Revés judicial para el fondo de inversión New Amsterdam Developers (NAD), que se hacía pasar por un pequeño propietario para acelerar el desalojo de uno de los inquilinos del bloque de la calle Sant Agustí, 14, en el barrio de la Vila de Gràcia, a quien no quieren renovar el contrato. Un juzgado civil de Barcelona ha considerado que el fondo, propietario de todo el edificio, es un gran tenedor porque el bloque no puede contarse como una sola propiedad, sino que deben contabilizarse los 11 pisos que lo conforman. La empresa había registrado el edificio con un solo número en el Registro de la Propiedad para eludir la ley, que obliga a los propietarios de cinco o más pisos a ofrecer mediación o un alquiler social a los inquilinos antes de poder desalojarlos.
El juzgado se posiciona así en el caso New Amsterdam Developers Gràcia contra un inquilino a quien quiere desalojar para poder dedicar el edificio de la calle Sant Agustí a colivings. De hecho, el fondo ha sido investigado por realizar obras sin licencia en el edificio y ha sido multado en al menos seis ocasiones por el Ayuntamiento de Barcelona por diversas irregularidades. La estrategia del fondo es dejar extinguir los contratos de alquiler vigentes para echar a los vecinos y reformar los pisos para alquilarlos por habitaciones. Los vecinos del edificio han denunciado al fondo porque consideran que las obras que se están realizando son una gran rehabilitación y, por lo tanto, la propiedad debería reservar un 30% de los pisos para vivienda protegida. Los servicios técnicos del distrito de Gràcia lo están investigando.
El juzgado frena al fondo de inversión
En un decreto de marzo pasado al que ha tenido acceso la Agencia Catalana de Noticias (ACN), la letrada de la administración de justicia del Juzgado de Primera Instancia número 35 de Barcelona confirma que la empresa es una gran tenedora porque el bloque incluye 11 viviendas, por encima de las cinco que se consideran el mínimo para ser considerado gran tenedor. La resolución desmonta la estrategia que algunas inmobiliarias y fondos buitre habían ideado para esquivar la regulación de precios y acelerar la expulsión de vecinos. En el momento de interponer la denuncia, la Ley de Vivienda aún distinguía entre pequeños y grandes tenedores a la hora de obligar a la propiedad a realizar una intermediación con la Agencia Catalana de Vivienda antes de iniciar un desalojo. Ahora, con la Ley 1/2025, se reinstauró una obligación de negociación para todos los propietarios independientemente del número de pisos que posean.
Solo en Barcelona, New Amsterdam Developers controla una decena de bloques con un centenar de pisos, 21 locales comerciales y cuatro oficinas, informa La Directa. La estrategia del grupo es tener una única inscripción registral para cada finca y una sociedad por finca, de modo que cada empresa puede intentar presentarse ante la justicia como pequeño propietario.
