Can Ricart podría finalmente no acoger el nuevo Campus de las Artes de la Universitat de Barcelona (UB). Después de casi una década detenido, el Ayuntamiento y la institución académica están buscando alternativas al proyecto acordado hasta ahora para poder reactivar este antiguo recinto fabril del Poblenou, que data de mediados del siglo XIX. Según ha adelantado El Periódico, el consistorio se da de margen durante este 2025 para definir el futuro de estas instalaciones y, en concreto, del deteriorado edificio central, el espacio donde estaba previsto que se instalara el grueso del equipamiento pactado con la UB.
El principal obstáculo que ha evitado que desde 2015 se pueda seguir adelante con el proyecto ha sido el elevado coste de rehabilitación del recinto. En su momento, las administraciones estimaron que poder reformar y adecuar las instalaciones del Poblenou tendría un coste de más de 16,1 millones de euros, una cifra que hoy en día podría ser aún más elevada, teniendo en cuenta que durante esta última década no se ha realizado ningún tipo de actuación y el espacio ha continuado degradándose lentamente. Este estado letárgico del edificio central contrasta con el de su entorno, donde se están construyendo viviendas y una residencia de estudiantes, además de reurbanizar las calles próximas.
Una combinación que necesitaba un plan de actuación
Es importante recordar que el arquitecto, urbanista y exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Mòdol, ya explicó esta semana en una entrevista al TOT Barcelona que estaba trabajando en un proyecto de 25 viviendas de lujo en cuatro de los edificios del antiguo recinto fabril. Preguntado sobre el estado del proyecto del Campus de las Artes, respondía esto: «Creo que el Ayuntamiento debe reflexionar, no solo con Can Ricart, sino con toda la política de protección del patrimonio, y también en la manera en que se gestionan los planeamientos. Esta combinación de edificio catalogado patrimonial y de equipamiento no va acompañada después de un plan de actuación. En Can Ricart nos encontramos que quien no está haciendo los deberes es el Ayuntamiento. El proceso comenzó hace casi 20 años y lo que está protegido se está degradando a un ritmo muy alto, que, incluso, cuestiona el valor patrimonial que se le atribuía».
