La noche del 30 de enero de 2025 se vivió una movilización en Barcelona que, a pesar del poco tiempo transcurrido desde entonces, podemos calificar de histórica con todas las letras. Cerca de un millar de personas se concentraron en las puertas de la Casa Orsola, una finca ubicada en la intersección entre las calles de Calàbria y el Consell de Cent que se convirtió en un verdadero símbolo de la revuelta de inquilinos contra la especulación. El objetivo era evitar el desalojo de Josep Torrent, el primero de los vecinos del edificio que enfrentaba una fecha de lanzamiento. La convocatoria del Sindicato de Inquilinos reunió a representantes de buena parte del movimiento pro-vivienda de la ciudad y logró -aunque no en los términos que se hubiese querido- el objetivo de paralizar el proceso. Con la intermediación de la Sindicatura de Greuges, la situación se resolvió entonces con la compra del inmueble por parte del Ayuntamiento de Barcelona de la mano de la fundación Hàbitat3. Una operación que costó 9,2 millones de euros, un 30% por debajo del precio de mercado, pero lejos de los seis millones que podría haber pagado el consistorio en 2021 para hacerse con el bloque de pisos.
Con el precedente de la Casa Orsola aún en la memoria, el movimiento pro-vivienda barcelonés se está movilizando esta semana una vez más para evitar el primer desalojo en el bloque Sant Agustí de Gràcia. El objetivo es repetir una concentración como la de hace casi un año y medio para detener el lanzamiento de Txema Escorsa, el primero de los vecinos del número 14 de la calle de Sant Agustí que enfrenta una demanda por desalojo. Escorsa y Torrent comparten curiosamente profesión -ambos son profesores de instituto- y también se han convertido un poco sin quererlo en las caras visibles de la lucha contra las prácticas especulativas de los propietarios de sus pisos. En el caso del inmueble de Gràcia, el titular es el fondo inversor New Amsterdam Developers (NAD), que compró el edificio en 2023 y desde entonces ha ido dejando vencer uno a uno los contratos de los inquilinos para convertir las viviendas en colivings. Actualmente, solo quedan en el bloque cinco familias. El resto de los pisos se alquilan por habitaciones a precios de entre 820 y 980 euros y dirigidos a un público internacional.
Para colmo, la propiedad continúa operando en este inmueble a pesar de estar investigada por realizar obras sin licencia ni proyecto técnico, actividad por la cual ha sido multada al menos en seis ocasiones por el Ayuntamiento. En paralelo, el entramado empresarial también ha sido descubierto por un juzgado tratando de esquivar las restricciones que se aplican a los grandes tenedores registrando el edificio de la calle de Sant Agustí con un solo número en el Registro de la Propiedad, como si fuera una única vivienda y no todo el bloque. El fondo también es propietario desde el verano de 2024 de la Casa Fajol, una finca modernista de la calle de Llança construida en 1912 y protegida como patrimonio. El inmueble rebautizado popularmente como bloque Papallona también está en pie de guerra contra el fondo -que la adquirió por cinco millones de euros sin que el consistorio hiciera uso del derecho de tanteo y retracto– fragmentar los pisos en habitaciones y alquilarlas por separado a precios mucho más altos. Solo un año y medio después de la compra, solo resisten seis familias en el edificio, que tiene catorce viviendas y dos locales. Hasta cinco inquilinos han abandonado en este tiempo el inmueble.
Movilización y acampada en las puertas del bloque Sant Agustí
Bajo este contexto, el primer desalojo del bloque Sant Agustí actuará para bien o para mal como un aviso a navegantes. Tanto si se logra detener el lanzamiento previsto para las nueve y media de la mañana de este miércoles como si no, los fondos inversores y el movimiento pro-vivienda deberán tomar nota y redirigir su estrategia de actuación en caso necesario. Ahora bien, el Sindicato de Inquilinos -con el apoyo de otras entidades como el Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña o el Grupo de Vivienda de Sants- no dará fácilmente su brazo a torcer y prevé una movilización similar a la lograda con la Casa Orsola para frenar los intereses de la propiedad y abrir una mesa de negociación con los inquilinos afectados para conseguir la renovación de sus contratos. Desde las siete de la tarde de este martes hay convocada una marcha reivindicativa desde la plaza de la Vila hasta las puertas del número 14 de la calle de Sant Agustí, donde durante la noche habrá conciertos y se prevé que algunas decenas de personas acampen durante toda la noche a la espera de la comitiva judicial y los efectivos de los Mossos d’Esquadra.
En paralelo, la Sindicatura de Greuges intentará mediar con la propiedad para paralizar el proceso, tal como también ha exigido el Ayuntamiento, que confía en que NAD se avenga a negociar una salida similar a la adoptada con la Casa Orsola. Desde el Sindicato insisten en que el desenlace del caso del edificio del Eixample no es reproducible universalmente y que la solución pasa por tener una administración fuerte que comience a hacer cumplir la ley. Remarcan que lo más importante es detener el desalojo y que se pueda abrir una mesa de negociación donde los vecinos afectados tengan voz.
