Barcelona no quiere terminar convertida en un «gran coliving«. Así lo señalaba hace unas semanas Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres, y lo han escenificado este viernes un grupo de vecinos afectados por la proliferación de este tipo de vivienda en la ciudad. En una alianza con pocos precedentes en la ciudad, seis fincas han unido fuerzas para denunciar las prácticas especulativas de un fondo que ha comprado una catorcena de inmuebles en la capital catalana para hacer colivings, expulsando a los inquilinos a medida que vencen sus contratos. En concreto, los inquilinos apuntan a la compañía Vandor, una inmobiliaria especializada en servicios de alquiler de coliving y propiedad del gigante inversor británico Patron Capital. Desde su fundación en 2019, la empresa ha adquirido solo en la ciudad 193 pisos que tenían contratos de alquiler vigentes y que de forma progresiva han sido renovados para ponerlos en el mercado a unos 2.000 o 2.500 euros mensuales, en el caso de los apartamentos completos, y a unos 900 euros al mes si miramos por habitación.
Este frente común vecinal se ha presentado en una rueda de prensa desde uno de los edificios comprados recientemente por esta compañía, en el número 62 de la calle de l’Avenir, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Una de las inquilinas del bloque ha explicado que los nuevos propietarios ya han comenzado a enviar notificaciones a los inquilinos para avisar que no renovarán los contratos. También ha intervenido en la comparecencia Rosario, la última inquilina que sobrevive en la finca del número 69 de la calle d’Entença. Los otros diez hogares de este inmueble han sido convertidos en colivings donde viven jóvenes estudiantes, principalmente estadounidenses, que vienen a pasar temporadas de dos o tres meses en la ciudad. En el caso de Rosario, su contrato venció en diciembre de 2023 y la propiedad ya ha interpuesto una demanda para desahuciarla. Junto con otros veinte vecinos afectados, la inquilina ha enviado una carta a Vandor solicitando una «negociación colectiva para abordar el conflicto y evitar más expulsiones«.
La comparecencia ha tenido lugar después de que hace unas semanas volviera a primera línea política el caso del edificio del número 14 de la calle de Sant Agustí, un bloque de la Vila de Gràcia convertido en coliving e investigado por hacer obras sin licencia ni proyecto técnico. Según la denuncia de las entidades pro-vivienda, la propiedad de este inmueble -un fondo inversor holandés con decenas de activos inmobiliarios en la ciudad- estaría dejando vencer los contratos para expulsar a los inquilinos y así poder fragmentar los pisos en habitaciones y alquilarlas por separado a precios mucho más altos. A pesar de las irregularidades detectadas por el consistorio, que le han costado varias sanciones, los propietarios continúan operando irregularmente.
Restricciones a los fondos buitre para frenar la especulación
Es importante recordar que desde el Sindicat de Llogateres ya se trasladó a la misión europea de vivienda que a finales del pasado mes de mayo visitó Barcelona la necesidad de poner restricciones a los fondos buitre para evitar la proliferación descontrolada de colivings. En concreto, la entidad instaba a los eurodiputados a regular los alquileres de temporada y de habitaciones para poner freno a la actividad de estos grandes inversores, que actualmente tienen carta blanca para operar en la ciudad. A raíz de este frente común vecinal, el Sindicat vuelve a reclamar a la Generalitat que el nuevo decreto que regula
los alquileres de temporada y de habitaciones, que prohíbe prácticas especulativas como estas, entre en vigor y se aplique lo antes posible.
