La Casa Orsola y el bloque Sant Agustí. Como si se trataran de dos edificios gemelos, la situación de estas fincas está siguiendo un mismo camino administrativo y político que podría desembocar en el mismo desenlace que el inmueble del Eixample, comprado por el Ayuntamiento de Barcelona de la mano de la fundación Hàbitat3. Después de que este martes por la mañana se haya hecho público que la Sindicatura de Greuges de Barcelona mediará con la propiedad del bloque del número 14 de la calle Sant Agustí de Gràcia -el fondo New Amsterdam Developers (NAD)- para evitar el primer desalojo, a primera hora de esta tarde se ha pronunciado el ejecutivo de Jaume Collboni para exigir que se detenga el lanzamiento para que los titulares se avengan a negociar.
Lo ha hecho a través del comisionado de Vivienda del consistorio, Joan Ramon Riera, que en una atención a los medios recogida por la ACN ve «inadmisible» que la propiedad siga adelante con el desalojo sin dar pie a la «vía del diálogo». Riera ha valorado positivamente la propuesta de mediación del Síndic, remarcando que «acciones especulativas» como la de la empresa titular del inmueble «no son bienvenidas» en la capital catalana. El comisionado ha explicado que la administración estableció durante el pasado octubre un canal de comunicación con NAD para «confrontar que las viviendas debían destinarse a uso residencial», sin éxito.
La situación actual es una incógnita. Por ahora, la propiedad se mantiene en silencio y no ha atendido las peticiones de mediación. En este sentido, Riera ha precisado que para repetir la fórmula de la Casa Orsola «es necesario que se manifieste la voluntad de vender y no es el caso». Sea como sea, Riera mantiene la esperanza «hasta el último minuto, el último segundo» de que llegue un movimiento de los titulares del bloque Sant Agustí. El comisionado ha aprovechado la intervención para pedir que se despliegue con la «máxima celeridad la actividad inspectora y de disciplina» del control de rentas, «porque también afecta el alquiler de temporada y de habitaciones», sancionando malas prácticas como las que se han vivido en este edificio de Gràcia.
El caso que ha vuelto a destapar la caja de los truenos
El lanzamiento que ha impulsado una campaña de movilizaciones por parte del Sindicat de Llogateres y otras entidades pro-vivienda desde este martes es el de Txema Escorsa. Este vecino del número 14 de la calle de Sant Agustí acudió a mediados de enero a la Ciutat de la Justícia para responder a una demanda de desalojo por parte de NAD, el fondo que compró su edificio en el año 2023 y fue dejando vencer uno a uno los contratos de los inquilinos para convertir las viviendas en colivings. Actualmente, solo quedan en el bloque cinco familias. El resto de los pisos se alquilan por habitaciones a precios de entre 820 y 980 euros y dirigidos a un público internacional. La propiedad continúa operando en este inmueble a pesar de estar investigada por realizar obras sin licencia ni proyecto técnico, actividad por la cual ha sido multada en al menos seis ocasiones por el Ayuntamiento. En paralelo, el entramado empresarial también ha sido sorprendido por un juzgado intentando esquivar las restricciones que se aplican a los grandes tenedores registrando el edificio de la calle de Sant Agustí con un solo número en el Registro de la Propiedad, como si fuera una única vivienda y no todo el bloque.
Por otro lado, cabe recordar que seis fincas unieron fuerzas de la mano del Sindicat de Llogateres el pasado junio para denunciar las prácticas especulativas de un fondo que quiere convertir una catorcena de inmuebles de la ciudad en esta tipología residencial. Hablamos de Vandor, una inmobiliaria propiedad del gigante inversor británico Patron Capital que desde su fundación en 2019 ha adquirido solo en la ciudad 193 pisos que tenían contratos de alquiler vigentes. De forma progresiva, estas viviendas han sido renovadas para ponerlas en el mercado a unos 2,000 o 2,500 euros mensuales, en el caso de los apartamentos completos, y a unos 900 euros al mes si miramos por habitación
