Ciutat Meridiana asistía hace una semana a una movilización que hacía tiempo que no se veía en el barrio. Más de un centenar de personas acudieron al llamado del Sindicato de Inquilinas, el Sindicato de Vivienda de Nou Barris y la asociación 500×20 para detener dos desalojos programados el mismo día en la avenida de Rasos de Peguera, solo separados por unos números de distancia. La fuerte respuesta ciudadana un miércoles laborable evitó que los desalojos pudieran seguir adelante, a pesar del despliegue policial presente en la zona. Al frente de la multitud, Juanjo Hernández, un vecino de 56 años que lleva 25 viviendo en un piso de esta vía. Lo compró en el 2000, pero en un momento dado no pudo pagar la hipoteca y llegó a un acuerdo para quedarse con un alquiler social. Después de que el domicilio pasara por las manos de varios fondos de inversión, terminó en manos de Cerberus que se negó a renovarle el contrato en 2020.
La primera fecha de desalojo se pudo suspender hace unos meses porque se acreditó la vulnerabilidad del hombre, pero un ligero aumento de salario lo dejó fuera de este reconocimiento social para este segundo intento de desalojo. La respuesta ciudadana fue clave, entonces, para posponer el proceso hasta el próximo 28 de mayo. La movilización de hace una semana no es la primera ni la más numerosa que logra el Sindicato de Inquilinas. Tampoco la más mediática de los últimos tiempos, un reconocimiento que se lleva indudablemente la Casa Orsola. Sin embargo, la coincidencia de estos dos casos en el tiempo sí generó una imagen de unidad poco habitual en un barrio donde los desalojos están a la orden del día y la única respuesta que encuentran a menudo los fondos buitre es la resistencia estoica de los miembros de la Asociación de Vecinos de Ciutat Meridiana. No todo fueron buenas noticias aquel día en el distrito de Nou Barris. El mismo miércoles se ejecutaron dos desalojos de familias con menores en el barrio vecino de Roquetes.
Errores administrativos que cuestan desalojos
Una de las personas que acudió a la concentración en la avenida de Rasos de Peguera fue Raquel Martínez. Esta vecina de 42 años del barrio de Verdum lleva aproximadamente cinco militando en el Sindicato de Vivienda de Nou Barris. Llegó después de dos desalojos y una carrera hacia adelante iniciada en 2006, cuando tuvo que huir de su domicilio por un episodio continuado de violencia machista. «Tenía 23 años y dos hijos menores… Me separé con una orden de protección y estuve un tiempo en casa de mis padres. Si terminé ocupando fue porque me veía en la calle», relata en una conversación con el TOT Barcelona. A la primera ocupación -un piso de la Agencia de Vivienda de Cataluña que llevaba años vacío en su barrio- le siguió una segunda después de unos años pagando un alquiler asequible en la zona. El domicilio en cuestión era propiedad de Anticipa, inmobiliaria del fondo de inversión Blackstone. A pesar de su condición de vulnerabilidad acreditada, además de una incapacidad permanente absoluta derivada de las secuelas por la violencia sufrida, durante todo este tiempo nadie le informó que tenía derecho a una vivienda de emergencia social.
Los intentos por acogerse al programa Reallotgem de la Agencia de la Vivienda de Cataluña resultaron infructuosos, por lo que Martínez optó por llevar el caso a la audiencia pública del distrito celebrada el pasado julio. La medida parece que tuvo efecto y pocos días después el Consorcio de la Vivienda de Barcelona le comunicó que tenía asignada una vivienda de emergencia social. La mujer llamó más de diez veces al servicio municipal para cerciorarse de que la adjudicación era real, recibiendo respuesta afirmativa en todas las ocasiones. Sin embargo, después de unos meses sin noticias, le comunicaron que todo había sido fruto de un error informático y que no tenía ninguna asignada. Unas semanas más tarde llegaba la primera fecha de desalojo, que se pudo detener en los despachos. Aún con el miedo en el cuerpo, la administración volvió a contactar con la vecina el pasado mes de diciembre para confirmar que, esta vez sí, se le había adjudicado otro domicilio de la Agencia de Vivienda de Cataluña. Cuando visitó el piso de la mano del arquitecto del servicio catalán, este se quedó de piedra: la vivienda estaba en ruinas y era “inhabitable”, en palabras del técnico.
Este cúmulo de errores administrativos ha abocado a la mujer a un nuevo intento de desalojo, que estaba previsto para el viernes, pero que finalmente se ha podido suspender temporalmente. «Estoy cansada de explicar en despachos mi historia, no sirve para nada. Me han dejado hasta el último momento en manos de un fondo buitre. Que se haya suspendido no es ninguna garantía, el proceso está abierto y lo pueden volver a intentar», asegura Martínez, que este martes ha denunciado su caso en una rueda de prensa celebrada a las puertas de la sede del distrito de Nou Barris. La vecina ha decidido hacerlo públicamente para exponer lo que considera una situación flagrante de “maltrato institucional” que no le está permitiendo rehacer su vida dignamente después de la violencia doméstica vivida. «¿Cómo pueden decir que es un error? Vivir un intento de desalojo es muy duro, no sabes qué pasará con tus cosas, cómo explicarlo a tus hijos… Yo esta vez he optado por no decirles nada porque todo son promesas y promesas. Son muchos años luchando por mi integridad física y mental y ya basta», afirma.
Una lucha que salva la orografía
Al lado de Martínez, este martes estaba Iblin Robles, con quien se fundió en un sentido abrazo al terminar la comparecencia. Esta mujer de 60 años vive desde 2013 en un piso de alquiler ubicado en el número 41 de la calle de Vinyar, en el barrio vecino de la Prosperitat. La empresa que gestionaba su vivienda desapareció con la pandemia y el domicilio terminó también en manos del fondo Cerberus. Los nuevos responsables se negaron a renovarle el contrato, que venció en 2021. «Me asignaron en su momento un alquiler social, pero la administración no me avisó a tiempo y perdí esa oportunidad», lamenta la mujer, que tiene la fecha de desalojo programada para el próximo 15 de mayo. La propiedad le ha ofrecido 6.000 euros por dejar el piso, una propuesta que no puede aceptar porque ella está de baja temporal y su hijo tiene diagnosticados diversos problemas psiquiátricos con conductas suicidas. Los servicios municipales están estudiando otorgarle el certificado de vulnerabilidad, un reconocimiento que le permitiría acogerse a una moratoria.
Su desalojo no es el único programado en la Prosperitat para los próximos días. Muy cerca de Robles vive Carlos Gómez, a quien este lunes le comunicaron que en diez días tendrá lugar su desalojo. Este joven barcelonés de 31 años lleva cuatro años viviendo de alquiler en este barrio y había podido pagar la renta puntualmente hasta que se quedó en el paro. «No pude pagar unos meses y me denunciaron», explica. Tras un primer intento por desalojarlo en septiembre, en poco más de una semana vivirá un segundo. A pesar de numerosos intentos, la propiedad no ha respondido a ninguna de las peticiones para negociar un posible alquiler social o renovación del contrato, ya que desde hace unos meses vuelve a trabajar y sí podría pagar. «Soy de Barcelona de toda la vida y hace años que vivo en el barrio… Tendremos que resistir», apunta.
Su caso es solo uno de la decena de desalojos que tiene controlados durante el mes de mayo el Sindicato de Vivienda de Nou Barris. No están ni de lejos todos. La cantidad de procesos en marcha en este distrito -el que tiene una renta más baja de la ciudad y donde hay más desalojos por semana- y la difícil orografía y encaje de los trece barrios que lo conforman hace que la entidad tenga dificultades para llegar a todas partes. Por eso, imágenes de unidad como la del doble desalojo de la semana pasada o la presencia en la rueda de prensa de este martes de vecinos y activistas de otros puntos del distrito -Prosperitat, la Guineueta…- y de la ciudad es tan importante. «El 58% de los alquileres de Nou Barris fueron temporales el año pasado. Esto no solo expulsa a los vecinos de toda la vida, sino que también pretende acabar con la idea de comunidad. La gente viene aquí porque los sacan de otras zonas, pero, después de Nou Barris, ya no hay nada. Te tienes que ir fuera de Barcelona», reflexionan desde el sindicato.
