La Generalitat de Cataluña y el Consorcio de Vivienda de Barcelona han firmado tres acuerdos para rehabilitar casi dos mil pisos -1.933 viviendas concretamente- de la capital catalana. Unos acuerdos a los cuales se ha llegado, también, con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno central español. Para poder rehabilitar esta cantidad de viviendas se invertirán 51,6 millones de euros. De esta inversión, el Gobierno del Estado aportará una tercera parte, es decir, casi 18 millones de euros.
El primero de los tres acuerdos al que han llegado las tres instituciones permite rehabilitar hasta 1.288 pisos que se enmarcan en el Plan de Barrios. El segundo recoge la restauración de más de un centenar de viviendas públicas que están repartidos en diferentes puntos de la ciudad. Y, por último, el tercer acuerdo no contempla la rehabilitación como tal, sino que aporta el dinero necesario a los propietarios de 515 pisos particulares para que restauren su vivienda.
Ahora bien, los particulares que entran dentro de este acuerdo no son de todos los barrios de la ciudad, sino que tienen que formar parte de una de las siguientes zonas de la capital catalana: Canyelles, Can Peguera, Trinidad Vela, El Congreso y Los Indianos, La Pau y Besòs y Maresme. De estos acuerdos también ha resultado la creación de una oficina de rehabilitación promovida por el gobierno de la Generalitat y el consorcio barcelonés. Será a través de esta oficina donde se publicará, tramitará y resolverá las demandas de ayudas para rehabilitar los pisos.
Pisos turísticos
Todavía con la polémica del bloque de pisos de la calle de Tarragona en el jefe, hace un par de semanas unos vecinos del barrio del Pueblo-seco salieron a la calle para denunciar que hay cinco pisos afectados de la plaza de Santa Madrona, 2 que tienen licencia turística, hecho que afecta cuatro familias. Según el Sindicato de vivienda del Pueblo-seco, la propiedad, una familia con más de 300 pisos en diferentes municipios del área metropolitana, ya los había advertido, a finales de marzo, que tendrían que marchar este abril.
