El Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Jaume Collboni, se ha mostrado muy satisfecho con la decisión del Tribunal Supremo que ha ratificado la reserva del 30% para vivienda protegida en las nuevas promociones en Barcelona, la cual fue ideada por la exalcaldesa Ada Colau. La resolución del alto tribunal rechaza un recurso interpuesto por la promotora Josel SLU -del grupo Núñez i Navarro– contra una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el cual no aceptaba la petición de dejar fuera de la reserva las promociones en suelo consolidado. La justicia, por tanto, vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Barcelona y establece que tiene potestad para establecer reservas de techo protegido en la ciudad.
La sentencia del Supremo ha sido muy bien recibida por el gobierno municipal de Jaume Collboni. El consistorio, según apunta la Agencia Catalana de Noticias (ACN), remarca que la resolución establece que esta herramienta «es más necesaria que nunca en un contexto de emergencia habitacional» y apunta que «la sentencia confirma la seguridad jurídica para aumentar el parque asequible y exigir la corresponsabilidad de los promotores para garantizar el derecho a la vivienda». Estos argumentos contrastan con el posicionamiento del mismo gobierno de Collboni, que había puesto en duda su eficacia y había planteado reformas para flexibilizarla, argumentando que tal como estaba redactada podía frenar la construcción de nuevos pisos. Estas reformas, sin embargo, no se llevaron a cabo porque no lograron cerrar un acuerdo con Junts.
Los motivos de Collboni para revisar la normativa
Los motivos por los cuales el alcalde de la ciudad tenía la intención de revisar la reserva del 30% es que considera que ha frenado la construcción de vivienda en Barcelona y, por lo tanto, la medida no es efectiva. Junts estaba de acuerdo en actualizar la norma, pero puso sobre la mesa otras condiciones en materia de vivienda, como una rebaja del IBI de un 4% en las ordenanzas fiscales de 2026, las cuales finalmente el alcalde aprobó con Barcelona en Comú y Esquerra Republicana.
