El Ayuntamiento reubicará a vecinos de las tres fincas municipales ocupadas en el barrio de Vallcarca en la Casa Orsola, el edificio del Eixample que el consistorio y la Fundación Hábitat 3 compraron en febrero de 2025 por 9,3 millones de euros. Los inmuebles que serán desalojados y derribados están afectados por el plan urbanístico del barrio de Vallcarca. La noticia fue adelantada este martes por el síndico de agravios de Barcelona, David Bondia, quien ha liderado la mediación.
En este caso, Bondia recibió el encargo explícito del alcalde Jaume Collboni para liderar la mediación. El síndico y su equipo han estado trabajando en esta cuestión alrededor de medio año. Las fincas afectadas están en la calle de Farigola, 3, y la avenida de Vallcarca, 83 y 87 bis.
También en Torre Baró y el barrio Gótico
De los 30 residentes de los inmuebles (uno de los cuales es una nave industrial), 28 tienen derecho a ser reubicados porque se encuentran en situación de vulnerabilidad, ha explicado Bondia. No obstante, del total solo catorce han aceptado trasladarse a la Casa Orsola, en la calle de Consell de Cent, 122, y a edificios de Torre Baró y en el barrio Gótico.
El alojamiento en la Casa Orsola, una finca que se convirtió en un símbolo contra la lucha contra la especulación ha sido posible por la oferta de la Fundación Hábitat 3, que gestiona el inmueble, destinado a alquiler social.
Bondia ha destacado que se ha intentado reubicar a estos vecinos en Vallcarca, pero no ha sido posible, ya que los edificios de vivienda pública se están construyendo y aún tardarán años en ser una realidad.
Presencia de menores
Entre las catorce personas que han aceptado ser reubicadas hay seis menores. Se trata de una pareja con cuatro niños, una pareja con un menor y los abuelos, y una pareja con otro niño. Algunas de las familias que optaron por arreglárselas por su cuenta también tienen hijos menores de edad.
Críticas a la actuación del síndico
La asociación vecinal Som Barri de Vallcarca, que agrupa parte de los afectados por el planeamiento urbanístico de la zona, ha lamentado que el síndico haya dado por cerrado el proceso de mediación con los vecinos de las fincas sin haber abierto una mesa paralela para abordar la modificación del plan urbanístico del barrio. La abogada de la entidad, Ester Murillo, ha calificado la mediación de «lavado de cara» institucional y ha denunciado que gran parte de los 14 reubicados han accedido «bajo el juego del miedo y las amenazas», ha recogido la ACN. También ha afirmado que las alternativas propuestas no se ajustan a sus realidades familiares y que los obligan a marcharse del barrio y empezar de cero en otro lugar.
