«Me gustaría quedarme en Sants, es mi barrio«. Con estas palabras se despedía Josefa Viu de las personas que la acompañaron cuando fue desahuciada el pasado 2 de junio, cortando durante más de una hora la calle de Sants. Esta mujer de 80 años se veía forzada a abandonar la que había sido su casa durante la última década después de que la propiedad se negara a renovarle el contrato, alegando primero que lo querían vender y luego que necesitaban el domicilio para un familiar. El caso de Pepi -como se la conoce en el barrio de la capital catalana- tuvo un amplio eco mediático, sobre todo porque la octogenaria, después de más de 45 años cotizados, no encontraba nada en el mercado de alquiler por 800 euros, el precio que le permite pagar su pensión.
Tras entregar las llaves, la mujer fue reubicada temporalmente a través del servicio de alojamientos de urgencia del Ayuntamiento de Barcelona en un hostal del número 55 de la calle de Balmes, a casi cuatro kilómetros del piso anterior. Allí estuvo cerca de un mes y medio hasta este viernes, cuando pudo instalarse en su nuevo domicilio, también en Sants y bajo un contrato de alquiler de cinco años prorrogable cinco años más. Pero vamos por partes. ¿Cómo consiguió finalmente una vivienda en el mismo barrio? Esta intrahistoria con final feliz comienza la misma semana en que Pepi fue desahuciada. El Grup d’Habitatge de Sants -la entidad que la ha acompañado en todo este proceso- recibió dos mensajes de propietarios de un piso que cumplía con lo que buscaba la octogenaria: un alquiler de como máximo 800 euros y que tuviera dos habitaciones, si era posible, ascensor -tiene problemas de movilidad- y un plato de ducha.
Una de las opciones no terminó de cuajar por el precio, que era más elevado de lo que puede pagar la mujer, pero la otra sí que encajaba con los requisitos. La propietaria vivía en el extranjero y se había enterado del caso de Pepi a través de la prensa. Aunque tenía otros candidatos para la vivienda, accedió a entrevistarse con ella para ver si encajaba. Los integrantes del Grup d’Habitatge de Sants optaron por mantener las negociaciones en secreto hasta el momento del encuentro para no crearle falsas expectativas a la octogenaria y evitar que se divulgara el proceso. La reunión fue todo un éxito y tras unos días de reflexión, la arrendadora les comunicó que Pepi era la elegida y formalizaron el contrato. «Cuando me lo dijeron no me lo creía y aún ahora me cuesta asimilarlo. Tenía esperanzas de que después de todo el lío alguien con un poco de corazón me alquilara un piso, pero me sorprendió su empatía, nunca había encontrado una propietaria así», reconoce la nueva inquilina en declaraciones a TOT Barcelona.
Anonimato y mensaje dirigido a los propietarios
El viernes, algunos miembros de la entidad prohabitatge aún estaban ayudando a la mujer con los últimos preparativos antes de pasar la primera noche en el domicilio, que está muy cerca del antiguo. Tras la llegada de los electrodomésticos que faltaban, la octogenaria ahora solo espera que desde el consistorio le permitan acceder al trastero municipal donde guardó parte de sus pertenencias durante el tiempo que estuvo reubicada en el hostal. El nuevo piso tiene balconcito, un baño y dos habitaciones. La finca tiene ascensor y el precio total es de 650 euros. «Estoy muy contenta, puedo ir a comprar al mismo supermercado y a la plaza. Todos se han alegrado mucho. Ya me siento como en casa», asegura Pepi, que se muestra profundamente agradecida de haber podido conocer al Grup d’Habitatge de Sants, a los que estuvo buscando presencialmente y sin internet durante un mes, y del apoyo que ha recibido desde que se pusieron en contacto solo tres semanas antes del lanzamiento. «Hay desahucios que tienen más tiempo, pero mi caso era contra reloj», insiste.
En cuanto a la identidad de la propietaria, desde la entidad indican que prefiere mantenerse en el anonimato, pero sí revelan que es una persona que está «muy en contra de especular con la vivienda» y que no quiere salir a la esfera pública porque considera que no está haciendo nada extraordinario con este gesto, sino que, ofreciéndole un contrato a la mujer, se están ayudando mutuamente. «Encontrarse con un arrendatario así no suele pasar y con Pepi ha pasado», apuntan. «A los propietarios que puedan estar en la misma situación, les diría que fueran más humanos. Mira que he vivido la posguerra y he trabajado después muchos años, pero verme así a mi edad… Lo que he pasado estos dos años no se lo deseo a nadie», añade la octogenaria, que podrá celebrar su 81º aniversario este agosto ya instalada en el nuevo piso.
Una solución municipal que no llegaba hasta principios de 2026
Hay que recordar que lo que le habían ofrecido desde los servicios sociales municipales era inscribirla en el sorteo público de los pisos asequibles de la Illa Acer, en el barrio de la Marina del Prat Vermell. La previsión es que la adjudicación de los domicilios de esta promoción -la segunda de vivienda protegida más grande de la ciudad- tenga lugar durante el cuarto trimestre de este año, de manera que la entrega de llaves no se hubiera hecho efectiva hasta principios de 2026. Esto implica que la octogenaria, en caso de haber sido una de las beneficiarias, no habría podido acceder a su nuevo piso al menos hasta dentro de seis meses, teniendo que hacer uso con toda probabilidad del alojamiento de urgencia hasta entonces.
Este caso, pues, es bastante paradigmático de la realidad que viven muchos usuarios de este servicio de vivienda de emergencia. Según los últimos datos del Grupo de Trabajo de Servicios Sociales del Consejo Municipal de Bienestar Social, un 74% de las personas que utilizan este recurso tienen estancias en los alojamientos superiores a los seis meses, un tope que el Ayuntamiento planteaba marcar para limitar la temporalidad y evitar la eternización de algunas situaciones. De hecho, el tiempo de estancia más frecuente es de entre un y dos años (27,3%) y de entre dos y tres años (15,2%) y en un análisis de abril de 2024 se constató que de media había mensualmente hasta 48 personas que esperaban para poder acceder al servicio. Por este motivo, la Sindicatura de Greuges de Barcelona volvió a poner sobre la mesa hace un mes la necesidad de abordar una reforma “profunda e inaplazable” del modelo que dota de alternativas temporales de vivienda a personas vulnerables.
