Sí a un cambio de modelo, pero no al límite de seis meses que plantea el Ayuntamiento. Esta sería una de las conclusiones principales que dibuja el último informe elaborado por la Sindicatura de Greuges de Barcelona sobre el sistema de alojamientos de urgencia. En la presentación del informe anual del organismo celebrada el pasado mes de marzo, el síndic David Bondia ya puso sobre la mesa la necesidad de sacar adelante una moratoria en la aplicación de los nuevos criterios de gestión para limitar la temporalidad del uso que hacen las personas que acceden a este recurso. Desde el consistorio se proponía este medio año para poner fin a algunas situaciones en las que las estancias en estos espacios se alargaban hasta los dos años. El organismo, sin embargo, considera que este límite no soluciona el problema y ha presentado una serie de recomendaciones para llevar a cabo una reforma «profunda e inaplazable» del modelo que dota de alternativas temporales de vivienda a personas vulnerables.
Una de las propuestas estrella es la reconversión de una parte de los cerca de 10.000 pisos turísticos que tiene la capital catalana en alojamientos de urgencia con la mirada puesta en noviembre de 2028, cuando el ejecutivo de Jaume Collboni prevé haber erradicado esta tipología de viviendas. «Planteamos que estos pisos destinados a usos no residenciales se pongan en el mercado para que puedan satisfacer las necesidades básicas de personas vulnerables que no tienen cubierto este derecho residencial», ha anunciado Bondia en la rueda de prensa de esta mañana en la que se ha presentado el informe Alojamientos Temporales de Urgencia: Mejoras inaplazables y retos transformadores. En esta comparecencia, el Síndic también ha puesto sobre la mesa una alternativa para sustituir el actual modelo de gestión de estos alojamientos temporales, que se basa en la licitación de concursos públicos en los cuales se acaba otorgando el servicio a compañías privadas. Bondia propone crear un fondo metropolitano para sustituir esta gestión privada.
«Es evidente que el problema de la vivienda no es de la ciudad, sino que es de dimensión general y metropolitana. En Barcelona tenemos la suerte de contar con muchos actores que están interviniendo en este ámbito, por eso, proponemos integrar los recursos de entidades en forma de equipamientos, trabajadores sociales y voluntarios bajo un mismo ámbito organizativo», ha explicado Pep Villarreal, uno de los coordinadores del informe, que considera que esto permitiría una gestión más eficiente tanto de los recursos personales y materiales como de los económicos.
Quejas por el estado de los alojamientos y colapso de la mesa de emergencia
Por otro lado, la Sindicatura asegura que han recibido numerosas quejas tanto por parte de los usuarios como de los mismos trabajadores por el estado en el cual se encuentran actualmente muchos de estos alojamientos y por la calidad del servicio, que implica numerosas veces la separación de núcleos familiares y que tiene una capacidad limitada. Por eso, propone un enfoque que vaya más allá de la urgencia y que tenga en cuenta también factores económicos. Es importante recordar que uno de los recursos que podrían dar salida a estas personas sería la mesa de emergencia, que -según alertaban el año pasado entidades como la PAH- tiene una lista de espera que supera las 500 familias.
