Las ilegalidades de un bloque de coliving de la Vila de Gràcia investigado por realizar obras sin licencia se han colado en el debate político. El caso del edificio en el número 14 de la calle de Sant Agustí salió a la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona celebrada este martes tras la denuncia conjunta del Sindicat de Llogateres y el Sindicat d’Habitatge de Gràcia, que alertaron que la propiedad de este inmueble -un fondo inversor holandés con decenas de activos inmobiliarios en la ciudad- continuaba operando irregularmente a pesar de haber sido sancionada por el consistorio.
Todo se remonta a 2023, cuando el entramado empresarial New Amsterdam Developers adquirió este bloque en Gràcia con el objetivo de transformarlo en un coliving a través de su marca Enter Coliving. Para hacerlo, según denuncian las entidades pro vivienda, el propietario estaría dejando vencer los contratos para expulsar a los inquilinos y así poder fragmentar los pisos en habitaciones y alquilarlas por separado a precios mucho más altos. Estos trabajos de reforma se habrían realizado sin licencia de obras ni proyecto técnico, motivo por el cual los vecinos del edificio interpusieron dos instancias en el distrito barcelonés en febrero de 2024. Además, al tratarse de una gran rehabilitación del inmueble, la propiedad debería aplicar la reserva del 30% de los domicilios para vivienda protegida.
Ante la pasividad municipal, los inquilinos afectados optaron por recurrir al Síndic de Greuges. El movimiento logró despertar el efecto deseado y el Ayuntamiento inició en julio las inspecciones en la finca por estas obras ilegales. En febrero de este año, el consistorio resolvió que los trabajos no se adecuaban a la normativa vigente e impuso una sanción coercitiva de hasta 500 euros al fondo propietario, requiriéndole la presentación de una solicitud de licencia urbanística mayor con proyecto técnico en un plazo de dos meses y la prohibición definitiva de los usos que estas obras pudieran permitir. No obstante, casi cuatro meses después, no solo no se habría cumplido ninguno de estos requerimientos, sino que los sindicatos denuncian que las viviendas continúan alquilándose por habitaciones a precios de entre 820 y 980 euros y dirigidos a un público internacional.
Según los cálculos de las entidades, los propietarios se están embolsando cerca de 3.000 euros mensuales por cada uno de los cuatro pisos reformados, una cifra que triplica el precio marcado por el tope legal para una vivienda de esta finca. En paralelo, una parte del vecindario del edificio se enfrenta a demandas de desalojo a pesar de haber pagado todas las cuotas de alquiler, ya que el fondo se niega a ofrecer nuevos contratos para poder continuar con el proceso de fragmentación de los domicilios.
Seis sanciones diferentes y «la punta del iceberg»
A raíz de una petición de los Comuns, el gobierno municipal explicó que desde el pasado mes de febrero han multado hasta en seis ocasiones a los propietarios del bloque de la calle de Sant Agustí. Así lo manifestó la primera teniente de alcaldía y regidora de Gràcia, Laia Bonet, quien señaló que las sanciones se han interpuesto tras varias inspecciones por las obras ilegales en el edificio y que seguirán haciéndolo «hasta que la propiedad cumpla con la legalidad». Bonet añadió que los servicios técnicos del distrito de Gràcia elaborarán un informe sobre la reserva del 30% de viviendas de protección oficial «para determinar si se aplica en este caso concreto».
Por su parte, la regidora de los Comuns Lucía Martín acusó al ejecutivo de «mirar hacia otro lado mientras los colivings se expanden por la ciudad» y de no actuar hasta que los vecinos afectados y el Síndic insistieron. Martín también lamentó que las multas «son insignificantes para este tipo de propietarios y que el caso del bloque Sant Agustí es solo la punta del iceberg».
