinar el destino de esta ley.
