El PSC y BComú han pactado una reforma urbanística para poner fin al «fraude» que supone el alquiler de temporada y de habitaciones en la ciudad, dos modalidades de contrato que en los últimos meses han proliferado como vía para esquivar el tope de precios. La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente la modificación de dos artículos del Plan General Metropolitano (PGM) como primer paso para poder regular y restringir los contratos de alquiler temporales, una herramienta que está pensada para la población flotante —aquella que pasa una temporada corta en la ciudad—, pero que ahora también se aplica a vecinos y residentes permanentes.
“El objetivo de esta modificación es distinguir y priorizar el uso habitual y permanente de la vivienda sobre el uso temporal y habilitar al Ayuntamiento para regular o condicionar su implantación”, explica el consistorio en un comunicado. A partir de esta primera modificación genérica, el Ayuntamiento podrá hacer intervenciones quirúrgicas en distritos, barrios e incluso edificios concretos para “prohibir, limitar o restringir” el alquiler de temporada a través de planeamientos urbanísticos y ordenanzas municipales. El gobierno municipal quiere tener lista la aprobación del MPGM «antes del verano».
Comienza la batalla contra el alquiler de temporada
El acuerdo lo han presentado de manera conjunta la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, y la presidenta de BComú en el Ayuntamiento, Janet Sanz. “No nos podemos permitir que pisos que podrían ser viviendas permanentes se alquilen de manera temporal. Por eso, nuestro caballo de batalla es el fraude con los alquileres de temporada”, ha dicho Bonet. “Con esta modificación comenzamos a caminar para resolver el problema y que las viviendas de alquiler de temporada vuelvan sí o sí al alquiler residencial”. Queda por concretar cómo será el plan especial que regule su uso, aunque la base será el Peuat, el plan que regula cuántos alojamientos turísticos puede haber en cada zona de Barcelona en función del número de licencias que ya hay. Con todo, Bonet apuesta por recoger “datos” sobre la implantación del alquiler de temporada en la ciudad antes de decidir cómo se actúa en el mercado.
Por su parte, los comunes propondrán una moratoria para prohibir el alquiler de temporada en toda la ciudad mientras no haya una regulación específica, que en este caso debería venir del Congreso de los Diputados. El gobierno municipal llevará la iniciativa a la Comisión de Urbanismo del próximo martes, en la cual espera obtener el apoyo de BComú y ERC para que la tramitación continúe adelante. Los republicanos han reaccionado con cautela al anuncio y han recordado que hace tiempo que reclaman la regulación del alquiler de temporada en el Ayuntamiento, el Parlamento y el Congreso. “Cualquier iniciativa debe dar cumplimiento a los decretos presentados en el Parlamento”, explican fuentes del partido, que han evitado adelantar el sentido del voto de ERC en la comisión. “La solución al problema de los alquileres de temporada supera con creces el ámbito municipal”.
Junts apuesta por regular el alquiler de temporada en el Parlamento
El presidente del grupo municipal de Junts, Jordi Martí Galbis, ha asegurado que su formación comparte el objetivo de regular el alquiler de temporada, pero considera que es el Parlamento quien debe hacerlo. “Desde Junts consideramos que la regulación de los alquileres de temporada es necesaria, y se ha convertido en una urgencia a consecuencia de los errores que incluye la Ley estatal de la vivienda sobre limitaciones al alquiler, que precisamente impulsaron socialistas y comunes”, ha dicho Martí en rueda de prensa. Antes del verano, Junts propuso al gobierno de Jaume que elaborara un registro de pisos de alquiler temporal y se rechazó a la espera de que el gobierno español aprobara una regulación propia, lo cual no ha sucedido y la “situación se ha agravado”.
