La vida no ha sido fácil durante los últimos dos años en el número 84 de la calle de Tarragona, conocido como Bloc Tarragona. Vecinos como Enric Núñez, que llegó a este edificio del barrio de la Esquerra de l’Eixample en el año 2000, cuando el alquiler no llegaba a los 400 euros, han tenido que convivir este tiempo con hasta 35 pisos turísticos en la comunidad. Él tiene uno justo arriba, en el piso de arriba, y otro al lado, puerta con puerta en el mismo rellano. Las incidencias son continuas: ruidos, fiestas u otros incidentes, como que los turistas que se alojan en estos pisos lleguen borrachos de madrugada, llamen a otros timbres o vomiten en espacios comunes del edificio, como las escaleras o el patio interior. «Un ruido, un portazo, gritos… insoportable», asegura en declaraciones a la ACN. A pesar de las molestias continuas y que en estas casi tres décadas ha visto cómo se triplicaba su alquiler, irse no parece una opción. «Cuando se me acabe el contrato tendré 86 años. Si no me lo renuevan, ¿dónde iré?», lamentaba hace un año en un reportaje en TOT Barcelona.
En paralelo a este particular martirio, la pugna judicial continúa entre el Ayuntamiento de Barcelona y la propiedad del bloque, la inmobiliaria Gallardo, que quiere convertir sus 120 viviendas en pisos turísticos. De hecho, según los últimos datos revelados este sábado por la ACN, actualmente constan 10 sentencias favorables al consistorio y 7 contrarias y tanto el consistorio como la propiedad han recurrido contra las sentencias que no les son favorables. En medio de este pulso encontramos el Sindicato de Vivienda de la Esquerra de l’Eixample, que apoya a los vecinos afectados y pide la renovación de todos los contratos de alquiler que hay ahora en el bloque, exigiendo la revocación de las licencias turísticas.
Víctimas de una brecha judicial
Hay que recordar que el calvario de estos vecinos de la Esquerra de l’Eixample comenzó en abril de 2023, cuando se enteraron de que, gracias a una brecha judicial, un juez había dado permiso a la inmobiliaria Gallardo para abrir los 120 pisos turísticos. En concreto, se aprovecharon de la anulación por parte del TSJC por un defecto de forma en 2019 del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) impulsado por el gobierno de Colau y que limitaba este tipo de usos. Más tarde, el Ayuntamiento logró suspender 78 licencias y, por tanto, quedaron 42 para usos turísticos. En febrero de 2024 había 33 pisos turísticos activos, alquilados por unos 3.000 euros la semana, tres en obras y seis más en un estado que entonces desconocían. Esta cifra ha aumentado hasta las 35 viviendas de uso turístico (HUT) en poco más de un año.
Estos pisos con licencia son los que no han podido ser revocados porque el consistorio, en las diversas inspecciones realizadas, no pudo demostrar que, entre el momento de la vigencia del comunicado de HUT y los tres meses posteriores, no se había iniciado la actividad turística. En los otros casos sí que se produjo la declaración de ineficacia de los comunicados y se pudieron iniciar los expedientes de revocación porque la vivienda no se destinó a alquiler turístico durante este plazo de tres meses que marca la Ley de facilitación de la actividad económica.
