Marga Aguilar tiene un juicio este martes. Esta vecina de la centenaria Casa Fajol -rebautizada popularmente como bloc Papallona– es la primera de los inquilinos del edificio que responderá ante la justicia por querer quedarse en la que ha sido su casa durante más de tres décadas. Ella accedió al piso en 1992 con un contrato de cinco años y pagando 45.000 pesetas mensuales. «Pensé por error que mi contrato se había reconducido a uno indefinido. Nunca firmamos ninguna renovación con la antigua propiedad, pero tampoco dijeron nada más», explica. Cuando murió el propietario histórico del inmueble en septiembre de 2023, los herederos comunicaron a los inquilinos por escrito que la voluntad era respetar los contratos con las mismas condiciones que hasta entonces. Casi un año más tarde, en agosto de 2024, Aguilar recibió un burofax que le daba 30 días para abandonar su domicilio.
Cinco vecinos más del bloque recibieron por esas fechas el mismo burofax. Los herederos habían vendido el inmueble entero en mayo de ese mismo año por cinco millones de euros al entramado empresarial New Amsterdam Developers (NAD) en una operación para la cual el Ayuntamiento de Barcelona no hizo uso del derecho a tanteo y retracto. El objetivo de los nuevos titulares -un fondo inversor holandés con decenas de activos inmobiliarios en la ciudad- era claro: dejar vencer los contratos para expulsar a los inquilinos y así poder fragmentar los pisos en habitaciones y alquilarlas por separado a precios mucho más altos. Un año y medio después de la adquisición, solo resisten seis familias en el edificio, que tiene catorce viviendas y dos locales. Hasta cinco inquilinos han abandonado en este tiempo el inmueble. Dos lo han hecho por problemas psicológicos derivados de la presión a la que estaban sometidos y tres más porque no podían afrontar los costos judiciales de llevar su caso a tribunales. Sea como sea, el resultado ha sido el mismo. Los domicilios han quedado vacíos, preparados para ser reformados. De hecho, dos de los pisos ya han sido completamente remodelados y otro está en proceso, con las consiguientes molestias para los inquilinos.
Sant Agustí, aviso para navegantes
Menos de 24 horas antes de presentarse ante el juez, Aguilar tomó la palabra este lunes en la presentación del último informe de la Asociación de Vecinos de la Esquerra de l’Eixample sobre la problemática de la vivienda en esta zona de la ciudad. Lo hacía con firmeza en la voz, pero la mano temblorosa, consciente de que las miradas de los presentes la apuntaban. «Ninguna de las familias del bloc Papallona se fue por voluntad propia […] La propiedad nos ha llegado a ofrecer pisos en Gràcia sin decirnos que vivían familias a las que iban a echar para que entráramos nosotros», aseguraba, exponiendo a modo de ejemplo algunas de las prácticas de la empresa propietaria. La vecina apelaba en su discurso a las diferentes administraciones para que tomen medidas contra la actividad de los fondos de inversión, que ya son propietarios solo en la Esquerra de l’Eixample de 68 bloques de pisos. «Necesitamos plantarles cara porque el tejido social del barrio queda vacío sin sus vecinos», afirmaba, antes de confirmar que presentará batalla hasta un eventual desalojo.
Entre los presentes en la rueda de prensa de presentación del informe, realizada frente al bloc Papallona, estaba Txema Escorsa. Este vecino del número 14 de la calle de Sant Agustí, en el barrio de Gràcia, sabe bien lo que es enfrentarse a un juicio por negarse a abandonar su domicilio. Lo hizo hace un par de semanas y después de que el mismo fondo, New Amsterdam Developers (NAD), comprara su edificio en 2023 y fuera dejando vencer uno a uno los contratos de los inquilinos para convertir las viviendas en colivings. Actualmente, solo quedan en el bloque cinco familias. El resto de los pisos se alquilan por habitaciones a precios de entre 820 y 980 euros y dirigidos a un público internacional. La propiedad continúa operando en este inmueble a pesar de estar investigada por hacer obras sin licencia ni proyecto técnico, actividad por la cual ha sido multada en al menos seis ocasiones por el Ayuntamiento. En paralelo, el entramado empresarial también ha sido sorprendido por un juzgado intentando esquivar las restricciones que se aplican a los grandes tenedores registrando el edificio de la calle de Sant Agustí con un solo número en el Registro de la Propiedad, como si fuera una única vivienda y no todo el bloque.
El blindaje de los inquilinos está en manos de Junts
Como un aviso para navegantes de lo que puede pasar en el bloc Papallona, Escorsa apoyaba este lunes a Aguilar en su comparecencia. La vecina del edificio de l’Eixample compartía atril con Anna Olesti, también vecina de la Casa Fajol y portavoz del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), que asesora a los inquilinos del inmueble en esta cruzada contra el fondo inversor. «No abandonaremos nuestras casas e iremos hasta las últimas consecuencias. Nos convertiremos en un problema político para el Ayuntamiento y haremos de cada bloque una trinchera contra el negocio de la vivienda», señalaba, poniendo la mirada en el papel de la administración municipal, que considera que «no ha movido un dedo» para evitar estas prácticas especulativas. Al lado de Olesti, estaba Gerard Mena, portavoz del Sindicat de Llogateres, la entidad que lleva el caso de Escorsa y de los vecinos supervivientes del 14 de la calle de Sant Agustí. «El bloc Papallona es solo un ejemplo más de lo que pasa si no se pone freno a la estafa del alquiler de habitaciones y de temporada […] La administración hace dejación de funciones y abandona a los inquilinos ante los monstruos», lamentaba.
Mena aprovechaba la rueda de prensa para criticar el papel de las autoridades ante la no aplicación del régimen sancionador a los grandes tenedores y para pedir responsabilidad a Junts para que dé luz verde a la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que se vota este mes de febrero. Desde el sindicato remarcan que se trata de una medida clave porque blinda la regulación catalana de alquileres temporales y de habitaciones ante cualquier recurso al Tribunal Constitucional y garantiza una prórroga de tres años a todos los contratos ubicados en zonas tensionadas. Según la previsión de la entidad, este 2026 caducan 119.000 contratos de alquiler en Cataluña, 32.500 de los cuales en Barcelona, que podrían acogerse a la regulación.
Una cruzada compartida
En cuanto a la cruzada contra los colivings, cabe recordar que seis fincas unieron fuerzas de la mano del Sindicat de Llogateres el pasado junio para denunciar las prácticas especulativas de un fondo que quiere convertir una catorcena de inmuebles de la ciudad en esta tipología residencial. Hablamos de Vandor, una inmobiliaria propiedad del gigante inversor británico Patron Capital que desde su fundación en 2019 ha adquirido solo en la ciudad 193 pisos que tenían contratos de alquiler vigentes. De forma progresiva, estas viviendas han sido renovadas para ponerlas en el mercado a unos 2.000 o 2.500 euros mensuales, en el caso de los apartamentos completos, y a unos 900 euros al mes si miramos por habitación. Uno de los casos más paradigmáticos quizá es el de Rosario Castillo, la última vecina de toda la vida que resiste en el número 69 de la calle d’Entença, también en la Esquerra de l’Eixample. El resto de los once pisos del inmueble adquirido por Vandor en 2021 se han convertido en un coliving. Del balcón de Castillo cuelga una pancarta donde se puede leer claramente una consigna que parece haberse convertido en el leitmotiv de esta cruzada: Stop coliving.
Conscientes de que se trata de una problemática que afecta de lleno la zona, la Asociación de Vecinos de la Esquerra de l’Eixample ha decidido sumar esfuerzos con los dos sindicatos para intentar revertir esta situación cuando aún hay margen de maniobra. «Muchos hemos vivido toda la vida en el barrio y al final acabaremos expulsados. Desde la asociación de vecinos hemos visto que o nos apuntamos a la lucha o acabaremos viviéndola desde fuera», aseguraba en la rueda de prensa de este lunes Xavier Riu, portavoz de la entidad vecinal.
