El Sindicat de Llogaters denuncia que la regulación de los alquileres que propone la nueva Ley de Vivienda «está diseñada para continuar subiendo los precios». De hecho, según una simulación que han hecho desde el sindicato a partir de los datos actuales y teniendo en cuenta el «mercado tensado» de Barcelona, el precio del alquiler podría encarecerse hasta un 35% en los próximos 5 años, es decir, pasar de 1.077 euros -que es el precio mediano del alquiler de la capital catalana el diciembre de 2022- a 1.453 euros de precio mediano.
«Al tener un redactado vago y pleno de imprecisiones, permiten a la patronal inmobiliaria subvertir el sentido de la regulación de los alquileres y continuar haciendo subidas a los locatarios«, denuncian a través de un comunicado. Desde el sindicato recalcan que, tal como está redactada la ley, al precio actual se le podría añadir un aumento de un 10% en el momento de la renovación de contrato «alegando simples mejoras, como un interfono con cámara». A este incremento también se le suma un 2% adicional por la actualización de precio del 2023 y el precio del IBI, puesto que tal como está configurada la regulación no queda prohibido añadir tasas y tributos al precio del anterior contrato.
Solo con el incremento de estos tres elementos, el precio se podría encarecer hasta un 19% este año. Para calcular los precios de los próximos años, la simulación del sindicato de locatarios se ha hecho aplicando un aumento del 3% en 2024, tal como permite la ley actualmente, y manteniendo este porcentaje de crecimiento por los años próximos. Los porcentajes, pero, todavía no se han hecho públicos, y por eso, desde el sindicato, explican que aplican estos porcentajes confiando que el nuevo índice «está muy diseñado y consigue limitar las actualizaciones anuales a un máximo de el 3%«.
Los alquileres de temporada
Desde el Sindicato alertan que el gran agujero de la Ley de Vivienda son los alquileres de temporada, puesto que no tienen ninguna regulación estipulada: «Los rentistas podrían recurrir a un alquiler de temporada, de solo 11 meses de duración y sin ningún tipo de tope al precio, puesto que la ley no regula estas situaciones», aseguran, una estratègia que algunos propietarios podrían usar para «saltarse la regulación».
